PAÍS
Las y los jóvenes que dieron el impulso a las movilizaciones que llevan más de 40 días en nuestro país han salido nuevamente a las calles y a las estaciones de Metro. Reclaman que las propuestas del Gobierno no han dado respuesta a las demandas sociales y que políticas como las leyes Antibarricadas y Antiencapuchados solo buscan criminalizar el movimiento. Afirman que, pese a que los plebiscitos del proceso constituyente no solucionarán todos los problemas, no se entiende que los secundarios tengan responsabilidad penal, pero se les prohíba votar y participar de forma vinculante.
Hace una semana estudiantes secundarios y secundarias retomaron las movilizaciones en las estaciones de Metro. Los y las protagonistas del llamado a la evasión masiva que dio el puntapié inicial al movimiento que ha tenido movilizado durante 40 días al país, y que logró abrir el camino a una nueva Constitución, una vez más han salido a la calle. Sus dirigentes y participantes aseguran que se han visto marginados de las discusiones, y no solo del proceso constituyente acordado por los partidos políticos, sino también al interior de las propias organizaciones sociales.
Una marginación que ha sido parte de la historia del movimiento secundario reciente, iniciado con el Mochilazo del 2001 y seguido por la Revolución Pingüina del 2006, el Movimiento Estudiantil del 2011 y el rol de las secundarias en el movimiento feminista, pioneras en poner en discusión la resistencia a hacer mixtos los liceos emblemáticos y denunciando el machismo en los colegios de hombres.
En el segundo mandato de Sebastián Piñera, el movimiento secundario fue el centro de la política impulsada por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y su dupla política, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Durante los más de dos años de Gobierno, la política educacional más icónica de la ministra fue “Aula Segura”, iniciativa que terminó con decenas de dirigentes y dirigentas de la educación secundaria expulsados de sus liceos y, en varios casos, luego reintegrados por la justicia, lo que trajo consigo intensas protestas, además de la intervención de escuelas públicas de Santiago y una alta presencia policial en los denominados liceos emblemáticos.
Cabe recordar que la misma semana en que se iniciaron las evasiones, el expresidente de Metro les dijo a los secundarios “cabros, esto no prendió”, la Cámara de Diputados había aprobado el control preventivo de identidad para menores de edad y el alcalde Alessandri había dispuesto de efectivos de Carabineros para revisar credenciales y mochilas de los estudiantes del Instituto Nacional, en medio de un momento de alta crisis interna y violencia en el establecimiento. Políticas que, según los estudiantes, constituyeron un caldo de cultivo que dio vida al descontento que impulsó el movimiento del último mes, y que hoy se repite con la receta que ha impulsado la ministra Cubillos.
Rodrigo Pérez, presidente del Instituto Nacional, destaca que ha habido “muy poco profesionalismo detrás de las propuestas de la ministra Cubillos y el alcalde Alessandri, son más que nada una especie de capricho. El alcalde Alessandri, con la revisión de mochilas, y el Mineduc con una política que estaba ausente y terminó siendo más un segundo Ministerio del Interior que de educación”. El dirigente secundario asegura que las autoridades tomaron a los estudiantes como un experimento, “creo que todos nos hemos sentido instrumentalizados”.
Es por esta razón que las declaraciones del alcalde Alessandri, a un mes del estallido social, llamaron la atención: “A muchas autoridades de Gobierno les ha faltado calle. Y eso lo tenemos que reconocer”, dijo a La Tercera el jefe comunal que cerró el año en los colegios públicos de la comuna, sin consultar al concejo municipal, tras el fin del estado de excepción.
Por otra parte, la ministra Cubillos, que había estado relegada de la primera línea del Gobierno, esta semana volvió a la palestra con el anuncio de un proyecto que sanciona el adoctrinamiento político en colegios y jardines infantiles, una idea que ha sido altamente criticada por la oposición y los dirigentes estudiantiles, quienes acusan un retorno de la persecusión política en su contra.
Ayilen Salgado, estudiante del Liceo Darío Salas y vocera de la ACES, señala que siempre ha habido “una política de represión dirigida contra los secundarios y Aula Segura institucionaliza violencia en contra de los estudiantes, la ministra Cubillos hace esta ley para desarticular al movimiento estudiantil”. Eso, de acuerdo a la estudiante, no se tradujo en miedo, sino que en la pérdida de este.
Salgado recuerda que la reacción “al principio fue súper espontánea y fuimos cuestionados, pero era algo que le afectaba al bolsillo de nuestras familias, siempre nos hemos movilizado, por las pensiones de nuestros abuelos, por la salud, pero ahora todo radica en la dignidad que fue robada por el mundo político, por los Gobiernos de la derecha y los anteriores”.
Asegura que en 41 días de movilización “no se ha llegado a nada” y que al movimiento social, especialmente a los y las estudiantes, “nunca nos han querido escuchar, nos marginan y nos ven como seres que no piensan y que no inciden”.
En el mundo político y social reconocen el rol que han tenido secundarios y secundarias, principalmente en la pérdida del miedo y el dar el puntapié inicial a la movilización. Muchos recalcan que ellos abrieron el paso para el despertar del país, pero, al mismo tiempo, no se les ha dado un espacio dentro de la institucionalidad acordada para participar, de forma vinculante, por ejemplo, en el proceso Constitucional.
En la discusión por la segunda parte del Acuerdo Constitucional, que sigue trabado entre los partidos políticos, la propuesta de que menores desde los 14 o 16 años puedan votar en los plebiscitos, es una de las iniciativas más resistidas al interior de los partidos, “ni siquiera se ha tocado mucho”, precisa uno de los presidentes de partido que ha sido parte de las negociaciones. “Esto refleja que los jóvenes siguen siendo el vagón de cola”, agrega.
Martina Salgado es parte del Centro de Estudiantes del Colegio Monte de Asís de Puente Alto y, a sus 16 años, cuenta que le “ha tocado escuchar en reiteradas ocasiones comentarios como: ‘Ustedes son chicos, no saben lo que piensan’”. Pero estudia en un colegio “que, en conjunto con los estudiantes, busca dar información y entregar las herramientas para tener una opinión propia. Además en las asambleas a las que he ido, me ha tocado ver gente tan joven como yo, lo que me hace sentir que a las y los estudiantes secundarios les importa lo que sucede en la contingencia nacional”.
Asegura que la propuesta de participar en los cabildos municipales no es suficiente y que cree que los estudiantes secundarios deberían poder votar en los plebiscitos. “Gracias a nosotros es que se inició esta revolución, y muchos de nosotros y nosotras somos personas de la clase social media y baja, y vivimos la realidad de estos 30 años desde el golpe. Sabemos del tema, les afecta a nuestros padres, abuelos, la educación que recibimos, entre otras cosas”.
Por su parte, Ayilen Salgado destaca que como estudiantes secundarios han estado “en asambleas territoriales, nosotros estamos hablando de qué país queremos”, pero siguen siendo marginados de las grandes discusiones que se están desarrollando, y agrega que como ACES resolvieron salirse de la Mesa de Unidad Social, hecho marcado por el próximo encuentro que tendrán con el ministro Gonzalo Blumel y por conflictos internos.
Respecto a la participación en los plebiscitos, Ayilen hace hincapié en que solo con el voto en el plebiscito no se arreglarán los problemas, pero que, aun así, “es ridículo que seamos imputables y no nos den participación”.
Para Víctor Orellana, especialista en educación e investigador de Nodo XXI, “asegurar la participación de la juventud es la madre de las batallas, les debemos mucho a los secundarios y no solo de ahora, desde hace una década que han sido la vanguardia, los más creativos del movimiento social”.
El especialista recuerda que ha existido una “subrepresentación de los estudiantes secundarios en los espacios unitarios de las organizaciones sociales, y es algo que me preocupa, eso es algo que no se lo vamos a atribuir al Gobierno, sino a las propias organizaciones sociales, y que se debe cambiar”.
Respecto al proceso constituyente, responde que este “no es solo la asamblea que se va a elegir, en cada escuela los estudiantes tendrán que tener participación más vinculante, porque es cierto que más democracia trae más responsabilidad, pero nunca se les ha dado democracia a los secundarios”.
La diputada y presidenta de Convergencia Social destaca que «apostamos a una participación activa desde los 16 años hacia arriba, incluso desde los 14 años». «Se debe ampliar la participación en el proceso constituyente a los menores de edad, ellos han sido parte activa de estas demandas sociales, hemos visto cómo han sido los jóvenes los que durante años han levantado demandas sumamente justas (…). Creemos que quienes quieran influir no se les debe excluir».
Según las estudiantes secundarias, el Gobierno ha impulsado políticas que no resuelven el problema de fondo y que son un caldo de cultivo para seguir movilizándose. Ayilen Salgado destaca que “por algo la gente se sigue movilizando, llevamos 41 días de movilización porque se entiende que no se ha ganado absolutamente nada”.
Señala que “el presidente lo único que dijo fue convocar a este Acuerdo por la Paz, el proyecto de las FFAA para resguardar instalaciones, las leyes Antiencapuchados y Antibarricadas, una respuesta que trae más violencia y criminalización. La ministra Cubillos y Alessandri, antes del estallido social, se enfocaban en pos de desarticular el movimiento estudiantil, nos tenían a carabineros metidos en los liceos todos los días y ya ven lo que lograron”.
Martina Salgado asegura que “el Gobierno hace oídos sordos respecto al tema de la contingencia nacional. Ponen ‘medidas parche’ para intentar calmar al pueblo, pero las personas están cansadas de esto y por lo mismo siguen luchando por las cosas que quieren. Creo que para que esto comience a obtener una respuesta, o se pueda llegar a un acuerdo que le guste al pueblo, se necesita que alguien presente un papel sobre la mesa que presente lo que específicamente se quiere”.
Cristián Leporati, especialista en comunicación política, destaca que “la gran falencia” de autoridades como Alessandri y Cubillos, “básicamente pasa por una falencia de todo el gabinete, dice relación con la falta de inteligencia emocional, donde la empatía debía ser la gran estrategia comunicacional. Vivimos una época compleja, en donde la clase política debe entender la emocionalidad ajena, una política más humanista”, falta de empatía que se intensificaría con los estudiantes secundarios.
Sostiene que “no hay que olvidar que vivimos en la era de las redes sociales, las que no olvidan, y sus usuarios son la gente más joven, a quienes han atacado la ministra de Educación y el alcalde Alessandri”.
