PAÍS
En La Moneda están disconformes, no están de acuerdo con cómo se ha desempeñado y tampoco gustan de su estilo. Así se lo han hecho ver al intendente metropolitano Felipe Guevara en más de una ocasión, y a través de más de un personero de Palacio. Pero más allá de los resquemores, el hecho de haberlo sacado desde “su lugar de confort”, como lo era la Municipalidad de Lo Barnechea, obligó al Gobierno a tener que desplegarse para intentar –a como dé lugar– salvarlo de la acusación constitucional ya presentada en su contra, porque de lo contrario los problemas con Renovación Nacional sumarían un nuevo elemento de tensión en la delicada relación entre Chile Vamos y el Gobierno.
No fue un buen inicio de año para La Moneda. Si bien estaban advertidos con anticipación, ni los festejos del Año Nuevo, ni el bien evaluado panorama que se desarrolló en la celebración autoconvocada en la denominada Plaza de la Dignidad, el martes 31 de diciembre, sirvieron para desactivar la ofensiva de la oposición que busca destituir al intendente Felipe Guevara, a través de una acusación constitucional. A primera hora del jueves 2 de enero y en manos del abogado Gabriel de la Fuente (PS), el libelo que acusa la vulneración del artículo 19, numeral 23, que explicita el derecho a reunión, inició su trámite.
A diferencia de otras instancias de similares características, el contexto en que se presentó esta –con advertencias de organismos internacionales como el CIDH y HRW, y resoluciones judiciales como sustento, sumado esto a la “precisión” de la acusación en particular– hizo de la acción firmada por los jefes de bancada de la DC, Gabriel Ascencio; PC, Karol Cariola; PH, Tomás Hirsch; PPD, Ricardo Celis; CS, Gael Yeomans; RD, Catalina Pérez; y el PS, Manuel Monsalve, un problema de muy compleja resolución para el Gobierno.
Desde Palacio, el hecho de que se cuente con las firmas de todos los jefes de bancada, llevaría a que todos los esfuerzos del oficialismo por impedir que caiga Guevara se trasladen directamente al Senado, corporación que deberá hacer de juez en caso que la tramitación pase las dos primeras instancias, como es la cuestión previa y la mayoría simple de los diputados presentes.
Y es que, si bien como a cualquier autoridad en peligro, el Gobierno que los cobija debe defenderlos, en esta ocasión los esfuerzos que se desplegarán tienen de fondo algo más parecido a un sentimiento de culpa –como lo señalaron desde el propio oficialismo– que a una profunda convicción. Más allá del despliegue comunicacional en el que todo Chile Vamos se embarcó y que apuntó a deslegitimar la acción, acusando a la oposición como obstruccionista o irresponsable, como lo dijo el propio ministro del Interior, Gonzalo Blumel, detrás de aquello existe una molestia real ante el actuar del intendente de la Región Metropolitana.
“No ha sido una, ni dos”, comentaron desde la Casa de Gobierno, las veces que el cuestionado intendente ha tenido que comparecer ante las principales autoridades con oficina en La Moneda. Lo anterior porque su estilo no refleja “ningún grado de empatía” y pareciera “ser ciego” ante el contexto que se está viviendo. Más que venir a solucionar los problemas al Ejecutivo –apuntan– en materia de orden y seguridad, los ha relevado y traído de vuelta por la puerta chica a La Moneda.
Si en algún momento se habló de una estrategia para darle aire al ministro del Interior –que vive con la constante amenaza de una acusación constitucional–, la labor ejercida por el exalcalde “no ha estado a la altura” que se esperaba, dado que ha ocurrido todo lo contrario a lo que se intentaba evitar: la gente se ha volcado a las calles, se ha radicalizado y la violencia policial sigue fuera de control.
El perfil de “duro”, con el que se presentó ante las cámaras, las respuestas de carácter provocativo ante las críticas que se han realizado a su gestión, no han hecho más que levantar polvareda en momentos en que el objetivo es bajar la temperatura. Desde Renovación Nacional, su partido, le recordaron al Gobierno que no pueden ahora sorprenderse con su forma de ser, que como alcalde tampoco nunca fue reconocido por su carisma precisamente.
La estrategia de «copamiento» de la Plaza Baquedano, acción ya insigne de su mandato, y que consistió en instalar a mil efectivos de Carabineros en las inmediaciones del espacio emblema del estallido social, hasta la fecha no ha hecho sino sumar sensibles cuestionamientos para la administración, esto en el marco del intento de La Moneda por desvincular al Presidente Piñera de las acusaciones por violaciones de Derechos Humanos que han hecho organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras.
Sin ir más lejos, el 21 de diciembre –día en que debutó el “copamiento preventivo”– el joven de 20 años, Óscar Pérez, fue atropellado por un vehículo policial y aplastado contra otro, provocándole la fractura de ambas caderas. Aquella acción fue de inmediato cuestionada por HRW, que, a través de las redes sociales de su director de la división de las Américas, José Miguel Vivanco, escribió :“¿De que sirven las charlas sobre DDHH que se dan los Carabineros si en la calle siguen actuando con brutalidad extrema? Los autores materiales y los mandos a cargo de la operación, deben ser destituidos y sancionados penalmente. Si eso no ocurre y pronto, continuarán los abusos”.
La advertencia no fue escuchada por Guevara, ni por el Gobierno ni menos por Carabineros, de manera tal que al viernes siguiente se reiteró la cuestionada estrategia. En la ocasión, falleció –según documento del Servicio Médico Legal– por “asfixia por sumersión” Mauricio Fredes, quien cayó a una fosa de 1,8 metros de profundidad llena de agua, tras arrancar de un carro lanzaguas de Carabineros, según relatos de quienes presenciaron los hechos.
La tragedia no pasó inadvertida para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también a través de sus redes sociales advirtió que “la ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos en que habitualmente se desarrollan manifestaciones de protesta, puede impedir o limitar seriamente el derecho a la protesta social en Chile”. A renglón seguido, advirtió que “la CIDH recuerda al Estado de Chile que la protesta social es un derecho humano protegido por el sistema interamericano y que medidas que pretendan impedir o limitar gravemente su ejercicio, como el ‘copamiento’ de espacios públicos dispuesto por la Intendencia Metropolitana, son inconvencionales”.
Pero la ley de “tolerancia cero” ante cualquier manifestación no autorizada que Felipe Guevara intentó imponer, sufrió un tercer revés, esta vez de carácter judicial, luego que el juez del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, declarase ilegal la postura de la autoridad metropolitana, en una audiencia a la que el intendente de RN no asistió, acusando no haber sido notificado, lo que fue refrendado por el magistrado. Previo a este dictamen, Guevara ya había dispuesto su tercer copamiento para evitar la manifestación del 31 de diciembre.
Finalmente, el copamiento no tuvo lugar y se desarrolló una celebración sin mayores inconvenientes, pese a que asistieron más de 10 mil personas. No hubo saqueos ni incendios ni violencia en manifestación, a excepción de un nuevo caso de mutilación ocular por impacto de una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros. Estos hechos habrían significado el nocaut a la medida estrella del exalcalde.
Si bien en toda acción o gran determinación existe una coordinación con el propio Ministerio del Interior, la insistencia del vicepresidente de RN y sus formas no han gustado, “no cayó parado”, como otras autoridades que debutan en cargos de relevancia. De todas maneras, en medio de una operación que buscará salvar su cargo, en La Moneda están lejos de admitir el fracaso del “copamiento preventivo”, pues sería entregarles más argumentos a sus detractores en medio de una acusación con nombre y apellido. Respecto de si se volverá a ver o no el mismo tipo de operación, la respuesta es que todo se va evaluando en su justa medida, señalan.
La comisión que analizará la acusación constitucional y que está mandatada para hacer el informe de la misma, ya tiene a sus cinco nombres designados. Se trata de cuatro miembros de la oposición, como lo son Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz de la Democracia Cristiana, Alejandra Sepúlveda de FRVS y Diego Ibáñez de Convergencia Social. Desde el oficialismo, el encargado será Miguel Castro, de RN.
Para el Gobierno este caso cuenta con una particularidad especial y que guarda relación con la responsabilidad de la que se tendrán que “hacer cargo” –como apuntaron desde Renovación Nacional–, por haber sacado desde la alcaldía de Lo Barnechea al actual intendente. En caso de prosperar la acusación, y al igual que Andrés Chadwick, Guevara quedaría inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos, algo que lo tendría “muy preocupado”, ya que tendría aspiraciones electorales, añadieron.
Aunque se trata de una autoridad de la tercera jerarquía y su nombre no aparece en la lista de históricos ni preponderantes representantes de la derecha chilena, desde el partido encabezado por Mario Desbordes metieron aún más presión al recordar que la comuna que dejó el vicepresidente RN está ahora en manos de la UDI, con Cristóbal Lira a la cabeza, por lo que, si no existe una defensa a ultranza –puntualizaron– para evitar su caída, la doble derrota para Renovación Nacional podría complicar aún más la ya inestable convivencia al interior de Chile Vamos, pero también su relación con el propio Ejecutivo.
Por ahora los cálculos son poco optimistas para el oficialismo, ya que la Democracia Cristiana, clave nuevamente para dirimir el futuro de una acusación, se ha presentado inclaudicable en su posición a favor de la acusación. El entusiasmo del jefe de bancada, Gabriel Ascencio, promotor de la acción, sumado a la posición que ya fijó el presidente de la Cámara, Iván Flores, “un moderado”, que en radio Cooperativa sostuvo que “mi postura personal se ha venido despejando (…). Creo que (ante) la insistencia y tozudez que ha tenido el intendente, y también otras autoridades, en intentar que el movimiento social se aplaque con copamientos, yo creo que, si no va a ser por otros caminos, será por este (acusación constitucional), por lo tanto, voy a apoyar». Esto ha hecho entender a Palacio que, al menos en la Cámara de Diputados, las posibilidades de contrarrestar el andar del libelo parecen bastante complejas.
La provocación que significó anunciar la estrategia, “la que se debió hacer sin publicidad mediante”, y luego el resultado de la misma, como la reaparición de la violencia que venía a la baja, y la insistencia en su implementación, hicieron que el reproche a la política del intendente se convirtiera en una obligación para los falangistas.
Varios personeros al interior de la DC dijeron creer que iba a ser el propio Gobierno el que tomaría la sartén por el mango y resolviera pedir la renuncia del intendente, considerando los antecedentes ya expuestos y el escenario de cuestionamientos en materia de violación de los Derechos Humanos, al que nuevamente fue arrastrado el Ejecutivo debido a una política catalogada de fracasada.
