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Crédito: Agencia UNO
Las declaraciones de Espina se contraponen a los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos que al 30 de noviembre había presentado un total de 33 querellas por torturas y tratos crueles, con participación de algún miembro de las Fuerzas Armadas por hechos ocurridos durante el estado de emergencia. Por otro lado, el ministro también se sumó a los llamados del Presidente a la Cámara de Diputados y emplazó a la oposición para despachar la reforma constitucional que deja en manos de las FF.AA. el resguardo de la infraestructura crítica sin necesidad de decretar el estado de excepción, la que calificó como “una opción intermedia”. [ACTUALIZADA]
El ministro de Defensa Alberto Espina volvió a poner las manos al fuego por el comportamiento del personal de Fuerzas Armadas durante el estallido social, señalando –en entrevista con T13 Radio– que “las FF.AA. no tuvieron casos de violación a los Derechos Humanos, y cumplieron rigurosamente los protocolos de reglas del uso de la fuerza».
Las declaraciones de Espina sobre FF.AA. y violaciones de DDHH, en todo caso, se contraponen a lo expresado en algunos informes, como el de Amnistía Internacional, que dio cuenta de una «política de ataques generalizados contra manifestantes», un reporte que en su oportunidad fue rechazado en un comunicado conjunto por las tres ramas castrenses.
Sus dichos tampoco coinciden con los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Si bien el grueso de las acciones judiciales apunta a Carabineros, al 30 de noviembre la entidad también había presentado 33 querellas por torturas y tratos crueles, por la participación de algún miembro de las Fuerzas Armadas que se desplegaron en el estado de emergencia que rigió en el país desde el viernes 18 hasta el domingo 27 de octubre.
Asimismo, durante el estallido, tanto el INDH como la Fiscalía contabilizaron al menos tres muertos por acción de las Fuerzas Armadas, como ocurrió con Kevin Gómez y Romario Veloz (ambos en la Región de Coquimbo) y Manuel Rebolledo (atropellado por un camión de la Armada en Talcahuano), por los cuales el INDH ha presentado las querellas respectivas.
Espina hizo estas declaraciones en plena discusión sobre el nuevo protocolo de reglas del uso de la fuerza para las FF.AA. –que la Contraloría ya le dio la toma de razón– y el controvertido proyecto de ley de infraestructura crítica que autoriza las operaciones de las ramas castrenses sin necesidad de decretar estado de excepción, y que el Presidente Sebastián Piñera pidió al Congreso aprobar ahora en marzo.
Espina también se sumó a los llamados del Mandatario de despachar esta reforma constitucional –que ya pasó la valla del Senado en enero y ahora debe ser vista en la Cámara de Diputados–, la que calificó como “una opción intermedia”.
Espina dijo que el proyecto busca “modernizar la legislación chilena, mantener el orden público en manos de Carabineros” y deja el resguardo de “empresas o servicios de utilidad pública” como atribución de las FF.AA.
“La idea es que se pueda liberar a más de 1.200 carabineros resguardando parte de la infraestructura crítica que pudiera ser atacada, incluso para afectar a impedir que se realice el plebiscito”, dijo, jugando la carta de la violencia previa al 26 de abril.
En este sentido, emplazó a la oposición, señalando que “si no colabora para que estas medidas salgan, este es un tema de nunca acabar, porque no tenemos los votos suficientes para aprobarlo».
En cuanto al ataque el monumento de las Glorias Navales, registrado el sábado pasado en Valparaíso, Espina lo calificó como un “atentado”, respaldó los dichos del comandante en Jefe de la Armada, Julio Leiva, y recordó que los implicados arriesgan “una pena que va de los 541 días a 5 años de cárcel».
«La Armada tiene el deber de protegerlo, incluso usando sus armas de fuego si se llega al extremo que lo justifique», afirmó.
