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Tras la caída de Andrés Chadwick, al aprobarse la acusación constitucional en su contra, en La Moneda no han dejado de preguntarse quién sería el siguiente. La oposición está preparando algunas interpelaciones para enero, pero, en el caso del ministro del Interior, sería distinto, pues no descartaron un libelo en su contra y explicaron que están “levantando antecedentes”. Saben que no es fácil apuntar al favorito de Larroulet en el gabinete y que, en todo caso, ahora no sería el mejor momento político para una acción así. En el Gobierno destacaron medidas que ha tomado Blumel, como la “investigación de responsabilidad disciplinaria de los funcionarios policiales a través de sumario administrativo por cada denuncia o querella presentada por el INDH y envío de antecedentes al Ministerio Público a solicitud del Fiscal o de oficio”. En Palacio igual reconocieron que hay nerviosismo y preocupación.
La aprobación de la acusación contra Andrés Chadwick remeció al oficialismo y al núcleo duro de La Moneda. Más allá de que para muchos fue una especie de «sacrificio» político necesario para proteger al Presidente Sebastián Piñera, al interior del gabinete se instaló el temor de “quién sería el siguiente” y las miradas de inmediato apuntaron en la derecha al actual ministro del Interior desde el 28 de octubre: Gonzalo Blumel. La preocupación –señalaron fuentes de Palacio– también ya estaría instalada en el equipo del Patio de los Canelos.
Desde la caída de Chadwick –la tarde del 11 de diciembre, cuando el Senado lo acusó constitucionalmente–, el ministro Blumel ha vivido su propio calvario, ya que desde la UDI lo han señalado como el principal responsable de dicho resultado. Abiertamente apuntaron a que el jefe de Interior estuvo ausente y no fue activo en las negociaciones para contener los votos de la oposición, que el equipo político de La Moneda dejó solo a Chadwick y que solo el ministro de la Segpres, Felipe Ward (UDI), se hizo presente durante los alegatos en el hemiciclo el martes 10, mientras que Blumel y la vocera Karla Rubilar se marginaron de ir al Congreso hasta la votación del miércoles. “La imagen de estar en el banquillo con Chadwick tenía más costos para la imagen de ellos que beneficios para Chadwick”, reconocieron desde Palacio.
Pese a que en la UDI han puesto paños fríos y dejaron por ahora en pausa su bombardeo contra Blumel, tras una larga conversación en La Moneda el viernes 13, desde el gremialismo destacaron que el titular de la cartera del Interior debe esforzarse por recuperar la confianza de la colectividad y eso implica –agregaron desde las bancadas de la colectividad– entregar más apoyo al “trabajo y la imagen” del ministro Ward en el Congreso, “tal como lo hizo Chadwick con él”. Esto, porque uno de los puntos más conflictivos para la UDI sería el protagonismo que ha tenido en las últimas semanas la dupla de Blumel con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones –ya les llaman el “dúo dinámico”–, lo que ha dejado en un papel bastante solitario al titular de la Segpres.
En paralelo a los conflictos internos de Chile Vamos, la principal tensión para La Moneda está en las acciones que pueda seguir la oposición, no por nada la diputada UDI María José Hoffmann ha sido enfática en pedir que se terminen las acusaciones constitucionales y se puedan enfocar en el Congreso en la tramitación de proyectos de ley. Hasta el momento, se están reuniendo la firmas para interpelar a los ministros de Economía, Hacienda y Trabajo sobre su papel en la crisis social de estas ocho semanas y la idea sería presentarlas antes de fines de enero.
Respecto a Blumel, la historia es otra. A pesar de que no existe un documento y equipo formal, en la Cámara de Diputados reconocieron que “se está recopilando información” para levantar una acusación constitucional en su contra, pero que “aún no es momento”. En la oposición tienen claro que ir detrás de Blumel no es sencillo, ya que se trata del brazo político del influyente jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet, y que, de acusarlo, desde Palacio sacarían “toda su artillería” para rescatar al jefe de Interior.
En el oficialismo se han esforzado por separar aguas entre el «legado» de Chadwick y la gestión del ministro Blumel. Destacaron su carácter dialogante, algo reconocido en la oposición, ya que “al menos Blumel responde los WhatsApps”. Fuentes de La Moneda hicieron hincapié en que desde que Blumel “asumió como jefe político del Gobierno, el ministro ha impulsado un trabajo coordinado con los ministros Rubilar, Ward, Briones y Sichel” y pusieron énfasis en que su sintonía con la vocera “fue clave para convencer al Presidente de no decretar nuevamente un estado de emergencia el 14 de noviembre pasado, lo que posibilitó que se pudiera alcanzar un acuerdo político para avanzar hacia una nueva Constitución”.
En el Gobierno también destacaron que el ministro del Interior “tiene muy buena relación con los subsecretarios Alvarado, Ubilla y Gali” y que con los “ministros Ward, Briones y Zaldívar se ha trabajado coordinadamente en gestión política para avanzar en la reforma a las pensiones, la ley de Presupuestos 2020 y la Agenda de Seguridad».
Pero los problemas del ministro no pasan ni por su impronta más dialogante ni por su estilo más cercano, sino que es el flanco de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas desde el 28 de octubre en adelante.
Así, pese a que desde el Gobierno se ha intentado imponer una impronta distinta a la administración de Blumel en Interior, en las organizaciones de defensa de DDHH aseguraron que nada ha cambiado. Es más, no dejó a nadie indiferente que la semana pasada el director del INDH, Sergio Micco, endureciera su tono y sus palabras para criticar a los inquilinos de La Moneda, después que dos personas –entre ellas una menor de 15 años– quedaran en riego vital tras un golpe en la cabeza –todo indica que por una lagrimógena–, mientras participaban en una manifestación el 10 de diciembre: “El instituto se basa en lo que ve y lo que ha visto anoche es terrible. Realmente, esto tiene que terminar”, sentenció Micco al día siguiente, tras visitar a las víctimas.
[cita tipo=»destaque»]En Palacio se tratan de poner el parche antes de la herida. Desde el Ministerio del Interior insistieron en que Blumel “ha tenido una proactiva gestión en materia de orden público, con apego a los DDHH. Se aumentó en 2.500 los efectivos policiales, inició la reformulación del sistema de inteligencia, creó una mesa transversal para reformar las policías y ha fortalecido la coordinación entre las fiscalías, Carabineros y la PDI. De hecho, ha tenido reuniones diarias con el alto de mando de Carabineros en el marco de las movilizaciones”. En esa línea, destacaron medidas como la “investigación de responsabilidad disciplinaria de los funcionarios policiales a través de sumario administrativo por cada denuncia o querella presentada por el INDH y envío de antecedentes al Ministerio Público a solicitud del Fiscal o de oficio”, la restricción de funciones operativas a uniformados que están bajo sumarios administrativos, instrucciones relativas al uso de la escopeta antidisturbios, la incorporación de instructores de DDHH y la invitación a delegaciones policiales extranjeras.[/cita]
La vocera de la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares, Marta Valdés, destacó que desde que el ministro Blumel asumió la cartera de Interior no se han observado cambios en el actuar de las fuerzas policiales y aseguró que hasta ahora tampoco se ha puesto en contacto con la coordinadora que ya agrupa a más de 60 personas. “Me gustaría decir que se cambió el ministro y cambió la situación, pero hemos constatado que se mantiene la misma forma de represión de Carabineros”. Recalcó que “ha seguido habiendo traumas oculares, las violaciones a los Derechos Humanos y Carabineros sigue operando en la impunidad, no se ha hecho nada distinto respecto al ministro Chadwick, es cosa de ir a la urgencia tras las movilizaciones (…), la pregunta es por qué no paran los excesos de Carabineros en la calle, se supone que él asume para que paren la situación”.
Según los reportes oficiales del INDH, hasta el 28 de octubre, día en que Blumel tomó el mando del Ministerio del Interior, se registraban 1.132 personas heridas en hospitales, 127 de ellas por “heridas oculares”, 38 por disparo de balas, 295 por disparo de perdigones, 238 por arma de fuego no identificada y 24 por balines. El INDH solo registra heridos por acción de agentes del Estado. Además, se registraba un total de 3.535 detenidos y un total de 120 acciones judiciales interpuestas por el organismo. Hasta el 8 de noviembre, diez días después de que el ministro Blumel asumió en Interior, el INDH registró un total de 1.915 personas heridas en hospitales, los traumatismos oculares ascendieron a 182, las heridas por perdigones a 579 y 40 personas figuraban heridas por balines. Los detenidos aumentaron a 5.565 y el INDH contabilizó 262 acciones judiciales, entre ellas, querellas, recursos de protección y amparos.
Fue la jornada de ese viernes 8 de noviembre cuando el estudiantes de Psicología, Gustavo Gatica (22), resultó herido en sus dos ojos, tras recibir el impacto de balines disparados por carabineros, en los alrededores de la ahora denominada Plaza de la Dignidad, mientras sacaba fotografías en la manifestación que convocó a más de 75 mil personas, según cifras de la Intendencia. A pesar de los intentos médicos, terminó perdiendo la visión de sus dos ojos.
Su caso se convirtió en un símbolo de las víctimas con daño ocular durante el estallido social y en uno de los que más le ha pesado al ministro del Interior, según señalaron cercanos a Blumel, sin embargo, Enrique Gatica –hermano de Gustavo– dijo el 9 de diciembre en CNN Chile que “no hemos recibido ningún llamado de Carabineros que nos dé algunas explicación. Ni del Gobierno ni de Carabineros“.
Dos días después del ataque a Gustavo Gatica, el ministro Blumel descartó la eliminación del uso de balines antidisturbios. En una entrevista a Canal 13 recalcó que “los cambios pueden terminar en una situación peor. Yo recuerdo un caso del año 2011, se discutió mucho esta misma situación por el tema de las lacrimógenas, que se prohibieron por un tiempo y finalmente derivó en más violencia”. Horas más tarde, The New York Times lanzó un reportaje en el que calificaba de “mutilación” los casos de víctimas con lesiones oculares en las protestas en Chile.
Para el 16 de noviembre, la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador contabilizó 217 casos con este tipo de lesiones. A pesar de que desde el inicio del estallido habían surgido denuncias por el posible contenido de plomo y otras sustancias metálicas en los balines utilizados por Carabineros, no fue sino hasta que la Universidad de Chile presentó un informe –encargado por la unidad médica– en el que se reveló que los perdigones utilizados por Carabineros estaban compuestos en un 80% por plomo, silicio y sulfato de bario, que se intensificaron las presiones para abandonar el uso de esta arma no letal.
A pesar de que el ministro Blumel destacó que la policía uniformada le informó que las municiones no contenían plomo, finalmente, tras una reunión entre las autoridades de Interior y el general director de Carabineros, Mario Rozas, el 19 de noviembre la institución policial informó que se acotaría el uso de perdigones solo ante peligro de la vida de efectivos de Fuerzas Especiales y civiles. Desde el Ministerio del Interior aseguraron que, desde que el ministro Blumel asumió su cargo, “ha tenido una proactiva preocupación por el respeto de los Derechos Humanos, en el marco de la labor de restablecimiento del orden público que realizan las policías» y agregaron que “en este contexto, junto al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, ha sostenido reuniones periódicas con el alto mando de Carabineros para analizar la situación en materia de orden público”.
En el Gobierno explicaron que desde “el 10 de noviembre Carabineros, a través de una modificación de los protocolos, restringió el uso de perdigones y el 24 de noviembre suspendió su uso, acotando la utilización de la escopeta antidisturbios solo a casos de riesgo vital, mientras determina la composición exacta de los mismos”. En Palacio destacaron que “el ministro del Interior también ha enviado varios oficios a Carabineros pidiendo información sobre distintas materias de orden público y DDHH” y que “ha sostenido reuniones con el director del INDH y también con la Defensora de la Niñez. Asimismo, tuvo reuniones en las que entregó información a organismos internacionales, como HRW, Amnistía Internacional y ONU”.
Cabe destacar que, según las cifras oficiales del INDH, entre el 18 de octubre y el 10 de noviembre de 2019 (23 días) se registraron 2.009 personas heridas, 643 de las víctimas por disparos de perdigones. Aunque el ministerio señaló que desde esa fecha se restringió el uso de este armamento no letal, el 25 de noviembre la cifra de heridos por perdigones llegó a las 1.180 personas, por lo tanto, en 15 días se sumaron 537 víctimas heridas con dicho tipo de munición. Desde el 24 de noviembre –fecha en que se acotó el uso de perdigones a casos de riesgo vital– hasta el 12 de diciembre, se han registrado 375 casos de heridos por perdigones, llegando a un total de 1.155 heridos por perdigones desde el 18 de octubre, según los informes del INDH.
Desde La Moneda afirmaron que el ministro ha realizado “todos los intentos” por lograr “controlar la acción de Carabineros, por rayarles la cancha” y que la conversación con el general Rozas “es fluida”, aunque la principal cercanía la mantiene el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Según han comentado en el Gobierno, el problema de Blumel sería su “falta de mando” que se arrastra desde las medidas adoptadas por el exministro Chadwick, cuando descabezó el alto mando de la institución tras la Operación Huracán y los casos de fraude en Carabineros. “Nunca se recuperó el dominio civil”, puntualizaron.
Ejemplo de ello habría sido la reacción de algunos grupos de Fuerzas Especiales que comenzaron a transmitir el himno de la institución mientras desarrollaban sus operaciones, en reacción a la difusión mundial de la canción y performance de Las Tesis, “Un violador en tu camino”, que hace referencia al himno de Carabineros. “Eso no tuvo pies ni cabeza”, criticaron desde el oficialismo, donde reconocen que hay preocupación por la capacidad que tenga la dupla Rozas-Blumel de llevar a cabo los cambios y reformas anunciados para la institución.
Pero allí no terminan los dolores de cabeza del ministro del Interior. Otra fórmula antidisturbios utilizada por Carabineros también ha sido criticada: el uso de gases y bombas lacrimógenas, que se han intensificado tras la restricción del uso de perdigones, y además se ha propuesto la utilización de ondas sonoras antidisturbios.
El informe de la ONU destacó el caso de Abel Acuña (30), una de las 26 víctimas fatales en el marco de las movilizaciones, el único registrado en el periodo en que Blumel ha estado a cargo de Interior. Murió en el marco de una manifestación, el 15 de noviembre, de un paro cardíaco mientras participaba en una protesta en Santiago. La ONU destacó las dificultades que tuvo el personal de salud para darle primeros auxilios, debido a la acción de Carabineros en el lugar, ante lo que el general Rozas justificó que la policía operaba en «una situación adversa».
El informe de la ONU también destacó el caso de Fabiola Campillai, trabajadora de 36 años, que fue impactada directamente en su rostro por una bomba lacrimógena lanzada por efectivos de FFEE en San Bernardo, mientras iba camino a su trabajo y por lo cual perdió la visión de sus dos ojos. “La mataron en vida”, señaló su hermana al matinal de Chilevisión.
Hasta el último informe del INDH, las víctimas de heridas oculares son 357, 334 por lesión o trauma y 23 heridos con resultado de estallido o pérdida del globo ocular; 230 de estas víctimas fueron heridas durante el periodo en que el ministro Blumel ha estado a cargo de la cartera del Interior.
Una de las conclusiones del informe de la ACNUDH es la preocupación debido a que “casos de lesiones oculares continuaron reproduciéndose, pese a la existencia, desde la etapa inicial de las protestas, de información relacionada con el impacto causado por armas menos letales. Las medidas adoptadas por parte de las autoridades no fueron eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”.
El pasado viernes 13 de diciembre era un día clave para el Gobierno, también para el ministro Blumel. Se conoció el informe de la misión de la ONU, que fue el broche de una de las semanas más duras para La Moneda con la aprobación de la acusación constitucional contra Chadwick.
Desde Interior se prepararon para la jornada, el objetivo era adelantarse a las recomendaciones que haría ACNUDH, Carabineros anunció cambios al cuerpo que ha sido foco de las denuncias por violaciones de los DDHH, Fuerzas Especiales, las que pasarán a componer una “Unidad de Control de Orden Público”, que tendrían una especialización actualizada a las recomendaciones otorgadas por los organismos de defensa de los DDHH.
El jueves, recalcaron en La Moneda, el general Rozas anunció la nueva conformación del alto mando de la institución y pasó a retiro el director de Planificación y Desarrollo, general Rodrigo Ramos Ebner; al jefe de la Zona “Control Orden Público e Intervención”, el general Jorge Ávila Corvalán; al jefe de la XII Zona “Magallanes y Antártica Chilena”, el general Roberto Machuca Rojas; y al jefe de I Zona “Tarapacá”, el general Rodrigo Vicencio Gárate.
En Palacio se tratan de poner el parche antes de la herida. Desde el Ministerio del Interior insistieron en que Blumel “ha tenido una proactiva gestión en materia de orden público, con apego a los DDHH. Se aumentó en 2.500 los efectivos policiales, inició la reformulación del sistema de inteligencia, creó una mesa transversal para reformar las policías y ha fortalecido la coordinación entre las fiscalías, Carabineros y la PDI. De hecho, ha tenido reuniones diarias con el alto de mando de Carabineros en el marco de las movilizaciones”. En esa línea, destacaron medidas como la “investigación de responsabilidad disciplinaria de los funcionarios policiales a través de sumario administrativo por cada denuncia o querella presentada por el INDH y envío de antecedentes al Ministerio Público a solicitud del Fiscal o de oficio”, la restricción de funciones operativas a uniformados que están bajo sumarios administrativos, instrucciones relativas al uso de la escopeta antidisturbios, la incorporación de instructores de DDHH y la invitación a delegaciones policiales extranjeras.
Pero a pesar de estas acciones, el informe de la ACNUDH indicó su preocupación por “el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los Derechos Humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales. Preocupa también la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la rendición de cuentas”.
El 26 de noviembre, el ministro Blumel hizo un emplazamiento público a Carabineros, dio un plazo de siete días para que el general Rozas entregara los nombres de los funcionarios que agredieron a Gustavo Gatica. Recién 18 días después y en el marco del informe de la ONU, Rozas hizo entrega de los nombres a la Fiscalía y destacó que hay 856 investigaciones sumarias en la institución y se ha propuesto la baja de 8 funcionarios, pero hasta el momento no hay formalizados por la justicia.
