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Crédito: Agencia UNO
«A diferencia de la Defensoría de la Niñez, nosotros como Gobierno, entre los jóvenes que promovieron la violencia e hicieron este boicot y los jóvenes que la sufrieron, nosotros estamos por defender a los jóvenes que sufrieron la violencia», aseguró la secretaria de Estado. La irritación de Cubillos obedece a que la Defensoría de la Niñez dijo que «resulta inaplicable» la Ley de Seguridad Interior del Estado a adolescentes, y cuestionó además la decisión del Demre de excluir del proceso de selección a quienes estuvieron involucrados en el boicot. “Ningún reglamento puede estar por sobre un derecho garantizado constitucionalmente”, recordó Patricia Muñoz. En otro flanco, el Consejo de Rectores reveló que Cubillos “no ha asistido a ninguna reunión” de la entidad, lo cual “no forma parte de la normalidad”, Mientras, la senadora Yasna Provoste (DC) acusó que “el único libreto que conoce la ministra Cubillos es la violencia y la provocación».
Tras mantenerse deliberadamente al margen durante los primeros días del proceso PSU 2020, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, sigue provocando ruido con sus declaraciones sobre distintos actores del sistema. A su estrategia de mano dura contra los estudiantes que protagonizaron disturbios y promovieron el boicot, y sus críticas al Consejo de Rectores y el Demre, ahora la secretaria de Estado disparó contra la Defensoría de la Niñez.
La molestia de Cubillos radica en que esta entidad ofreció ayuda a los estudiantes que sean sancionados por boicotear la PSU y que quedarán fuera del proceso de admisión 2020. «A diferencia de la Defensoría de la Niñez, nosotros como Gobierno, entre los jóvenes que promovieron la violencia e hicieron este boicot y los jóvenes que la sufrieron, nosotros estamos por defender a los jóvenes que sufrieron la violencia», dijo la secretaria de Estado.
Una de las acciones de la Defensoría de la Niñez que irritaron a la ministra dice relación con la advertencia de esta entidad de que «resulta inaplicable» la Ley de Seguridad Interior del Estado a adolescentes, como pretende el Gobierno con su denuncia contra dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).
Pero, además, la Defensoría de la Niñez ha cuestionado la decisión del Demre –avalada por el Mineduc- de excluir del proceso de selección a quienes estuvieron involucrados en el boicot. Según explicó Patricia Muñoz a CNN Chile, esto tiene que ver “con asegurar derecho a la educación de quienes puedan recibir desde un punto de vista reglamentario alguna sanción de parte del Demre que involucra impedirle el acceso a la educación, porque ningún reglamento puede estar por sobre un derecho garantizado constitucionalmente. Y esto no tiene nada que ver con las consecuencias penales que en al ámbito penal se puedan adoptar respecto de aquellas personas por los ilícitos investigados”.
Pero la Defensoría de la Niñez no sólo se ha concentrado en los jóvenes apuntados por el Gobierno y responsables del boicot o de los disturbios, sino también en el universo de los afectados por la suspensión de las pruebas de Lenguaje, Ciencias y Matemáticas.
El organismo también pidió explicaciones al Demre sobre los jóvenes que no pudieron rendir la prueba en condiciones normales, y exigieron a la entidad que en el nuevo proceso de rendición –el 27 y 28 de enero- a todos aquellos estudiantes «que se vieron obligados a rendir la PSU en condiciones no favorables a la concentración y tranquilidad que una prueba de esta naturaleza demanda».
Es más, la Defensoría de la Niñez anunció que “respecto de la decisión del Demre y el CRUCh de anular la prueba de selección de Historia, estamos analizando las acciones judiciales que permitan que quienes se vieron afectados por dicha medida, vean asegurada la igualdad ante la ley y tengan la posibilidad cierta de rendir una prueba que pudiera favorecer su situación de ingreso a la universidad, así como también, en algunos casos, concretar la debida rendición de dicha prueba en tanto constituir requisito para algunas carreras universitarias. En ese sentido, también necesitamos la información del DEMRE para individualizar quiénes son los y las jóvenes afectados y recurrir en su representación», agregaron.
En otro flanco, desde el Consejo de Rectores también respondieron las críticas de Cubillos al manejo del proceso. “Yo lo que tengo que declarar al respecto es que me parecen injustas esas declaraciones”, expresó el vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, agregando que se han reunido desde noviembre, cada jueves en el cuarto piso del Ministerio de Educación con el Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.
“Siempre entendimos y seguimos entendiendo eso, que el subsecretario representa al Mineduc, y a la ministra de Educación y al gobierno en conjunto”, indicó.
Sin embargo Valle dejó en entredicho la responsabilidad de la ministra con el sistema, al confirmar que no ha asistido a ninguna de las reuniones del Consejo de rectores, confirmando la denuncia de la diputada Camila Rojas.
“Hay un cierto acuerdo, que el Consejo de Rectores para estos efectos es un organismo independiente del gobierno (pero) en ningún caso quien ejerce el cargo de ministro de Educación está eximida obviamente de la responsabilidad, porque esta responsabilidad es de carácter administrativo y no se delega y nadie puede por lo mismo eximirse o desenmarcarse de las responsabilidades asociadas de ese cargo”, indicó.
“Así es, ella no ha asistido a ninguna reunión del Consejo de Rectores”, admitió, añadiendo que la inasistencia “no forma parte de la normalidad”.
A los cuestionamientos a la ministra Marcela Cubillos, se sumó la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, con quien ha tenido un historial de desencuentros.
«Es difícil aislar esta semana en el rol de ella, porque ella ha estado absolutamente ausente no solo en esta semana en el drama que se ha vivido para muchas familias respecto a la PSU, ella ha estado ausente y en un boicot permanente a las reformas educativas», dijo Provoste en entrevista con Radio Cooperativa.
Respecto a la decisión del Gobierno de invocar la Ley de Seguridad del Estado contra los dirigentes estudiantiles de la ACES, Provoste sostuvo que «es bien complejo porque en una sociedad donde se busca proteger a niños niñas y adolescentes, donde la educación es el vehículo más importante mediante el cual se transmiten los valores en los que se funda una sociedad, lo que hemos visto de este Gobierno y particularmente de la ministra Cubillos es que el único libreto que ella conoce es la violencia y la provocación a las comunidades educativas, a los estudiantes».
