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Crédito: Agencia Uno
Tras firmar oficialmente el proyecto de ley que permitirá a las Fuerzas Armadas proteger las llamadas infraestructuras críticas del país, el que fue enviado con discusión inmediata al Congreso, desde la oposición criticaron la medida en general y en un punto en particular, el que exime de toda responsabilidad a las FF.AA. a los que defiendan estos lugares «como legítima defensa propia o de tercero, cumplimiento de un deber o el cumplimiento de una orden o consigna». De acuerdo al senador DC, Francisco Huenchumilla esto ya se puede hacer con la Constitución actual, por lo que Piñera sólo «está eludiendo su responsabilidad». El mismo Mandatario defendió esta medida a través de su cuenta de Twitter, diciendo que ha tenido éxito en otros países, como Estados Unidos, Alemania o Canadá.
Este domingo, el Presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto de ley que permitirá a las Fuerzas Armadas resguardar las llamadas «infraestructuras críticas» del país. Dicho proyecto se oficializó este martes, donde además de firmar oficialmente la ley para ser despachada al Congreso, con discusión inmediata, el Mandatario respondió algunas dudas que ha generado esta medida.
Entre las dudas que despejó, dijo que la presencia de las FF.AA. no prohibirá las reuniones que si prohibía el Estado de Emergencia. Pero no despejó todas. En concreto, el proyecto busca modificar la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas (N°18.948), estableciendo su rol en la protección de la infraestructura crítica del país cuando sea indispensable para la seguridad de la nación.
Pero también aborda «la exención de responsabilidad penal aplicable al personal militar que defiende infraestructura crítica, como legítima defensa propia o de tercero, cumplimiento de un deber o el cumplimiento de una orden o consigna».
De acuerdo al texto, para su correcta aplicación el proyecto especifica que se eximirá de responsabilidades al personal militar que «cumpla estrictamente con las reglas de uso de la fuerza que determine el Presidente de la República por decreto supremo».
Esta parte en concreto generó críticas en la oposición, quienes llamaron a aclarar estas afirmaciones, ya que dicen que Piñera se está autoatribuyendo la potestad de fijar en qué casos los militares podrán estar exentos de procesamiento penal.
Pero, de acuerdo al diario El Mercurio, quienes conocen el proyecto, dicen que se establece un requisito muy estricto para el uso de la fuerza, y que las eximentes -contempladas en los códigos Penal y de Justicia Militar- tendrán lugar solo si este uso se respeta con celo.
Una de las críticas más duras que provino de la oposición fue la del senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, quien criticó el accionar del ejecutivo, y consideró que el presidente “está eludiendo su responsabilidad, porque hoy día tiene todas las facultades en la Constitución para resguardar la infraestructura crítica. Tiene el estado de emergencia, y si la cosa es más grave, tiene el estado de sitio”.
Al mismo tiempo, Huenchumilla estimó que el presidente recurre a “cuestiones tácticas”: “Lo que quiere hacer aquí es corresponsabilizar al Congreso, respecto de una responsabilidad que le corresponde a él como jefe de estado” consideró.
“Este proyecto que manda el presidente de la República es inconstitucional, porque modifica la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas (…) en orden a resguardar la seguridad nacional, pero excluido el orden interno, porque eso le corresponde a Carabineros e Investigaciones”, aclaró.
A través de su cuenta de Twitter, el Mandatario defendió este proyecto, diciendo que se ha implementado eficazmente en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos, Alemania, Canadá y Francia.
También reafirmó que la instancia tendrá como objetivo la «protección de infraestructura crítica permite, sin restringir libertades o derechos de ciudadanos, resguardar hospitales, sistemas de telecomunicaciones, líneas de transmisión, estaciones eléctricas, plantas de agua potable, entre otros».
Enfatizó que únicamente se podrá aplicar la ley «cuando esté en riesgo la seguridad de la nación», sin restringir derechos como la reunión o libre circulación de los ciudadanos.
