El informe de HRW no solamente da cuenta de hechos de exceso de la fuerza por parte de Carabineros. Human Rights Watch recogió 13 testimonios de violaciones a los derechos humanos muchos de los cuales ya habían sido recogidos por Amnistía Internacional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Uno de esos casos es el de Claudio Muñoz, joven de 18 años que le contó al organismo internacional que dos personas vestidas de civil lo detuvieron y lo golpearon el 20 de octubre. Posteriormente, lo entregaron a Carabineros, donde también lo golpearon y lo trasladaron a una comisaría cercana. Allí dentro, más de 10 agentes siguieron agrediéndolo con patadas, puñetazos y golpes con bastón policial. La subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, admitió que estas vulneraciones a los derechos de las personas, incluyen «denuncias de abusos, malos tratos y violencia sexual». El senador Guido Girardi (PPD), en tanto, pidió al Gobierno hacerse parte de las querellas contra quienes resulten responsables.
«Marlene Morales Canales, de 33 años, se aproximó a una multitud cerca de su vivienda en Santiago el 19 de octubre, acompañada de su hija de 14 años, contó a Human Rights Watch (HRW). Vio carabineros a unos 20 metros de distancia, escuchó disparos y sintió el impacto de un perdigón en el ojo derecho». Ese es uno de los relatos que recabó HRW en Chile, plasmados en el informe de 18 páginas que confirmó que la policía uniformada durante el estallido social cometió «graves violaciones a los DDHH».
«Perdí la visión inmediatamente. Había mucha sangre», afirmó Morales, según lo relatado al organismo. «Tras los disparos, los carabineros también empezaron a disparar cartuchos de gases lacrimógenos. Los médicos le dijeron que no hay posibilidades de que recupere la vista en el ojo derecho».
El documento de HRW viene a confirmar lo que ya había sido adelantado por Amnistía Internacional la semana pasada, que reveló una serie de violaciones a los derechos humanos en el mes de protestas y exigen que los altos mandos involucrados en estos hechos sean juzgados, acusaciones que fueron negadas por La Moneda, las Fuerzas Armadas y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
Pero el informe no solamente da cuenta de hechos de exceso de la fuerza por parte de Carabineros. Human Rights Watch recogió 13 testimonios de violaciones a los derechos humanos, que incluyen, además, abusos sexuales y torturas, muchos de los cuales ya habían sido recogios por Amnistía Internacional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Uno de esos casos es el de Claudio Muñoz, joven de 18 años que le contó al organismo internacional que dos personas vestidas de civil lo detuvieron y lo golpearon mientras se alejaba corriendo tras arrojar una piedra contra un camión de carabineros en Santiago el 20 de octubre. Lo entregaron a carabineros, que también lo golpearon y lo trasladaron a una comisaría cercana. Allí dentro, más de 10 agentes le dieron puntapiés y puñetazos y lo golpearon con un bastón policial.
Más tarde los carabineros lo llevaron a otra comisaría más grande, y allí volvieron a golpearlo en dos ocasiones. Los agentes hicieron que él y otros tres detenidos, incluido un niño de 14 años, se desnudaran e hicieran sentadillas, dijo Muñoz.
El informe de HRW detalla que Muñoz «fue llevado a una celda de 3×3 metros con otros 14 hombres. La madre de Muñoz, que pudo verlo fugazmente en la comisaría, dijo que notó que tenía cortes, la boca y la oreja ensangrentadas y contusiones en la cabeza. Aproximadamente a medianoche, un guardia roció a Muñoz y a los demás hombres en la celda con una manguera de agua fría a través de los barrales, contó. Cerca de las 2 a.m., los carabineros metieron a otros 15 hombres en la celda donde estaba. El hacinamiento era tal que tenían que permanecer de pie, apoyados unos sobre otros, afirmó Muñoz. Los carabineros lo liberaron 18 horas después de su detención, sin llevarlo en ningún momento ante un juez».
Otro caso es el de Josue Maureira, joven de 21 años que ingresó a un supermercado que había sido saqueado en Santiago el 21 de octubre después del toque de queda, pues creyó haber escuchado a una mujer que pedía ayuda, contó. Los carabineros lo encontraron y lo golpearon en el lugar, luego en sus vehículos y más tarde en la comisaría, indicó. “Me hacían gritar muy fuerte, ‘soy maricón’”, contó Maureira, que llevaba las uñas pintadas y pantalones ajustados, según el informe de HRW.
El organismo detalló que «un grupo de cinco carabineros lo violaron con un bastón policial y luego lo llevaron a una celda, contó Maureira. A la mañana siguiente, los carabineros lo obligaron a firmar una confesión que habían preparado de antemano, en la cual admitía haber participado en el saqueo, afirmó. Maureira dijo que nunca le informaron cuáles eran sus derechos y que pidió ver un abogado pero no le asignaron uno ni se le permitió contactar a un abogado por sus propios medios».
«En la audiencia, el defensor público denunció que Maureira había sufrido malos tratos y el fiscal fijó una fecha posterior para entrevistarlo sobre esta denuncia. El juez dispuso que permaneciera en prisión preventiva. Maureira contó al médico en la cárcel que había sido torturado, pero este únicamente le proporcionó analgésicos, aseveró. Maureira fue liberado el 25 de octubre luego de que el INDH apelara la orden de detención. Se sometió a una revisión médica ese día que, según señaló su abogado, documentó que presentaba lesiones anales y de otro tipo», dice el informe.
En un punto de prensa desde el Palacio de la Moneda, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, valoró el informe de HRW y aseguró -en un cambio de tono respecto a los testimonios recogidos por Amnistía Internacional- que «este informe nos entrega una serie de antecedentes que sin duda nos preocupan y que, por supuesto, recibimos con dolor, pues da cuenta de graves vulneraciones a los derechos de las personas, incluyendo denuncias de abusos, malos tratos y violencia sexual».
La subsecretaria aseguró que «frente a estos antecedentes nuestro Gobierno ha comprometido todos sus esfuerzos para que sean investigados de forma transparente por el Ministerio Público y por los tribunales de Justicia».
Sin embargo, Recabarren destacó que el organismo desestimó «la existencia de una política sistemática con la intención de dañar a los manifestantes, quiero ser muy clara en esto, nuestra política ha sido siempre el resguardo de los derechos fundamentales».
La autoridad también señaló que «han instruido más de 600 sumarios administrativos, cuyos antecedentes han sido enviados a Fiscalía, que ya ha iniciado más de 2.000 investigaciones penales, porque -como lo hemos dicho- no habrá impunidad».
Por otra parte, valoró el llamado que hizo HRW a reformar Carabineros y recordó que ello forma parte del proyecto de modernización de la institución, que incluye mayores exigencias controles de DDHH, mayor transparencia en el trato y nuevos medios para denunciar abusos policiales.
El senador Guido Girardi (PPD), pidió al Gobierno hacerse parte de las querellas contra quienes resulten responsables de las “graves violaciones a los Derechos Humanos” como concluye el informe de Human Rights Watch, realizado por la entidad durante las últimas semanas en el marco de las manifestaciones que se desarrollan en Chile.
El parlamentario afirmó que se debe pedir la renuncia al director general de Carabineros, Mario Rozas, o “la responsabilidad de mando recaerá sobre (el Ministerio) Interior o el propio Presidente de la República”.
Asimismo señaló que si el Gobierno no da señales claras, “muchos de nosotros (parlamentarios de oposición) no podemos apoyar que los militares resguarden las ‘infraestructuras críticas’, porque no está claro si va a respetar o no los derechos humanos”.
El senador Girardi, a nombre del Comité PPD, afirmó que “este informe evoca las peores pesadillas que vivimos en dictadura, pero es mucho más grave que existan en democracia porque el respeto a los derechos humanos es uno de elementos fundamental en un sistema democrático”.
Agregó que “los informes de Human Rights Watch no tienen sesgo, son acuciosos, imparciales y cuentan con una legitimidad transversal ya que el propio Presidente Piñera y su Gobierno los han esgrimido para criticar la violación de los derechos humanos en Venezuela, situación que nosotros compartimos absolutamente”.
El senador afirmó que “el Gobierno debe establecer con meridiana claridad que rechaza la acciones de Carabineros donde se han transgredido los derechos fundamentales como uso indebido de la fuerza, empleo de armas potencialmente letales, violaciones, abusos sexuales y situaciones que no se puede tolerarse sin caer en la complicidad”.
“Por ello, señaló, debe pedirle la renuncia al general director de Carabineros, Mario Rozas, o sino no habrá una línea divisoria de cómo el Gobierno asume los derechos humanos respecto a los excesos policiales y la responsabilidad del mando recaerá en (el Ministerio del) Interior o en el Propio Presidente de la República”.
