PAÍS
Desde Palacio aseguraron que no existe holgura fiscal como para pensar en una mayor profundización de la agenda social y menos en una 3.0, que el paquete legislativo presentado por el Mandatario en medio del estallido “es lo que hay” y «no hay más». Asimismo, existe la convicción en el Ejecutivo respecto a que, independientemente de las modificaciones que se pudieran hacer o no en esta materia, estas ya no tendrían la capacidad de modificar la temperatura del ambiente, pues, a juicio del Gobierno, “el moderado ya no está en la calle”. Por último, el Jefe de Estado habría hecho saber a cierto sector del oficialismo que aboga por profundizar los temas sociales para recuperar el camino, que La Moneda “ya hizo su parte de la propuesta” y que eventuales cambios estructurales pertenecerían a sede constituyente.
El 22 de octubre, a cuatro días de desatado el estallido social, el Presidente Sebastián Piñera, en un gesto de humildad y reconocimiento –en medio del fragor que se vivía en las calles del país– apareció en cadena nacional a pedir disculpas por “la falta de visión” que habrían tenido todos los gobiernos desde el retorno a la democracia. Acto seguido, anunció la agenda social que buscaría entregar respuestas a una ciudadanía cada vez más desconfiada de la institucionalidad. En ese entonces, la medida fue asumida como un primer paso en la materia; cuatro meses después anunciado ese paso, no se ha terminado de dar y ya se descartó que haya otro.
Con los ojos puestos en la seguridad y el orden público para este comienzo de marzo, que el oficialismo prevé intenso, en La Moneda se apresuraron a notificar a sus ministros que no habrá anuncios nuevos que vayan en la dirección de profundizar la agenda social. El mensaje es claro y no deja espacio a la duda: la holgura fiscal es «casi nula» y está descartado que el Ejecutivo esté pensando en una Agenda 3.0. En materia social, «es lo que hay» y «no hay más», fue el categórico recado.
Ante las presiones de cierto sector del oficialismo que aún aboga por una mirada más profunda en la materia como antídoto para la violencia, la respuesta que La Moneda se ha encargado de hacer saber es que “el Gobierno ya hizo su parte”, y ahora queda maniobrar con lo puesto sobre la mesa. En el Ejecutivo existe la convicción de que nada de lo que se haga en ese ámbito, a estas alturas, va a cambiar la temperatura, puesto que “el moderado ya no está en la calle”.
Para el académico de la UDP, Hugo Herrera, esta visión del Gobierno, respecto a que «a estas alturas nada modificará la temperatura de la calle», puede ser no del todo cierta, porque profundizar los temas sociales en los que el Estado está en deuda, sí podría ayudar a «la lenta tarea de recuperación de la legitimidad de la institucionalidad. Un consenso amplio sobre un conjunto de medidas sociales fundamentales, al que en el mediano plazo se una un consenso amplio sobre una nueva Constitución, permitiría discernir con claridad a aquellos que tienen lealtad con los principios de la República y el modo de vida democrático, y a aquellos que, o bien defienden intereses sectoriales, o bien son sediciosamente revolucionarios”.
Otro de los factores que explican esta determinación –que los inquilinos de Palacio difícilmente confesarán en público– y que los empuja a tomar decisiones sin mucho margen para la deliberación, es la “presión indebida” al Gobierno que ejercen los sectores más conservadores de Chile Vamos, que ven en la agenda social “el entreguismo” del Ejecutivo “a la izquierda”. Autoridades cercanas el Mandatario han reconocido, en más de una ocasión, lo incómodo que se ha transformado para el Jefe de Estado este tipo de convivencia con los suyos.
Pero presiones más, presiones menos, de igual manera el Gobierno ya dio por finalizada la discusión en torno a eventuales modificaciones, que revistan un carácter estructural en cualquiera de sus agendas que corren en paralelo en el Congreso. Para La Moneda, este debate ya no tiene cabida institucional y señalaron entender que lo mejor es que cualquiera de este tipo de iniciativas se radique en sede constituyente, porque ya no tienen cabida en la agenda gubernamental.
Desde un sector transversal de Renovación Nacional, que incluye a personeros que apoyan tanto la opción Rechazo como la del Apruebo, han señalado no estar conformes con la disposición de la administración piñerista, pues dicen estar convencidos de que la agenda social sigue siendo una herramienta de vasto poder para cambiar el complejo escenario que hoy se vive. Los mismos, aseguraron que el Gobierno ha sido incapaz de dimensionar lo que realmente está sucediendo y que lo único que ven desde las ventanas de Palacio son a los violentistas, no a quienes de verdad sienten que se necesita un cambio más profundo “y que no son todos de izquierda”.
Por ahora, la reforma a las pensiones es lo que está más próximo en la mira del Gobierno y en relación con los cual se va a insistir sí o sí. Si bien de parte del Ejecutivo reconocen que aún existe margen de negociación para satisfacer las demandas de los senadores DC, “quienes estarían más llanos a que se apruebe en marzo”, en RN no van a renunciar a insistirle al Gobierno que priorice sus propias demandas. El proyecto por el que se la van a jugar es el que busca la condonación en ciertos escenarios de las deudas estudiantiles, y el que considera un costo de US $1.200 millones a pagarse una sola vez. En Palacio están al tanto de aquello, pero no existiría la disposición a “seguir cediendo”.
A los ojos del analista Tomás Duval, «el Gobierno ha tomado la agenda social siguiendo, por una parte, el mismo esquema político anterior al 18-O, es decir, negociado votos para sacar adelante aspectos de la reforma que no necesariamente son los importantes para las personas». En este sentido, agregó que “el Gobierno debiese, en una reforma, apostar más en lo político y en profundidad. Por ejemplo, de poco valen 5 mil pesos más a un jubilado, políticamente hablando. En esos espacios, el Gobierno tiene oportunidades para desplegar su agenda social”.
Respecto de los avances legislativos de la agenda social, esta camina en cinco ítems que se separan en Reformas Sociales, Seguridad y paz social, Mejor salud, Más justicia y Menos privilegios, y Apoyo a las pymes.
De los 31 proyectos comprometidos, 13 han sido aprobados en su totalidad, destacando el de congelamiento del alza de tarifa de Metro; aumento de pensión básica solidaria y aporte previsional solidario; el proyecto de ley Consultorio Seguro; Intermediación de Cenabast para compras de farmacias independientes; término a la discriminación en Isapres entre hombres y mujeres; y uno que causó escozor en su sector, como es el de impuesto al patrimonio inmobiliario.
Los proyectos que presentan el menor estado de avance son el de rebaja del 50% del transporte público para mayores de 65 años, condonación de multa e intereses a los deudores del CAE, creación de la Defensoría de las Víctimas y el fortalecimiento del Fondo Común Municipal.
Para el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, “la conducta de la administración Piñera en relación con estos temas, no hace sino confirmar la percepción ciudadana acerca de que está de lado de los poderosos y defiende permanentemente sus intereses. Son este tipo de conductas políticas la que distancian al Gobierno de una ciudadanía que desconfía de Piñera. La desconfianza es uno de los factores clave en la actual crisis de legitimidad. Las decisiones de política pública del Gobierno están siempre siendo objeto de desconfianza”.
Herrera, en este sentido, cree que “el Gobierno debiese apuntar a generar amplios consensos entre las fuerzas moderadas y más razonables en una agenda de reformas económico-sociales de carácter estructural. Probablemente ni Kast ni el Partido Comunista estarán adentro, pero es fundamental que a esos acuerdos concurran partes importantes de la oposición. En ese sentido, el Gobierno debe abrir espacios a la negociación”.
Desde octubre a la fecha, otra de las discusiones que se ha instalado es cuán cargada está la aguja respecto de la agenda antidelincuencia por sobre la agenda antiabuso.
En términos simbólicos, y como se lo han hechos saber al Ejecutivo desde su propio sector, no sería una buena señal el empeño que se le puso a la ley antiencapuchados –la que se encuentra vigente– y, por el contrario, la desidia que existe con el proyecto de ley anunciado por el propio Mandatario, respecto del aumento de las penas a los delitos de cuello y corbata, el que no se halla aún siquiera en papel.
Las razones que se han entregado al interior de la sede de Gobierno no han sido del todo convincentes, pues no pasan más allá del tradicional “se está trabajando en el tema”, una situación que fue calificada de insatisfactoria desde Chile Vamos, pues entienden la importancia de las señales en un contexto como el que se vive.
