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Crédito: Agencia UNO
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente está decidida en avanzar en el denominado caso Asesorías, en una arremetida que coincide con la peor hora del Congreso en la aprobación ciudadana, como han constatado las últimas encuestas. Luego que se negara el acceso a personal de la PDI a recabar información al edificio del Legislativo, el Ministerio Público ingresó dos requerimientos pidiendo información por el pago de 27 asesorías con contenidos duplicado de 19 congresistas, 10 de ellos aún en ejercicio. Además, tiene contemplado citar a funcionarios por los sueldos excesivos detectados e “invitará a declarar” a los parlamentarios para explicar el tema.
Cuando el Congreso está en su peor momento en la evaluación ciudadana, el Ministerio Público volvió a poner sus ojos en el Poder Legislativo en el denominado caso Asesorías.
De acuerdo a lo informado por La Tercera, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente ingresó dos requerimientos, uno a la Cámara de Diputados y otro al Senado, pidiendo información por el pago de 27 asesorías con contenidos duplicado de 19 congresistas, 10 de ellos aún en ejercicio.
El requerimiento ingresado por fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda –que debería ser respondido por el Parlamento antes del receso de febrero- pide “remitir toda la documentación que acredite fehacientemente el pago de asesorías parlamentarias que más adelante se individualizan, en especial se solicita remitir al menos los siguientes antecedentes: comprobante contable del egreso por el pago del informe, instrumento de pago (cheque, transferencia, vale vista, etc.), cargo en la cuenta corriente respectiva que de cuenta del pago, visto bueno del congresista mediante el cual aprobó el informe requerido, factura o boleta del prestador del servicio, comprobante de solicitud del informe, copia del informe”.
La solicitud fue ingresada por el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, después que el Congreso rechazara que detectives de la Policía de Investigaciones accedieran al Parlamento para recabar dicha información personalmente.
“Siempre vamos a entregar todo en la medida que ellos digan qué se necesita, tienen que ser específicos. Aquí hay una investigación que es desformalizada, no hay nadie formalizado dentro de estos tres años (…) la Fiscalía conoce el procedimiento legal para eso”, dijo a La Tercera el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, para explicar la negativa a esa diligencia.
La indagatoria tiene otra arista, la de los sueldos excesivos que tiene a cerca de 40 funcionarios en la mira. Incluso, de acuerdo a La Segunda, la Fiscalía citará a personal de apoyo tras detectar “sueldos que se escapan del promedio”. Según este medio, los asesores declararían el próximo 3 de febrero.
En tanto, los parlamentarios –por tener fuero –podrían ser “invitados a declarar”. Al respecto, la senadora Adriana Muñoz (PPD), futura presidenta del Senado de concretarse el acuerdo de la oposición que tiene la mayoría en dicha Corporación, dijo a La Segunda «si citan a senadores tendremos que conocer las razones y causas fundadas, no al voleo”, aunque ratificó que se accederá a “la entrega de toda los informes y la información que se requiera”.
La noticia llega en momentos en que el Poder Legislativo enfrenta una paupérrima evaluación ciudadana, reflejada en las cifras de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde sólo obtuvo un 3% de aprobación. Este dato se suma al del sondeo Barómetro del Trabajo difundido este viernes por Mori-Fiel, donde en una pregunta sobre confianza en instituciones democráticas un 8% dijo tener confianza en el Parlamento, aunque en la consulta sobre quien representa mejor a la gente apenas un 1% indica a “los parlamentarios”.
