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Según datos de la Defensoría Penal Pública, de los 186 menores de edad que quedaron en “internación provisoria”, entre octubre y diciembre de 2019, más de 50 son atribuibles a delitos cometidos bajo el contexto de protesta social. Hay casos en que han llegado a estar más de 70 días en prisión preventiva en centros del Sename. Una medida que, a juicio de abogados penalistas, ha sido utilizada como un “castigo” para los menores movilizados. Desde la Defensoría de la Niñez subrayaron que la medida se debe tomar “de manera excepcional y como último recurso”.
“Aquí estamos las mamás, todas unidas, todas juntas, no vamos a parar hasta que estén todos los niños libres», gritaban, en las afueras del Palacio de Tribunales, Margarita y Jimena, madres de dos menores de edad que –hasta el sábado recién pasado– se encontraban detenidos en un Centro de Internación Provisoria del Sename. Los dos, de 16 años, fueron detenidos en el contexto de la protesta social desatada desde octubre y estuvieron casi 70 días en “prisión preventiva”.
Según datos de la Defensoría Penal Pública entregados a El Mostrador por el jefe de la Unidad de Defensa Especializada, Pablo Aranda, desde el 18 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2019, se contabilizaron 4.080 causas contra menores, por distintos delitos. En 186 de esos casos, el tribunal determinó como medida precautoria la internación provisoria o “prisión preventiva” en un centro del Sename.
De los menores que fueron internados en el Sename, 55 fueron procesados por delitos atribuibles a la protesta social, como desórdenes públicos, maltrato de obra contra Carabineros, porte ilegal de armas, como bombas molotov, o colocación de artefacto explosivo.
Además, entre octubre, noviembre y diciembre la Defensoría Penal Pública registró 509 casos de jóvenes formalizados por desórdenes públicos, 4 de los cuales quedaron con internación provisoria en recintos del Sename. También hubo 9 formalizados por colocación de bomba o artefacto explosivo y 8 de ellos esperan la resolución del juicio en libertad, mientras que 1 menor quedó en internación provisoria.
[cita tipo=»destaque»]La idea de que medidas cautelares extremas como la internación provisoria fueran aplicadas con el objetivo de dar una señal a quienes se han manifestado desde octubre, ha sido una preocupación reiterada entre los abogados penalistas ligados al tema de los DDHH, en especial, en los casos que involucran a menores de edad. La abogada Quintanilla coincidió en cuanto a que las internaciones han sido una especie de castigo anticipado a la resolución del juicio: “Las medidas privativas de libertad que se les impuso a los adolescentes nos resultan totalmente desproporcionadas, es el mismo ordenamiento jurídico el que nos señala que la internación provisoria debe ser la última medida que el Estado debe imponer”.[/cita]
K.U. y M.S tienen 16 años, cursan 3° medio y son vecinos de La Bandera. Estuvieron más de dos meses recluidos en un Centro de Internación del Sename por ser considerados por la justicia “un peligro para la sociedad”. Fueron detenidos en el Intermodal de la Cisterna por efectivos de la PDI el 29 de noviembre, el Ministerio Público los acusa, bajo la Ley sobre Control Armas (17.798), por porte de elemento incendiario, que eran “un par de botellas, un encendedor y alcohol”, detallaron quienes conocen el caso, elementos que –según han declarado sus madres– habrían sido entregados por terceros a los jóvenes.
Margarita y Jimena, sus madres, levantaron una amplia cruzada para que ambos pudieran quedar en libertad a la espera de la resolución del juicio. Organizaron manifestaciones en las afueras de tribunales, asambleas, marchas, hasta levantaron una petición en Change.org que lleva casi 10 mil firmas de respaldo. El 2 de enero, el 11º Juzgado de Garantía de Santiago sustituyó las cautelares por arresto domiciliario total, pero el Ministerio Público apeló. Un mes después, el sábado 8 de febrero, la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la decisión del Juzgado de Garantía y ambos jóvenes pudieron volver a sus casas para reencontrarse con sus familias. Hoy están a la espera de que termine el juicio.
Otro caso es el de dos jóvenes dirigentes de Buin, que estuvieron más de 70 días en prisión preventiva en centros del Sename. El 4 de noviembre, J.C. y S.A. fueron detenidos por efectivos de Carabineros cuando iban camino a su casa, tras participar de las manifestaciones en la plaza de la comuna. Al día siguiente, fueron trasladados al Juzgado de Garantía de San Bernardo, el Ministerio Público los acusó de ser coautores de un incendio que afectó parte de la puerta de entrada de la municipalidad, hecho por el que arriesgan hasta diez años de cárcel.
El juez, al igual que en el caso de los jóvenes de La Bandera, determinó que J.C. y S.A. eran un peligro para la sociedad, dejándolos en Centros de Internación Provisoria del Sename, por los 100 días definidos para la investigación. Durante su internación, uno cerró anticipadamente su año escolar y el otro rindió la PSU junto a otros jóvenes del Sename.
Pese a la resistencia del Ministerio Público, el 22 de enero ambos adolescentes retornaron a sus hogares, tras haber estado 78 días recluidos, sufriendo aislamiento y, en el caso de J.C., siendo víctima de torturas mientras estaba en el calabozo del Juzgado de Garantía, según denunció en medio del juicio. Marlén Quintanilla, defensora pública del joven, aseguró que “los derechos de los menores, a juicio nuestro, se vulneraron desde el primer día” y que su representado fue sometido a “tratos prohibidos”, ya que habría sido desnudado y obligado a hacer sentadillas.
“Es el Gobierno opresor el que quiere castigar a mi hijo, no es la jueza, es el Gobierno que lo quiere castigar porque luchó”, dijo Jimena afuera de tribunales. «Son niños secuestrados por el Gobierno”, gritaba una mujer tras las cámaras que intentaban grabar un mosaico hecho por M.S., con la imagen de un ojo, símbolo de los cientos de heridos oculares en las manifestaciones.
La idea de que medidas cautelares extremas como la internación provisoria fueran aplicadas con el objetivo de dar una señal a quienes se han manifestado desde octubre, ha sido una preocupación reiterada entre los abogados penalistas ligados al tema de los DDHH, en especial, en los casos que involucran a menores de edad. La abogada Quintanilla coincidió en cuanto a que las internaciones han sido una especie de castigo anticipado a la resolución del juicio: “Las medidas privativas de libertad que se les impuso a los adolescentes nos resultan totalmente desproporcionadas, es el mismo ordenamiento jurídico el que nos señala que la internación provisoria debe ser la última medida que el Estado debe imponer”.
La abogada de la Defensoría Popular, María Magdalena Rivera, que representa al menor M.S., recordó que la Reforma Procesal Penal para el Control de Armas que promulgó Bachelet, en febrero de 2015, “no aplica para los adolescentes. Ya lo dije, aunque fueran condenados ellos debieran gozar de la presunción de inocencia”. Agregó que “la privación de libertad que ellos tienen hoy es un castigo político” y que “hay dos justicias, tenemos decenas de muertos, personas que han perdido la visión completa o parcial, personas torturadas, violadas y hasta hoy no conocemos a ningún responsable que esté en prisión preventiva”.
Desde la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores y Trabajadoras del Sename, Armetrase, consignaron que el Poder Judicial ha tendido a una doctrina “ejemplificadora» y que ese criterio «que han tenido el Ministerio de Justicia, los Tribunales, Fiscalía, también se replica en las autoridades del Sename”. Gonzalo Marín, parte de la asociación, agregó que lamentablemente el Estado está usando al Sename para “contener la demanda social”.
Afirmó que como trabajadores “se da con naturalidad una solidaridad para poder hacer lo más llevable la permanencia de esa internación provisoria. Pasa por relevar la condición humana de estos cabros, por propiciar que se entienda lo particular de su condición dentro de la rutina en un centro de internacion provisoria, pero es complejo, porque es un centro que funciona bajo el resguardo y la lógica de Gendarmería, lo que está cargado de violencia simbólica, es complejo y funcional a la visión del Estado”.
Desde la Defensoría de la Niñez subrayaron que “la privación de libertad de adolescentes debe ser una medida aplicada de manera excepcional y como último recurso, conforme lo exige la Convención sobre los Derechos del Niño y lo recomiendan las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de Beijing)”.
El organismo liderado por Patricia Muñoz precisó que “cualquier agente del Estado, dentro de los que por cierto se encuentran las y los fiscales del Ministerio Público y las y los jueces de la República, al momento de tomar una acción y/o decisión que afecte o pueda afectar a un niño, niña o adolescente, en cualquier ámbito de su vida, deberá tener como consideración primordial el interés superior de ella o él”.
Lo ocurrido en estos cuatro casos se expande a la realidad de más de 2.500 personas que han estado en prisión preventiva desde el 18 de octubre, según las cifras del Ministerio Público. Nicolás Toro, abogado del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, ha llevado causas bajo contexto de movilización social en los últimos años y reconoció que ha habido un cambio de doctrina desde el estallido social.
El abogado –que es parte de la Coordinadora 18 de Octubre– señaló que las cortes “nos están revocando todo, hay un cambio de criterio que afecta a las cortes y al Tribunal Constitucional, al que se acude para evitar la cárcel en ciertos casos. Mágicamente cambió el criterio. Antes del 18 de octubre, casos de menores con porte de armas, como bombas molotov, terminaban cumpliendo su condena hasta en libertad”.
Hizo hincapié en que este cambio de doctrina no es solo con los menores de edad, sino que con todas las personas, lo que “demuestra un uso político y un castigo antes de la condena”. Según Toro, a las medidas de internación provisoria y prisión preventiva se suma el uso de querellas por Ley de Seguridad del Estado contra menores.
Este nuevo enfoque también llamó la atención al interior del Ministerio Público. Fuentes de la Fiscalía recordaron que durante noviembre hubo “distintas presiones” desde el poder político para que “salieran resultados” en el ámbito judicial. Agregaron que en esa época se criticó la solicitud de algunas salidas alternativas, especialmente en casos de saqueos, lo que reforzó las miradas contra el Fiscal Nacional, Jorge Abbott.
“Había mucha presión”, destacaron desde el organismo persecutor. Dicho contexto podría haber llevado a endurecer “la posición de la Fiscalía” e insistir en la prisión preventiva para estos casos que involucran a menores de edad. El Mostrador consultó al Ministerio Público respecto a los casos de Buin y La Cisterna, pero no dieron respuesta al requerimiento.
En el Gobierno destacaron que “evidentemente había una atención mayor al funcionamiento de la justicia”, que entre octubre y noviembre se hizo “necesario endurecer ciertas penas para los delitos como saqueos”, con el objetivo de dar más herramientas a los fiscales. Pero recalcaron que “nunca hubo una presión indebida sobre el Ministerio Público”, aunque varias voces oficialistas criticaron al Fiscal Nacional.
Respecto a los casos de menores en internación provisoria, El Mostrador consultó al Ministerio del Interior, desde donde afirmaron que el Gobierno no interpuso querellas en los cuatro casos nombrados en este reportaje y que estos eran “por porte y lanzamiento de molotov”, a pesar que dos menores están por incendio. Puntualizaron que son los jueces los que dictan las medidas cautelares.
