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Si bien ayer La Moneda aplaudía haber salvado al Presidente Sebastián Piñera de la acusación constitucional en su contra, el informe de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que encabeza Michelle Bachelet, representa todo un balde de agua fría para el oficialismo. En el Gobierno había especial inquietud con el reporte, al punto que el propio Presidente se comunicó directamente en varias oportunidades con Bachelet. Sin embargo, el documento viene a ratificar lo ya señalado en los reportes de Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), y pone en tela de juicio la gestión de Piñera en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales, y su imagen en el extranjero. Ahora, al igual que con los dos reportes de organismos internacionales, la respuesta del Ejecutivo nuevamente apunta a relativizar los datos, señalando que el informe de la ONU afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso [ACTUALIZADA]
Este viernes el Gobierno de Sebastián Piñera recibió otro duro golpe en materia de derechos humanos, luego que la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, encabezada por la expresidenta Michelle Bachelet, hizo entrega de las conclusiones del informe sobre «la situación de los Derechos Humanos en Chile relacionadas con las protestas y el estado de emergencia» que tuvo lugar desde el 18 de octubre.
“De la información recopilada por la ACNUDH, hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”, sostiene el documento, añadiendo que “la ACNUDH ha podido observar que ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.
Asimismo, en un “tirón de orejas” a la administración Piñera, el informe de los observadores pone el foco en los numerosos casos de lesiones oculares, señalando que estas “continuaron reproduciéndose, pese a la existencia, desde la etapa inicial de las protestas, de información relacionada con el impacto causado por armas menos letales”. En tal sentido, añade que “las medidas adoptadas por parte de las autoridades no fueron eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”.
El equipo pudo verificar información cuatro casos relacionados con privación arbitraria de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes estatales y documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños y niñas adolescentes, «perpetrados por miembros de Carabineros y militares».
Asimismo, señaló que “durante las protestas masivas y el estado de emergencia, los Carabineros y las Fuerzas Armadas incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de asambleas y uso de la fuerza”.
Si bien ayer La Moneda aplaudía haber salvado al Presidente Sebastián Piñera de la acusación constitucional en su contra ayer en la Cámara de Diputados, donde le imputaban responsabilidad en materia de derechos humanos, la felicidad le duró poco al oficialismo, porque el informe de la oficina de Michelle Bachelet representa todo un balde de agua fría para el Gobierno.
La Moneda siguió con especial atención los preparativos de este informe, al punto que el Presidente Piñera se comunicó directamente con Michelle Bachelet en las últimas semanas, como él mismo reveló en una entrevista con la cadena española SER. La inquietud era tal, considerando que el informe de la ONU nuevamente pone en jaque a la administración piñerista en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales, y su imagen en el extranjero, sobre todo luego que entidades internacionales como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) señalaron cada uno en sus respectivas observaciones que existieron violaciones a los derechos fundamentales por parte de Carabineros.
En Palacio aseguran que en esas conversaciones previas, Piñera le pidió expresamente a Michelle Bachelet que la ONU “no diera por hecho cualquier historia”. Esto, porque en el Ejecutivo consideran que tanto AI como HRW en sus respectivos informes se hicieron eco de denuncias no plenamente chequeadas, por ejemplo en cuanto al número de lesionados por balines.
Sin embargo, la ONU habló claro y desde el Gobierno confirmaron que tenían desde ayer el contenido del informe, y fue revisado exhaustivamente por los abogados del Ejecutivo ayer en la noche. Ahora al igual que con los dos anteriores reportes de organismos internacionales, la respuesta del Ejecutivo nuevamente apuntó a relativizar los datos. Por eso, en forma preliminar, en La Moneda sostienen que el informe oficial da por cierta la existencia de violaciones de derechos humanos «antes de que concluyan las investigaciones en curso», y por lo mismo instan a «validar las fuentes de información».
Cabe recordar que el lunes pasado, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, en el marco de su participación en la COP25, informó que el informe estaba «a punto de ser entregado» al Gobierno de Sebastián Piñera. También, en esa oportunidad, dio un duro mensaje a la administración piñerista, al plantear que “cuando los Gobiernos no pueden hacerse cargo, pasa lo que está pasando en Chile».
Bachelet envió una misión de verificación a Chile el pasado 24 de octubre, la que estuvo trabajando en territorio nacional trabajando hasta el 22 de noviembre. Durante ese período, la ex Presidenta sostuvo en una entrevista que los observadores «fueron capaces no solo de entrevistar a muchas víctimas, sino que también a policías y fuerzas militares, por lo que están haciendo un diagnóstico bastante amplio y nosotros daremos recomendaciones posteriormente».
En su informe, la Oficina que dirige Michelle Bachelet también aborda otros aspectos colaterales del estallido social, como lo es el proceso constituyente y recomienda que “en el proceso de elaboración de una nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres) durante el proceso y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional”.
