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Crédito: Agencia UNO (El juez Daniel Urrutia)
Los magistrados han sido blanco de críticas, sobre todo en redes sociales, debido a que sus sentencias sobre casos relacionados con el estallido social no han dejado conformes a las partes. A Urrutia lo acusan de ser un “activista encubierto” y un “lacayo de la zurdería” por sus resoluciones contra las querellas y el copamiento preventivo aplicado por el Gobierno. En cambio, a la jueza Atala la han acusado hasta de “negacionismo a la violación de DDHH” por dejar en prisión preventiva a un joven detenido por carabineros de civil en un polémico operativo. En este clima, la Asociación Nacional de Magistrados emitió una declaración en la que “expresa su categórico rechazo ante los actos de amedrentamiento de los que, bajo diversas formas y con distinta intensidad han sido objeto jueces y juezas de garantía en los últimos días”.
Los jueces y juezas de garantía han estado en el ojo del huracán a raíz de sus resoluciones en el marco de los casos relativos al estallido social. Magistrados como Daniel Urrutia, titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, o Karen Atala, han sido blanco de críticas, sobre todo en redes sociales, debido a que sus sentencias no han dejado conformes a las partes.
De ahí que en defensa de sus colegas saliera esta jornada la Asociación Nacional de Magistrados con una declaración pública de siete puntos en donde señalan que “resulta inaceptable que, más allá de la legítima crítica que determinadas decisiones judiciales puedan acarrear, jueces y juezas sean blanco de “funas” o derechamente amenazas y actuaciones que arriesgan comprometer su integridad o la de personas de su entorno ante decisiones desfavorables para los o las intervinientes de un proceso determinado, cualquiera que sea la materia”.
El caso del juez Daniel Urrutia es emblemático, por cuanto fue el magistrado que declaró inadmisible la querella por Ley de Seguridad del Interior del Estado que la Intendencia Metropolitana presentó en contra de Dauno Tótoro, acusado de “incitar al odio”. Luego, desestimó la posición esgrimida por el intendente metropolitano Felipe Guevara de que las manifestaciones deben ser autorizadas, porque va en contra de la Constitución y de lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desechando así la tesis del copamiento preventivo previo al 31 de diciembre. Por estas resoluciones, vía redes sociales se activó una campaña con el hashtag #RemocionJuezUrrutia, con mensajes acusando al magistrado de ser un “activista encubierto” y un “lacayo de la zurdería”.
A raíz de estos mensajes de odio en redes sociales, que se suma a una denuncia por presunto espionaje que el magistrado interpuso ante la Fiscalía Centro Norte, una serie de organizaciones nacionales e internacionales activaron una campaña en la que exigen al Estado Chileno garantizar la vida e integridad física del juez Urrutia.
En tanto, este fin de semana, el blanco del odio en redes sociales fue la jueza Karen Atala, quien en el turno del fin de semana en el 7 Juzgado de Garantía, decidió dejar en prisión preventiva a Nicolás Ríos, el joven detenido por el OS9 de Carabineros en un polémico procedimiento que involucró a efectivo de civil, en un caso calificado como “secuestro” al más puro estilo de la CNI en los ’80. El abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, acusó a la jueza Atala de negarse a ver los registros de la detención en los que se verifican los apremios ilegítimos que recibió su representado.
La jueza, quien hace unos años fue el rostro de una cruzada contra el Estado chileno por la igualdad, se transformó en trending topic a raíz de su decisión. En redes sociales, la acusaron incluso de “negacionismo a la violación de DDHH”. En su defensa salió un el ex presidente de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, advirtiendo que “Twitter quiere que los tribunales de justicia funcionen como las cortes populares de la Ciudad Gótica de Bane. Mi respeto y cariño a mi amiga Karen Atala en el ejercicio de su labor jurisdiccional, que requiere de una rigurosidad mucho más estricta que 280 caracteres”.
En este clima, la Asociación Nacional de Magistrados emitió una declaración en la que “expresa su categórico rechazo ante los actos de amedrentamiento de los que, bajo diversas formas y con distinta intensidad -en especial, a través de mensajes publicados en redes sociales- han sido objeto jueces y juezas de garantía en los últimos días tras resolver asuntos de su competencia en el contexto de la crisis social y política que el país vive desde el 18 de octubre pasado”.
“Lo anterior, además de revestir una gravedad preocupante, instala una lógica peligrosa que pasa completamente por alto que en nuestro país existe un sistema de recursos procesales que la ley franquea a todas las personas involucradas en un proceso ante los tribunales de justicia, que les faculta para impugnar -y eventualmente revertir- cualquier resolución judicial que les resulte desfavorable”.
Añade que “creemos necesario que la ciudadanía comprenda el verdadero valor de promover y resguardar la independencia del juez a la hora de resolver, como un pilar fundamental de nuestro estado de derecho y estabilidad democrática” y “hacemos un llamado a las autoridades y entes responsables a adoptar las providencias necesarias para que la Judicatura pueda cumplir su trabajo en condiciones suficientes de seguridad para el correcto funcionamiento del sistema de justicia”.
