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Créditos: Agencia Uno
La ministra dijo que el vocero de la ACES no sólo tendrá que hacerse responsable judicialmente, para responder ante la denuncia por Ley de Seguridad del Estado interpuesta por el Gobierno, pero además no podrá rendir la PSU, argumentando que “el Demre fija condiciones y dice que aquel que obstaculiza el normal desarrollo de la prueba debe quedar al margen del proceso”. Por su parte, el Presidente Sebastián Piñera sostuvo en una actividad con los directores de los 100 nuevos Liceos Bicentenarios que la calidad de la educación «no se juega» en la calle ni en las leyes, sino que «dentro de la sala de clases».
Mientras el Consejo de Rectores decide esta mañana cómo se va a cerrar el proceso de rendición de la PSU 2020, la ministra de Educación Marcela Cubillos justificó en La Moneda tanto las querellas interpuestas contra quienes cometieron disturbios el lunes y martes, como la denuncia contra quienes promovieron el boicot, como los dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). Además, insistió en la decisión de excluir del proceso a todos los involucrados.
“¿Le parece razonable que un joven que impidió que sus compañeros rindieran la prueba se presente a una nueva fecha para volver a funar a sus compañeros?”, indicó la ministra tras una reunión en La Moneda con los directores de los 100 nuevos Liceos Bicentenarios. En esta instancia, antes, el Presidente Sebastián Piñera también se refirió al tema, señalando que la calidad de la educación «no se juega» en la calle ni en las leyes, sino que «dentro de la sala de clases».
Respecto a la situación de los dirigentes de la ACES, contra quienes el ministerio de Interior interpuso una denuncia por Ley de Seguridad del Estado, la ministra se refirió en específico al caso del vocero de la organización, Víctor Chanfreau.
“Tiene dos problemas: va a tener que hacerse responsable judicialmente, es un joven de 18 años que ha llamado a impedir el legítimo ejercicio de otros jóvenes por la violencia, va a tener que responder ante la justicia, y al mismo tiempo al inscribirse para dar la PSU el Demre fija condiciones y dice que aquel que obstaculiza el normal desarrollo debe quedar al margen del proceso”, indicó.
Consultada si es justa una sanción de ese tipo, la secretaria de Estado respondió que “lo justo es que quien adhiere a determinadas condiciones y no cumple asuma las consecuencias, se inscribe para dar la PSU se compromete a no alterar el proceso y si entorpece el proceso, queda fuera del proceso”.
Frente a las críticas de la oposición a esta arremetida judicial contra los estudiantes, Cubillos acotó que “un joven que a cara descubierta llama a la violencia, llamar a impedir por la violencia el libre y legítimo ejercicio de otros jóvenes tiene que responder. Lo sorprendente es que los propios parlamentarios que hacen las leyes no estén dispuestos a que se cumplan las leyes, es un estado derecho la única defensa que tenemos todos los ciudadanos y en este caso 300 mil personas afectada por incitación a la violencia es que quienes lo hacen tengan consecuencias”.
Cubillos también fue consultada por las críticas del Consejo de Rectores, luego que ayer el vicepresidente de la entidad Aldo Valle, calificar su actitud de “abstrusa”. “No estamos para entrar en polémicas ni discusiones. Lo único que importa es que los 300 mil jóvenes terminan el proceso de PSU con normalidad”, indicó.
“Lo único que si pedimos como Gobierno es que ojalá hoy se les dé certezas a los estudiantes de las fechas, formas y se dé las garantías de que la PSU se va a poder rendir en paz, y sobre todo que se pueda acelerar proceso de postulación para que las clases puedan partir en marzo con normalidad”, señaló.
