PAÍS
El informe del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se suma a una larga lista de antecedentes surgidos a raíz del estallido social, como los de Amnistía Internacional, la ONU y Human Rights Watch (HRW), que dan cuenta de una serie de violaciones de los Derechos Humanos. En ese sentido, la investigación de la Defensoría Jurídica señala que entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre, recibió «2.152 denuncias de personas que participaron en las manifestaciones realizadas principalmente en la Región Metropolitana, aunque también se recibieron denuncias de Arica (1), Iquique (1), Alto Hospicio (1), Quilpué (1), Ovalle (1), Talca (2), Valparaíso (1) y de San Fernando (2)». «La mayoría de las denuncias señalaron a Carabineros de Chile como autores», destacó el informe. Del total de denuncias, 1.388 corresponden a impacto de perdigones y 214 a lesiones por impacto de bomba lacrimógena en el cuerpo. Otras 5 son por impacto de bala, y 8 por impacto de proyectil no determinado.
Otro informe pone en tela de juicio el actuar del Estado de Chile durante el estallido social. Esta vez, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en su calidad de miembro de la Defensoría Jurídica de esta casa de estudios, elaboró un documento en el que constata «graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de DD.HH» en el marco de la crisis que estalló el 18 de octubre.
«El análisis cualitativo de la información recabada por la Defensoría Jurídica nos permite aseverar que en el período que se informa se han cometido graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, imputables a agentes del Estado de Chile», señala el informe de 218 páginas, que analizó el periodo comprendido entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre.
El estudio de la Universidad de Chile también reveló que «se han vulnerado los estándares del derecho internacional de los derechos humanos respecto al derecho a la protesta social y el uso necesario, legal y proporcional de la fuerza, lo que ha derivado en una grave crisis de derechos humanos en el país».
El informe del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se suma a una larga lista de antecedentes surgidos a raíz del estallido social, como el de Amnistía Internacional, la ONU y Human Rights Watch (HRW), que dan cuenta de una serie de violaciones de los DDHH.
En ese sentido, la investigación de la Defensoría Jurídica señala que entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre, recibió «2.152 denuncias de personas que participaron en las manifestaciones realizadas principalmente en la Región Metropolitana, aunque también se recibieron denuncias de Arica (1), Iquique (1), Alto Hospicio (1), Quilpué (1), Ovalle (1), Talca (2), Valparaíso (1) y de San Fernando (2)».
«La mayoría de las denuncias señalaron a Carabineros de Chile como autores», destacó el informe. Agregan que «del total de denuncias recibidas al 30 de noviembre de 2019, 1766 correspondieron a Carabineros de Chile, 48 casos al Ejército de Chile, 15 a la Policía de Investigaciones y 1 caso a la Marina de Chile. En 321 denuncias no consta el autor del hecho denunciado, en general, debido a las condiciones en las que se recabó la información».
«Del total de personas que presentaron denuncia frente a la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, un 85% señaló que los hechos denunciados los realizó un agente del Estado. De los agentes del Estado reconocidos, un 96% señala que Carabineros realizó los hechos, seguido de un 2,62% que señaló que los hechos habían sido cometidos por integrantes del Ejército. Existe una denuncia contra la Armada, y una denuncia contra un civil», detalla el informe.
Del total de denuncias, 1.388 corresponden a impacto de perdigones y 214 a lesiones por impacto de bomba lacrimógena en el cuerpo. Otras 5 son por impacto de bala, y 8 por impacto de proyectil no determinado.
Además, destacan denuncias de lesiones por golpes de uniformados, 28 por el chorro del carro lanzaguas, 7 por atropello con vehículos policiales, 50 por afectaciones con gas pimienta y 29 por impacto de objetos contundentes. También se mencionan 32 denuncias por «violencia política sexual», 31 detenciones arbitrarias y 14 por inhalación de gas lacrimógeno.
Por otra parte, en el periodo correspondiente, la Defensoría Jurídica recibió 203 denuncias por daño ocular, «correspondiendo 14 de ellos a estallido o pérdida ocular, 47 casos a lesiones oculares con secuelas y 142 casos de lesiones oculares sin información».
Entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre, la Defensoría Jurídica presentó 699 denuncias ante el Ministerio Público que corresponden a casos de «lesiones corporales graves, lesiones corporales menos graves, amenazas, tortura, apremios ilegítimos y detenciones arbitrarias. Las lesiones más graves corresponden a mutilaciones oculares. Los apremios más graves denunciados son hechos constitutivos de tortura, apremios ilegítimos y violencia sexual».
«Como se expresó anteriormente, las denuncias sobre violencia sexual, torturas, niñas, niños y adolescentes y situaciones especiales, fueron derivadas a organismos especializados, con derivación de la información de la denuncia a la comisión escritos (ABOFEM o Londres 38, según el contenido de la denuncia», especifica el informe.
Por otra parte, desde el 21 de octubre hasta el 31 de diciembre, se presentaron 29 acciones constitucionales por la
Defensoría ante la Corte de Apelaciones (CA) de Santiago y San Miguel. De estas, 16 corresponden a recursos de protección, 9 de amparo constitucional y 4 amparos preventivos.
Con todos estos antecedentes, la Defensoría Jurídica señala que «ha constatado un uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de Orden y Seguridad Pública», particularmente de la PDI y Carabineros.
En ese sentido, concluyeron que «el Estado violó los derechos a la vida, integridad física y psíquica, indemnidad sexual, salud, libertad personal, reunión y libertad de expresión. Y que esta violación, como consignamos arriba, es
grave, generalizada y sistemática».
Finalmente, La Defensoría Jurídica recomienda la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, así como una Comisión Permanente de Calificación de víctimas de graves violaciones de derechos humanos».
También recomiendan la creación de un «Plan Integral de Reparaciones» que incluya «la restauración del derecho y la reparación de las pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas de los hechos de violencia generados a raíz de las protestas sociales iniciadas a mediados del mes de octubre de 2019, incluyendo un reconocimiento público por parte de las autoridades de la condición de víctima de violación de sus derechos humanos».
