La votación de la semana pasada del Senado, donde se rechazó la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional que pretende consagrar las aguas del país como un bien de uso público, podría sufrir un vuelco [ACTUALIZADA]
Los senadores Carlos Bianchi (independiente) y Yasna Provoste (DC) solicitaron a la mesa del Senado anular la polémica votación del proyecto de reforma constitucional que pretende consagrar las aguas del país como un bien de uso público, argumentando que cuatro de los honorables que votaron tienen conflictos de interés.
En su presentación, apuntan directamente a los senadores UDI Juan Antonio Coloma y Alejandro García Huidobro, y a los RN Manuel José Ossandón y Juan Enrique Castro, señalando que “al participar en el debate, no advirtieron ni expresaron de ninguna forma que todos ellos registraban derechos de aprovechamiento de aguas, ya sea a título personal, a través de sus cónyuges o de sociedades en las que participan”.
De acuerdo al escrito, la votación debe anularse “por haberse infringido expresamente el artículo 5 B de la Ley Orgánica Constitucional y el artículo 8 del reglamento del Senado”.
En el caso Juan Antonio Coloma, el escrito señala que está vinculado a dos derechos de aguas obtenidos en abril de 2011 y octubre de 2013 por la sociedad Inversiones e Inmobiliaria Santa Eugenia S.A, en la que participa su cónyuge María Cecila Álamos.
Respecto a Alejandro García Huidobro, la presentación indica que registra en su última declaración de patrimonio cuatro derechos de aprovechamiento de aguas, en la región de O’Higgins, para usar las aguas del Río Cachapoal, en el Canal El Alba.
En los casos de los senadores RN, señalan que Ossandón “registra en su última declaración de patrimonio un derecho de agua de 1998 en el cauce del Río Maipo, en la región Metropolitana” y Castro “registra dos derechos de agua, vinculados a sociedades en las que tiene participación, que datan de 1987, en la región del Maule”
Cabe recordar que la iniciativa recibió 24 votos a favor y 12 en contra, pero requería la aprobación de dos tercios, equivalentes a 29 votos, para avanzar en la Cámara Alta. Si bien la iniciativa no seguirá su tramitación, la presentación de Bianchi podría significar un vuelco.