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Crédito: Agencia UNO
Tras el fallo del Primer Juzgado de Letras de Pucón, que declaró ilegal la compra de tierras mapuche por parte del exsubsecretario del Interior, el analista mapuche Diego Ancalao recordó el caso del exjefe de gabinete de Desarrollo Social y actualmente en la Secom, Juan Pablo Longueira, quien adquirió en 2015 en Chucauco (Villarrica), dos terrenos también de origen mapuche. Asimismo, disparó contra la Conadi, ya que durante el proceso Ubilla presentó ante el juzgado un informe emitido por esta entidad para avalar su posición, una polémica que salpica por responsabilidad jerárquica al Ministerio de Desarrollo Social. En tanto, para la diputada mapuche Emilia Nuyado, la resolución del tribunal de Pucón “abre la puerta para revisar muchos casos de compras irregulares de tierras indígenas”.
La decisión del Primer Juzgado de Letras de Pucón, de declarar como ilegal la compra de terrenos mapuche que hizo el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla en la zona, abrió nuevas aristas que complican tanto al Gobierno –específicamente a la Conadi y el ministerio de Desarrollo Social– como también a funcionarios de La Moneda, por ejemplo, Juan Pablo Longueira, otro comprador de predios indígenas.
“Juan Pablo Longueira cometió el mismo ilícito que Ubilla comprando tierras indígenas de manera fraudulenta, definitivamente ilegal y así lo ha comprobado la justicia. ¿Cómo puede mantenerse en un cargo público a alguien que cometió el mismo delito?”, señaló a El Mostrador el analista mapuche Diego Ancalao.
El hijo del exsenador UDI Pablo Longueira, exjefe de gabinete de Desarrollo Social y actualmente en la Secom, adquirió en 2015 en Chucauco (Villarrica), dos terrenos también de origen mapuche.
A juicio de Ancalao, “lo que debería hacer Ubilla es asumir la culpa y llamar al funcionario público Juan Pablo Longueira a hacer un gesto de grandeza pública y devolver las tierras a las comunidades. La ley dice que se puede comprar tierras indígenas solamente entre indígenas y claramente Longueira y Ubilla no lo son”.
En cambio, si el exsubsecretario Ubilla apela ante la Corte de Apelaciones “significa que seguiría buscando la impunidad”, añade.
Otra arista de este caso involucra a la Conadi y el Ministerio de Desarrollo Social. Esto, porque –durante el proceso judicial– el exsubsecretario Ubilla presentó un informe emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena al Juzgado de Letras de Pucón, para sostener que las polémicas tierras de la Comunidad Mariano Millahual no serían indígenas y que su adquisición fue en regla.
De acuerdo a Diego Ancalao, “la justicia le ha dado la razón a la comunidad afectada y la pregunta ahora es qué pasa con el director nacional de la Conadi (Ignacio Malig Meza) que firmó junto al fiscal estos informes para tratar de burlar la justicia y proteger a un funcionario que estaba usurpando tierras mapuches”.
Pero la elaboración de dicho documento también salpica al Ministerio de Desarrollo Social, por ser el responsable de la entidad creada para proteger los derechos de los indígenas. “¿Cuál es el mea culpa de la Conadi y cuál es la responsabilidad que tiene el ministro Sebastián Sichel? La Conadi depende del ministro de Desarrollo Social y la ley de probidad tiene relación con el superior jerárquico y tiene responsabilidad política y administrativa en esta ilegalidad”, apuntó Ancalao.
A su juicio, “lo que corresponde es que renuncie el director de la Conadi por intentar encubrir y buscar que el subsecretario Ubilla quede impune con informes falsos. Debería ser procesado y condenado por haber sido cómplice de una ilegalidad y eso es grave”.
En tanto, para la diputada mapuche Emilia Nuyado la resolución del tribunal de Pucón “ratifica lo que pudimos concluir en la Comisión Investigadora, de la Cámara de Diputados, que se hizo por este caso» y “abre la puerta para revisar muchos casos de compras irregulares de tierras indígenas”.
«Muchos expertos en derechos indígenas y consejeros regionales, señalaron que el exsubsecretario había cometido una situación irregular. Para nosotros esta es una señal potente, porque sabemos que hay situaciones similares en las regiones del Biobío, de La Araucanía y Los Lagos. Este fallo abre la puerta para revisar muchos casos de compras irregulares de tierras indígenas», dijo la diputada socialista.
