PAÍS
Entre las medidas para Viña 2020, se había anunciado un trabajo de inteligencia basado en la revisión de los datos de los compradores de entradas, según fuentes del Ministerio de Interior. Una medida que desató polémica en redes sociales, ya que la Ley 19.625 protege los datos digitales de las personas. La empresa PuntoTicket, encargada de la venta de entradas para el evento, descartó haber entregado los datos de los asistentes, mientras que desde la cartera del Interior no han ratificado ni descartado la información. A juicio de especialistas en derechos digitales, la medida “viene a mostrar un gen autoritario del Gobierno, que no muestra ningún respeto con la protección de los datos personales”.
En La Moneda aseguran que han sacado cuentas alegres para febrero, dicen haber dejado atrás las complicaciones por el boicot al PSU, que han optado por ignorar el conflicto desatado tras la filtración de un audio del exdiputado Gustavo Hasbún que involucra al ministro de Economía, Lucas Palacios, en un posible caso de coimas, y que han logrado el objetivo de definir como un tema “entre privados” el conflicto y la violencia en las canchas, tras la muerte de un dirigente de la barra de Colo Colo, quien fue atropellado por un camión de Carabineros.
Según fuentes de Gobierno, la única gran preocupación en estos días, en que el ministro Gonzalo Blumel está de vacaciones, es el Festival de Viña y “todos los esfuerzos del Ministerio del Interior han estado puestos allí”. El Ministerio del Interior preparó un despliegue especial y anunció que estará a cargo de la seguridad dentro y fuera del recinto, a través de funcionarios de Carabineros y la PDI. Por otra parte, la alcaldesa Virginia Reginato anunció la prohibición de pancartas en el público y se le entregará una especie de distintivo a los vecinos de la Quinta, para que puedan circular por el sector.
El viernes 14 de febrero, en una nota de Revista Capital, se detalló que hasta se están realizando “procesos de inteligencia previos”, a través de la revisión de bases de datos creadas a partir de la compra por internet de las entradas. “Es posible verificar, identificar y hacer seguimiento a personas que podrían afectar el orden público”, puntualizó un funcionario de Interior a la revista.
Una medida que llamó la atención entre los especialistas en datos digitales, ya que para que el Ministerio del Interior pudiera hacer ese trabajo de inteligencia tendría que haber contado con una orden judicial para acceder a las bases de datos –protegidos por la Ley 19.628– de la empresa Punto Ticket S.A., encargada de vender las entradas al Festival de Viña 2020. La otra opción era que los especialistas de Interior hackearan los sistemas de PuntoTicket, o que la propia empresa –de forma ilegal– haya facilitado dicha información, opción que ha sido completamente descartada.
La señalada empresa, a través de un comunicado, manifestó que “nos vemos en la obligación de informar y comunicar a todos nuestros consumidores que PuntoTicket S.A. por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, ha transgredido la Protección de Datos de Carácter Personal, normada por la Ley 19.628”.
En el texto, publicado en su cuenta de Twitter, @puntoticket, enfatiza que “no ha entregado ningún dato personal de los asistentes a Viña del Mar 2020, ya que respeta la normativa legal vigente, lo que además, se informa de forma clara, veraz y oportuna a los consumidores en el ítem técnico 13° de Política y Privacidad”.
En el Gobierno temen que esta información “extraoficial que obtuvo Revista Capital” sea un caso similar a lo ocurrido con el Informe de Big Data, anunciado con bombos y platillos por el ministro Blumel. Destacan que el jefe de la cartera “ahora está de vacaciones” y que es una información que se debe “aclarar” para evitar que se desate una nueva polémica.
El Mostrador se contactó con el Ministerio del Interior, consultó respecto a la información publicada, pero no recibió respuesta.
El abogado Pablo Viollier, miembro de la Fundación Derechos Digitales, fue uno de los primeros en prender la alarma en redes sociales. “No solo van a censurar pancartas y prohibir el humor político. También van a vigilar a las personas que asisten y ‘hacer un trabajo de inteligencia’ porque compraron las entradas por Internet. El gen autoritario de este Gobierno sale a la luz”, sostuvo en su cuenta de Twitter.
En conversación con El Mostrador, el académico de la Universidad Diego Portales explica que “el Ministerio del Interior puede acceder a estos datos de tres formas. Una es ‘directamente’, es decir, ellos consiguiéndoselas o teniendo las capacidades para obtener esos datos, esa es la impresión que da al leer la nota de Revista Capital, ya que dicen que al vender las entradas por internet se puede hacer seguimiento, pues queda registro, lo que es muy difícil”.
Agrega que, tras revisar la página de PuntoTicket, se percató que ellos usan HTTPS, “que es un protocolo de cifrado que establece un mecanismo criptográfico para que la comunicación entre el sitio web y el usuario viaje cifrada, debido a esto, un tercero no podría tener acceso a dichas transacciones”.
Por ello, le “parece muy difícil que el Ministerio del Interior, por sus propios medios, pueda obtener acceso a esas transacciones y hacer un trabajo de inteligencia con aquellos que compraron su entrada a Viña”.
Añade que las otras dos opciones son a través de la aplicación del Código Penal, al interior de una causa abierta respecto a una persona determinada, además, deben existir antecedentes concretos “de que esa persona ha participado o se apronta a participar de un crimen”.
Viollier indica que otra posibilidad es que hayan acudido a la Ley de Inteligencia, “que hayan asistido a la Corte de Apelaciones y esta haya dado permiso judicial» al respecto, en cuyo caso la información de esa solicitud es secreta, por lo que se podría repetir el argumento dado con el controvertido Informe de Big Data.
El abogado destaca que la situación “muestra un muy bajo compromiso del Estado con los derechos digitales” y que esta iniciativa de trabajo de inteligencia con los datos de compra “viene a mostrar un gen autoritario del Gobierno, que no muestra ningún respeto con la protección de los datos personales”.
