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Via Twitter @presidencia_cl
La denominada “Agenda Antiabuso y por un Trato Digno y Justo”, presentada este lunes en cadena nacional por el Presidente, contempla combatir con mayor severidad las colusiones y abusos en los mercados, los delitos tributarios y el uso de información privilegiada, a la vez que una mejor protección de los derechos de los consumidores. Sin embargo, el mensaje presidencial solo mencionó los grandes lineamientos de los anuncios, sin dar el detalle de los mismos. Además, peca de varias omisiones, como el no haber incluido la acción penal pública en delitos tributarios, de colusión y delitos electorales, una medida solicitada tanto por el Ministerio Público como por diversas organizaciones, por ejemplo, Espacio Público, Chile Transparente y Fundación Observatorio del Gasto Fiscal. La Moneda apuró el tranco con esta agenda, con la que intenta marcar una “hoja de ruta”, optando por marcar el punto antes de que la atención se centre en las acusaciones constitucionales contra Piñera y el exministro Chadwick, u otros hechos complejos para el Presidente, como la celebración del Día Internacional de los DD.HH. o su visita a Argentina.
En una semana compleja para el Gobierno, debido a las votaciones de las acusaciones constitucionales contra el exministro del Interior Andrés Chadwick en el Senado y contra el propio Presidente Sebastián Piñera en la Cámara de Diputados, La Moneda decidió enfocarse en otro flanco y desplegar su agenda antiabusos, para dar respuesta a parte de las demandas ciudadanas que emergieron con fuerza en este estallido social iniciado el 18 de octubre.
Sin embargo, la denominada “Agenda Antiabuso y por un Trato Digno y Justo”, presentada este lunes en cadena nacional por el Presidente desde el despacho de su esposa Cecilia Morel en La Moneda, solo mencionó los grandes lineamientos de los anuncios, sin dar el detalle de los mismos, que deberían ser “bajados” en los próximos días por los ministros sectoriales.
Pero sobre todo hubo omisiones claves, como que no se haya incluido la acción penal pública en delitos tributarios, de colusión y delitos electorales, cual solicitaban tanto el Ministerio Público como diversas organizaciones, por ejemplo, Espacio Público, Chile Transparente y Fundación Observatorio del Gasto Fiscal, para superar una de las graves falencias del actual sistema que deja solo en manos del Servicio de Impuestos Internos (SII) o la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la posibilidad de querellarse y abrir las causas.
Otros puntos que se echaron de menos es que no hubo anuncios para poner mano dura a los delitos en materia de financiamiento de la política. Tampoco hubo novedades respecto al fin de los fueros que traban las investigaciones -como ocurre en el caso de los parlamentarios- o anuncios concretos en materia de responsabilidad penal de las empresas.
Aunque durante la jornada todo indicaba que no habría anuncio, La Moneda finalmente decidió apurar el tranco, optando por marcar el punto antes de que la atención se centre en las acusaciones constitucionales, u otros hechos que podrían desviar el foco, como la celebración de Día Internacional de los Derechos Humanos o la visita a Argentina del Mandatario para la asunción del Presidente Alberto Fernández, ambos este martes.
Así las cosas, la agenda presentada con premura por el Jefe de Estado contempla dos pilares básicos: por un lado, combatir con mayor severidad las colusiones y abusos en los mercados, los delitos tributarios y el uso de información privilegiada, con cinco medidas para incrementar las sanciones a los denominados “delitos de cuello y corbata”; y el segundo pilar de este plan piñerista considera una mejor protección de los derechos de los consumidores, con seis medidas específicas.
Piñera aprovechó la instancia para anunciar además que en los próximos días dará a conocer una “Agenda para proteger mejor los derechos de los trabajadores”, que incluye la modernización de la Dirección del Trabajo, la incorporación de tecnología digital para facilitar la relación entre los trabajadores, los empleadores y la Dirección del Trabajo y la promoción de la mediación voluntaria entre trabajadores y empleadores por parte de la DT, para facilitar acuerdos y soluciones de conflictos, entre otros.
Junto a lo anterior, el Presidente hizo un repaso de lo avanzado hasta ahora durante el período del estallido social, y dijo que se trabajará en una “hoja de ruta” en ámbitos como fortalecer el respeto a los Derechos Humanos “de todas las personas en todo tiempo, lugar y circunstancia” y revisar las normas que rigen el uso de la fuerza por parte de nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad; avanzar hacia un Nuevo Sistema de Pensiones; impulsar la Reforma a la Salud, facilitar a los deudores morosos del CAE regularizar su situación, condonando las multas e intereses penales para que accedan a los beneficios del nuevo sistema de Crédito, con Interés Subsidiado del 2% y pago máximo del 10% del Ingreso.
“Sé que estas últimas 7 semanas han causado mucho dolor, angustia y destrucción y que millones de familias chilenas han enfrentado grandes dificultades y lo han pasado muy mal. Pero sé también que todos tenemos la esperanza y voluntad para que luego de estos difíciles días, emerja un país mejor, más justo y con paz social”, dijo el Mandatario en su alocución.
En el ámbito de la agenda antiabusos correspondiente al combate a las colusiones y abusos en los mercados, se plantea fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, y aumentar las sanciones penales con penas de cárcel efectivas, para los delitos de colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, como medicamentos o alimentos. En este punto cabe recordar que, en 2016, la entonces Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que establece penas de cárcel para la colusión.
Asimismo, se propone elevar las sanciones penales y las multas para los delitos tributarios, el uso de información privilegiada y la divulgación de información falsa, para evitar abusos y asegurar igualdad de información y oportunidades en los mercados financieros.
También establece que las empresas que vendan productos al Estado informen la identidad de sus dueños personas naturales, para permitir mayor transparencia, detectar y combatir abusos, conflictos de interés y concentraciones excesivas en la provisión de bienes y servicios al Estado.
De igual manera considera la creación de la figura del denunciante anónimo, para que cualquier ciudadano, en forma anónima o con identidad protegida, pueda denunciar actos de colusión o delitos en el sector público o privado.
El cuanto a la segunda parte de esta agenda, que contempla una “mejor protección de los derechos de los consumidores”, se trata de seis medidas, como terminar con la letra chica en los contratos de adhesión, a través de una Plataforma Digital en Sernac, establecer un Sistema de Consulta en Línea para que todos los ciudadanos puedan conocer los seguros que mantienen vigentes y cancelar los seguros desconocidos o no deseados. Adicionalmente, se ampliará la obligación de licitar los seguros que se vendan asociados a otros productos, para reducir su costo para los usuarios.
Asimismo, la agenda contempla establecer en forma simple y transparente los términos y condiciones del comercio electrónico y prohibir el cobro de comisiones que no correspondan a prestaciones efectivas, junto con transparentar la venta de textos escolares.
Igualmente, considera eliminar trámites notariales innecesarios, establecer las operaciones y trámites que deberán ser prestados digitalmente y reducir los cobros de los Conservadores de Bienes Raíces, así como establecer la Portabilidad Financiera, un proyecto que en todo caso está en tramitación en la Cámara de Diputados.
