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Crédito: Agencia UNO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación por la continuidad de los hechos de violencia y uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros de Chile en el contexto de las protestas sociales en Chile las últimas semanas” y puso foco en la cuestionada estrategia de «copamiento preventivo» aplicada por la Intendencia Metropolitana y Carabineros los últimos viernes en el sector de Plaza Italia en Santiago. La organización recordó «al Estado de Chile que la protesta social es un derecho humano protegido por el sistema interamericano”.
El manejo del Gobierno de Sebastián Piñera en materia de derechos humanos y orden público sigue en la mira de los organismos internacionales. Esta vez fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que se pronunció, a raíz de los recientes hechos como la cuestionada estrategia de «copamiento preventivo» desplegada por la Intendencia Metropolitana y Carabineros, que ha tenido como efectos el brutal atropello de un joven por parte de un carro policial el viernes 20, el incendio del Centro Arte Alameda y la muerte de un obrero el viernes pasado.
A través de Twitter, el organismo señaló que «la CIDH expresa su preocupación por la continuidad de los hechos de violencia y uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros en el contexto de las protestas sociales en Chile en las últimas semanas» y recordó «que al menos 29 personas han fallecido desde el inicio de las protestas».
Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los organismos internacionales que ha reportado violaciones de los derechos humanos desde el inicio del estallido social en Chile, junto a otras entidades como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que encabeza Michelle Bachelet.
Esta vez, la crítica de la CIDH apuntó directamente a la estrategia del «copamiento preventivo» en el sector de Plaza Baquedano inaugurado el viernes 20 de diciembre, un fuerte despliegue policial que el intendente metropolitano Felipe Guevara ha atribuido directamente a Carabineros.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta «ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos (…) puede impedir o limitar seriamente el derecho a la protesta social pacífica en Chile”.
La organización recordó «al Estado de Chile que la protesta social es un derecho humano protegido por el sistema interamericano y que medidas que pretendan impedir o limitar gravemente su ejercicio, como el ‘copamiento’ de espacios públicos dispuesto por la Intendencia de la Región Metropolitana son inconvencionales».
En esta línea, la entidad condenó «el atropellamiento de un manifestante por carros de Carabineros el pasado 20 de diciembre, o el incendio el 27 de diciembre del Cine Arte Alameda, centro cultural y de primeros auxilios, presuntamente por una bomba lacrimógena».
También lamentó «profundamente la muerte el 27 de diciembre de Mauricio Fredes, manifestante que huía de una carga policial y cayó a un hoyo con agua y cables de electricidad».
La CIDH añadió que «frente estos graves hechos de violencia que han resultado en manifestantes seriamente lesionados y personas fallecidas, la CIDH urge a que continúen las investigaciones pronta y diligentemente y a que se establezcan las correspondientes sanciones a los responsables».
Si bien el intendente Guevara ha deslindado responsabilidades en esta materia, desde la oposición han pedido su renuncia y alista una acusación constitucional por los efectos de esta política de «militarización» -como le llaman sus detractores- en la Plaza Baquedano.
