PAÍS
Crédito: Agencia UNO
El reporte de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional –que coincide con la visita de la CIDH al país para verificar el resguardo de las libertades fundamentales- entrega un crudo panorama de lo sucedido en el país desde el 18 de octubre. En cuatro de las 31 muertes, esta es atribuible a agentes del Estado, mientras que otras dos personas fallecieron mientras se encontraban bajo custodia en comisarías, indica el informe. Asimismo, se cuentan 285 denuncias por lesiones oculares. La institución más denunciada es por lejos Carabineros, entidad que estos últimos días ha estado en el ojo del huracán por la muerte del hincha de Colo Colo Jorge Mora y además es el foco de un debate para su reforma. En cuanto al avance de la justicia, el Ministerio Público asegura que actualmente existen 38 agentes del Estado formalizados, pese a las quejas del INDH por la lentitud del sistema.
Las cifras son crudas y hablan por sí solas. Desde el inicio del estallido social el 18 de octubre, se ha registrado el fallecimiento de 31 personas en el contexto de las protestas, y las víctimas de violaciones a derechos humanos, que habrían sido cometidas por agentes del Estado, aumentó a 5.558 personas, de acuerdo al informe entregado esta mañana por el Ministerio Público.
El reporte se conoce en momentos en que visita el país una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar el respeto de las libertades fundamentales en el marco del estallido social y que este viernes tiene programado dar a conocer un avance de sus conclusiones.
En cuatro de los casos de muertes, esta es atribuible a agentes del Estado, mientras que otras dos personas fallecieron mientras se encontraban bajo custodia en comisarías, indica el reporte de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional.
En cuanto a las instituciones a las que apuntan como responsables, 4.170 víctimas denunciaron a Carabineros, rama que estos últimos días ha estado en el ojo del huracán por la muerte del hincha de Colo Colo Jorge Mora debido al atropello por parte de un camión policial, y está en medio del debate por una reforma a la institución. Hasta el momento hay 294 funcionarios de la institución que han sido individualizados.
Además, el Ejército suma 244 denuncias; la Policía de Investigaciones tiene 96; y otras 27 denuncias apuntan a funcionarios de la Armada de Chile.
En relación a los delitos cometidos por agentes del Estado, el informe detalla que 4.158 denuncias se relacionan al delito de apremios ilegítimos; 1.038 corresponden a abusos contra particulares y 134 casos de torturas.
Sobre el lugar en el que se cometieron los actos de violencia institucional, 3.798 personas indican que ocurrieron en la vía pública; otros 582 habrían sido perpetrados en comisarías, brigadas policiales o recintos militares. Adicionalmente, 72 personas denunciaron que los hechos habrían ocurrido al interior de sus domicilios particulares; 202 en carros policiales; y 79 en locales comerciales, entre otros.
En cuanto a la respuesta de la justicia en estos casos, durante la semana el Instituto Nacional de Derechos Humanos se quejó por el escaso avance de las causas. Sin embargo, el Ministerio Público asegura que actualmente existen 38 agentes del Estado formalizados por uno o más delitos.
La información detalla que de los más de cinco mil casos, 4.525 son hombres y 1.031, mujeres. De este mismo total, 4.719 son adultos y 834 son niños, niñas o adolescentes.
Respecto a las lesiones por armas de fuego, se señala que hasta el momento suman 1.938 víctimas, de las cuales 285 denunciaron daño ocular.
La mayoría de las violaciones a los Derechos Humanos las concentra la Región Metropolitana, con 2.650 víctimas. Valparaíso es la segunda región con mayor número de víctimas, con 776 y la sigue Biobío con 409 personas.
Entre el total de víctimas, 21 han acusado discriminación por pertenecer a diversidades sexuales, mientras que otras 19 se han identificado como mapuches. Respecto de las personas extranjeras víctimas de violencia institucional, el total asciende a 75 personas, que en su mayoría son ciudadanos colombianos, peruanos y venezolanos.
En aquellos casos relacionados a delitos de connotación sexual, y según la información entregada por las víctimas al momento de hacer la denuncia, 192 personas habrían sufrido desnudamientos; 67 habrían enfrentado hechos constitutivos de violación o abuso sexual; y 15, amenazas de cometer delitos sexuales en su contra.
