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Crédito. Agencia UNO
A raíz de un nuevo llamado a boicot por parte de la ACES, y para evitar que la PSU se convierta en otro fracaso, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sostuvo una reunión en el Palacio de la Moneda, con la ministra de Educación Marcela Cubillos, Carabineros, PDI y el Demre, para evaluar nuevas medidas de seguridad que garanticen el normal desarrollo de la prueba. La cita fue una clara señal de que el Gobierno cambió definitivamente de libreto para intentar evitar los errores cometidos antes de la rendición del test los días 6 y 7 de enero, cuando e Ministerio de Educación tomó palco en el proceso. «Estamos trabajando para proteger a aquellos jóvenes que merecen y tienen el derecho a rendir la prueba con normalidad. Sorprende que se insista en un llamado a la violencia”, dijo esta vez la ministra Cubillos.
Una nueva amenaza de boicot podría poner nuevamente en riesgo la realización de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) el 27 y 28 de enero, luego que los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) llamaran otra vez a protestar.
«Queremos hacerles un llamado a los universitarios a enfrentarse a los rectores que han sido cómplices hoy día de la persecución que estamos sufriendo hoy día los estudiantes secundarios», dijo el dirigente Víctor Chanfreau en un punto de prensa convocado este martes.
A raíz de ese complejo panorama, y para evitar que la PSU se convierta en una pesadilla para el Gobierno, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sostuvo una reunión en el Palacio de la Moneda, con la ministra de Educación Marcela Cubillos, Carabineros, PDI y el Demre, para evaluar nuevas medidas de seguridad que garanticen el normal desarrollo de la prueba.
La reunión fue una clara señal de que el Gobierno cambió definitivamente de estrategia e intenta evitar los errores cometidos antes de la rendición del test los días 6 y 7 de enero, cuando se dejó el tema exclusivamente en manos del Demre y el Cruch, y el ministerio de Educación tomó palco en el proceso.
Es más, cabe recordar que en medio de la agitación provocada por el boicot convocado por la ACES, el Gobierno optó por dejar como voceros de la crisis a los subsecretarios de ambas carteras, Juan Francisco Galli por Interior y Juan Eduardo Vargas (Educación Superior), mientras la ministra Cubillos y el jefe de gabinete Blumel se mantuvieron al margen.
Pero en esta oportunidad tanto el titular de Interior como su colega del Mineduc decidieron retomar el protagonismo, poniéndose a la cabeza del proceso por parte del Gobierno y garantizar la normalidad del mismo.
El giro en el Ejecutivo también dice relación con el conjunto de medidas que serán adoptadas para esta nueva rendición. Blumel decidió mantener el hermetismo, y no brindó mayores detalles respecto a cuáles serán esos nuevos métodos de resguardo, aclarando que etos se darán a conocer el próximo viernes. «Hemos tomado un conjunto de acuerdos y decisiones para asegurar el buen y normal desarrollo de la PSU la próxima semana», dijo el ministro.
«Como Gobierno vamos a estar absolutamente del lado de los jóvenes, del lado de sus familias, para asegurar que puedan ejercer su derecho de acceder a la educación superior. Estamos tomando nuevas medidas, vamos a asegurar también la seguridad con mucho mayor énfasis en los distintos locales, y por eso necesitamos contar con la colaboración de todas las instituciones y también de quienes van a rendir la prueba, y por eso quería transmitir que el compromiso del Gobierno es poder resguardar y asegurar el derecho a los jóvenes de acceder a la educación superior», agregó.
En tanto, la ministra de Educación Marcela Cubillos sostuvo que «estamos trabajando para proteger a aquellos jóvenes que merecen y tienen el derecho a rendir la prueba con normalidad. Sorprende que se insista en un llamado a la violencia. Fue esa violencia la que frustró la posibilidad que tantos jóvenes (…) se habían preparado por mucho tiempo para rendir esta prueba. Por lo tanto, entre los jóvenes que están hoy día promoviendo la violencia y aquellos que quieren ejercer sus derechos y quieren rendir conforme al esfuerzo que le han puesto, como Gobierno no nos perdemos y vamos a estar siempre del lado de la protección de aquellos jóvenes que quieren rendir en paz».
Por su parte, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) se reunió este martes. Su vicepresidente y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, adelantó que «no nos hemos planteado una tercera prueba, lo que queremos es que ojalá la totalidad de los y las postulantes convocados para los días 27 y 28 puedan rendir las pruebas».
«El único ‘plan B’ que tenemos hasta ahora es reunirnos el día 29 porque queremos obrar en base a los hechos y los antecedentes verificados de los días 27 y 28. Nosotros esperamos que la mayoría de quienes están convocados puedan rendir estas pruebas y obviamente no se nos escapa que al día siguiente de 27 y 28 tenemos que evaluar cuál fue el resultado», sostuvo Valle.
El vicepresidente del CRUCh resaltó que en una sociedad democrática existe el derecho a manifestarse, pero «lo que a nuestro juicio no tienen derecho es a por la fuerza imponerles a otros una voluntad, por noble y valorable que pueda ser la motivación».
Respecto a la posibilidad de que haya una admisión especial para los alumnos perjudicados por la cancelación de la prueba de Historia, sostuvo que en la reunión «esos temas fueron analizados y vamos a tomar decisiones con posterioridad a los días 27 y 28, específicamente en la sesión que tengamos a partir del día 29».
La autoridad también señaló que el 29 de enero mantendrán una nueva reunión para evaluar cuáles son los «universos de estudiantes» que «pudieran verse afectados aún con la solución que ya se dio».
«El CRUCh adoptó una decisión en la sesión anterior, se comunicó públicamente, esta no ha sido modificada, pero eso no quiere decir que la situación de aquellos estudiantes que puedan tener una situación de menoscabo pueda ser evaluada próximamente por el consejo», aclaró.
