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El jefe del Ministerio Público aseguró que «nosotros vemos algunas fortalezas» en la nueva legislación, y sostuvo que la ley aprobada por la Cámara de Diputados “para nada afecta los derechos a reunión y no afecta el derecho a manifestarse pacíficamente”. Su opinión choca con los expuesto por el representante regional de la oficina de la ONU que encabeza Michelle Bachelet, quien solicitó al Estado chileno ajustarse a los “estándares internacionales que regulan el derecho a la reunión” y recordó que “la mera obstrucción de circulación de las personas o vehículos no debe ser motivo para la dispersión de una protesta ni tampoco para la criminalización de los participantes”. El espaldarazo de Abbott a la agenda de seguridad de La Moneda llama la atención tomando en cuenta que durante el estallido ha refutado algunas de las tesis que ha tratado de instalar el Gobierno, como la existencia de organizaciones extranjeras en la crisis. De hecho, ninguneó abiertamente el polémico informe big data cuando el ministro del Interior Gonzalo Blumel lo catalogaba como “información extraordinariamente sofisticada”.
Pese a las advertencias de la ONU, el jefe del Ministerio Público Jorge Abbott destacó la “Ley Antisaqueos”, “antibarricadas”, que incluye sanciones a “el que baila pasa”, despachada este jueves a ley por la Cámara de Diputados, tras una polémica tramitación en el Congreso.
El Fiscal Nacional se cuadró de este modo con la estrategia de seguridad de La Monea, al plantear que “nosotros vemos algunas fortalezas» en la nueva legislación, la que a su juicio “para nada afecta los derechos a reunión y a manifestarse pacíficamente”.
Cabe recordar que en una misiva enviada al Congreso, el representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet, expresa su preocupación respecto a la legislación, recordando que debe ajustarse a los “estándares internacionales que regulan el derecho a la reunión” y al “cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno en materia de derechos humanos».
“La respuesta a los movimientos sociales debe enfocarse principalmente en el diálogo” y «la utilización del derecho penal y estatutos penales excepcionales deben ser siempre la última ratio», señalaron desde la ONU.
El espaldarazo de Abbott a la agenda de seguridad de La Moneda llama la atención tomando en cuenta que durante el estallido ha refutado algunas de las tesis que ha tratado de instalar el Gobierno, como la existencia de organizaciones extranjeras en la crisis.
En este contexto, el abogado tuvo un público desencuentro con el Ejecutivo respecto al polémico informe big data. De hecho, cuando el ministro del Interior Gonzalo Blumel lo catalogaba como “información extraordinariamente sofisticada”, el jefe del Ministerio Público le bajó absolutamente el perfil, señalando que apenas se trataba de un reporte realizado a partir de fuentes abiertas y que no contiene “nada de valor”, según acotó esta semana.
También en medio del estallido, en otra muestra de distanciamento con el Ejecutivo, Abbott lamentó que el Gobierno haya dejado afuera de su “agenda antiabusos” la posibilidad de que el Ministerio Público pueda iniciar la acción penal en casos de colusión, una petición histórica de la Fiscalía.
Pero en cuanto a la ley “que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agravar las penas aplicables” , la máxima autoridad del Ministerio Público tiene otro punto de vista.
Según Abbott, “siendo ya una ley de la República, lo que le corresponde al Ministerio Público es aplicar esa ley. Nosotros vemos, en la misma, algunas fortalezas, como es el aumento de la penalidad de algunas conductas que hasta ahora tenían solamente penas de multas, como también el que se entiendan consumados algunos delitos desde el momento en que se da inicio a su comisión”.
En cuanto al “choque” entre esta legislación y el derecho a reunión, como ha planteado la ONU y parlamentarios de oposición, el Fiscal Nacional, sostuvo que “nosotros entendemos que esta legislación para nada afecta los derechos a reunión y a manifestarse pacíficamente. Lo que aquí se busca es sancionar a las personas que en el contexto de esas manifestaciones cometen hechos que provocan un daño enorme tanto a las personas como a la propiedad, y eso nos parece inaceptable”.
La legislación también incluye sanciones para hechos como “el que baila pasa”, ante lo cual Abbott sostuvo que “hoy día ese hecho está sancionado en nuestra legislación, hay ahí una amenaza. Lo que pasa es que simplemente se ha tipificado de mejor de manera y se ha incrementado el reproche penal respecto de esa conducta”.
“Es inaceptable que las personas puedan alterar la normal convivencia, la normal circulación de las personas dentro o en los caminos de nuestro país. Las personas tienen derecho a transitar libremente sin que nadie pueda entorpecer esa circulación. Nadie tiene derecho a alterar o afectar los derechos de esas personas sin que ello suponga una sanción en relación a dicha conducta”, añadió.
Además, cabe recordar que de acuerdo al documento de la representación regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), “según los mecanismos de protección de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, la mera obstrucción de circulación de las personas o vehículos no debe ser motivo para la dispersión de una protesta ni tampoco para la criminalización de los participantes”.
La opinión de Abbott sobre la ley antisaqueos y antibarricadas también contrasta con lo planteado por el fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, quien advirtió sobre la tramitación de esta norma en medio del estallido social, señalando que “tomar decisiones legislativas al calor de una contingencia que no solo ocurrió, sino que se encuentra ocurriendo, es un evento complejo”.
Guerra también expresó sus reparos con las sanciones a “el que baila pasa”. “¿Era necesario tipificar esto? Creo que no, tenemos figuras en la legislación de amenazas. La penalidad que la ley señala hoy para eso es la misma que puso el legislador para este delito. No es que ahora van a ir a la cárcel o se van a sancionar severamente», comentó esta mañana el fiscal en T13 Radio.
