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Crédito: Agencia UNO
El representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet, envió una carta a la Cámara de Diputados en donde expresa su preocupación respecto a la legislación en trámite, y recuerda que ésta debe ajustarse a los “estándares internacionales que regulan el derecho a la reunión”. «La respuesta a los movimientos sociales debe enfocarse principalmente en el diálogo” y «la utilización del derecho penal y estatutos penales excepcionales deben ser siempre la última ratio», insiste. La misiva representa el segundo “tirón de orejas” de la ACNUDH al Gobierno de Chile, luego que en diciembre pasado la oficina emitió un informe de la misión de observadores enviada al país y que concluyó que “hay razones fundadas” para establecer que hubo “un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.” durante el estallido social.
Una serie de críticas a la denominada «agenda de seguridad» impulsada por el Gobierno tras el estallido social del pasado 18 de octubre, formuló Jan Jarab, el representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
El personero envió una carta a la Cámara de Diputados en donde expresa su preocupación respecto a los proyectos de ley en trámite y señala que «la respuesta a los movimientos sociales debe enfocarse principalmente en el diálogo” y «la utilización del derecho penal y estatutos penales excepcionales deben ser siempre la última ratio».
“Algunas de las referidas iniciativas legislativas arriesgan perjudicar el ejercicio de una serie de derechos humanos, particularmente el derecho a la manifestación pacífica y los derechos que en este contexto convergen, como la libertad de reunión pacífica, la libertad de expresión, y la participación en asuntos públicos”, entre otros.
La misiva representa el segundo “tirón de orejas” de la ACNUDH al Gobierno de Chile, luego que en diciembre pasado la oficina emitió un informe de la misión de observadores que envió a Chile y que concluyó que “hay razones fundadas” para establecer que hubo “un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.” durante el estallido social.
La crítica principal de la oficina de la ONU apunta al «proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agravar las penas aplicables», más conocido como ley «antisaqueos y antibarricadas», que además incluye sanciones a “el que baila pasa”.
En el documento, el representante regional de la ACNUDH insta a los parlamentarios “a legislar teniendo en consideración el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno en materia de derechos humanos para la plena vigencia de derechos humanos de todas las personas en el país y los estándares internacionales que regulan el derecho a la reunión”. Sin embargo, el proyecto fue despachado a ley ayer en la Cámara de Diputados.
En este contexto, la ONU refuta la lógica de las manifestaciones “autorizadas” que defiende el Gobierno, al sostener que “los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos resaltan que el derecho a la reunión pacífica no debe estar regulado por un régimen de autorización, la mera perturbación o interrupción temporal de la circulación de vehículos o peatones no equivale a un acto de violencia y que incluso debe tolerarse; y la solución del problema de elementos violentos en manifestaciones pacíficas se debe de buscar en la mejora de la capacidad de las policías de identificar y aportar los elementos violentos (y no en la criminalización de esa conducta)”.
Es más, recuerda que “según los mecanismos de protección de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, la mera obstrucción de circulación de las personas o vehículos no debe ser motivo para la dispersión de una protesta ni tampoco para la criminalización de los participantes”.
En cuanto a los saqueos, Jarab reconoce que «los robos, daños, incendios y saqueos son conductas ilegales y punibles conforme a la legislación nacional vigente». Sin embargo, añade que «lo que ha dificultado la persecución penal de los perpetradores no es la falta de tipos penales, de penas más altas o de agravantes de responsabilidad penal, sino la ineficacia de la policía de identificar y perseguir a estos autores de hechos ilícitos».
En esta línea, apunta a Carabineros y a la PDI señalando que «la solución del problema de elementos violentos en manifestaciones pacíficas se debe de buscar en la mejora de la capacidad de los policías de identificar y apartar los elementos violentos (y no en la criminalización de otras conductas)».
