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Según datos de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap) de la PDI, desde 2017 a 2019 las víctimas de tráfico de migrantes pasaron de 27 a 376 afectados. La mayoría de ellos son extranjeros y especialmente mujeres, ya que la explotación sexual y laboral son los ilícitos que más se han registrado. Desde el Servicio Jesuita Migrante advierten que cuando se “obstaculiza el ingreso regular al país”, aumentan las posibilidades de caer en las redes de estas bandas, por lo que “las medidas administrativas no pueden estar por sobre los derechos humanos de las personas”.
Durante esta jornada, la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap) de la PDI, reveló que en los últimos tres años las víctimas por este tipo de delitos aumentaron en un 1.300%, siendo la explotación sexual y laboral las causas más comunes. Una situación calificada como «esclavitud moderna» por la policía civil.
Este radical incremento se relaciona con el alza de la inmigración durante el periodo indicado, considerando que desde 2017 a 2019, las víctimas de tráfico de migrantes aumentaron de 27 a 376 afectados. En tanto, los detenidos por este delito ascendieron de 11 a 32 durante el mismo tiempo, revela La Tercera.
La mayoría de las víctimas son extranjeros y especialmente mujeres, ya que la explotación sexual y laboral son los ilícitos que más se han registrado.
«Esto tiene que ver directamente con que son extranjeros que llegan a nuestro país, donde no tienen redes de apoyo ni familiares cercanos, y en situaciones en que se suma, además, una desconfianza en la autoridad y hacia la policía», explicó a ese medio el jefe de la Britrap, Giordano Lanzarini.
Desde el Servicio Jesuita Migrante (SJM) apuntan a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, señalando que cuando se “obstaculiza el ingreso regular al país”, aumenta la posibilidad de ser víctimas de bandas que se dedican a estos delitos. Por eso, el director de Incidencia y Estudios de la entidad, Juan Pablo Ramaciotti, advierte que “las medidas administrativas no pueden estar por sobre los derechos humanos de las personas”.
“Si ponemos barreras excesivas, sobre todo a personas que necesitan migrar por causas de crisis políticas o humanitarias, estamos poniéndolas en peligro de caer en estas redes. En eso un dato preocupante es que los últimos dos años se han multiplicado los ingresos por pasos no habilitados”, explicó.
Tras estos datos, con el fin de ayudar a las víctimas, se ha empleado un sistema de denuncias por el que se les garantiza la protección y la regularización de su situación legal en el país.
Uno de los casos desbaratados por la Britrap corresponde a noviembre de 2019, cuando fue descubierta una red internacional entre Chile y Colombia que traía mujeres desde Colombia para que ejercieran la prostitución
en las ciudades de Santiago, Temuco, Osorno y Puerto Montt. La operación identificó a 50 mujeres traídas a nuestro país, víctimas de esta red.
El modus operandi de esta banda consistía en que los líderes enviaban videos desde Chile ofreciendo una casa amplia para vivir en buenas condiciones con un buen salario. Sin embargo, al llegar eran engañadas, y estaban obligadas en una misma pieza, donde además debían atender a los clientes.
“A ellas las engañaban y se aprovechaban de su situación vulnerable, ya que no tenían redes y entraban como turistas, pero con el objetivo de ejercer la prostitución”, aseguró el comisario.
Además, un problema en la indagatoria de estos casos es que “las víctimas no se reconocen a ellas como víctimas”. De ahí que el jefe policial señale que “la trata de personas es la esclavitud moderna. Significa doblegar la voluntad de una persona para ejercer algún tipo de actividad en favor de otras personas”.
