El acuerdo entre la empresa Aes Gener con los sindicatos de pescadores de la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, fue criticado transversalmente por el mundo político. La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, sostuvo que «ningún acuerdo entre privados puede eximir a nadie de sus responsabilidades». Crítica compartida por el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien pidió a los habitantes «que no se produzcan silencios respecto del daño al medio ambiente que se está introduciendo en la comuna». AES Gener –en cuyo directorio figura Daniel Fernández Koprich, alto ejecutivo y exdirector de empresas del Estado y Ricardo Falú, en su calidad de gerente general– es la segunda mayor generadora de energía del país y, a través de su filial en Chile, Inversiones Cachagua Limitada, pertenece a la multinacional AES Corporation, con negocios en los cinco continentes y oficinas centrales en Estados Unidos. Hace unos años, la compañía estaba ubicada en el número 151 del listado Fortune 500 –de la revista Fortune–, donde figuran las empresas estadounidenses de capital abierto con mayor peso.
Impacto causó el reportaje de El Mostrador en donde se reveló un acuerdo mordaza que realizó la empresa Aes Gener –dueña de cuatro termoeléctricas en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví– con los miembros de distintos sindicatos de pescadores artesanales del lugar, para que se desistieran de continuar con una demanda civil que buscaba la reparación por la contaminación de las aguas producto de los frecuentes varamientos de carbón.
Por una acotada suma de dinero, a repartir en tres pagos de aquí al 2024 (no más de $4 millones en cinco años, mientras los honorarios del abogado César Barra, representante de los pescadores, y ligado al Partido Socialista, ascendían a cerca de $500 millones), los pescadores acordaron renunciar a la posibilidad de recibir todo tipo de indemnización adicional, no solo por los daños producidos por los efectos de los varamientos en el presente, sino además por todos los que podría causar este tipo de contaminación en el futuro y que afectaren no solo a los firmantes, también a sus familiares, socios, parientes lejanos y hasta amigos.
Las reacciones a este acuerdo no se hicieron esperar. La que lideró las críticas fue la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien a través de su cuenta de Twitter dijo que «ningún acuerdo entre privados puede eximir a nadie de sus responsabilidades o impedir que como Gobierno fiscalicemos con celo el correcto cumplimento de nuestro Plan de Prevención y Descontaminación o la normativa medioambiental».
«La superintendencia del Medio Ambiente seguirá asegurando el cumplimiento de la Normativa Ambiental mediante una fiscalización y sanción junto a los Tribunales Ambientales», agregó.
Por su parte, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, no solo apuntó a la responsabilidad de Aes Gener sino que también al rol del abogado César Barra, quien es presidente regional del PS.
A su juicio, este tipo de acuerdos mordaza son «prácticas empresariales que cortan la democracia. Es un abuso de posición de poder ante la pasividad de un Estado de normas ambientales que no garantizan derechos sociales a las personas y permiten que las empresas jueguen con la vulnerabilidad en un Chile que no protege a los pescadores artesanales y a los habitantes de zonas de sacrificio».
«En ya dos comisiones investigadoras se ha señalado que el Estado no ha cumplido su deber ante la contaminación en Quintero y Puchuncaví. Hay un fallo de la Corte Suprema que obliga a proteger a los niños en la zona de sacrificio. Pero nuevamente vemos cómo esto para las empresas es un simple problema de rentabilidad y de acuerdo entre privados. Es un fracaso de un Estado que está al servicio de las grandes corporaciones», agregó.
Sobre la labor de César Barra, Ibáñez calificó de «inconcebible que el presidente regional del PS esté llenándose los bolsillos negociando impunidad para Aes Gener. Termina siendo el mejor empleado para Aes Gener para evitar futuras demandas de la comunidad por la contaminación». También anunció que como dirección regional de CS tomarán “medidas en torno a las relaciones políticas de coordinación dentro de la oposición con el PS”.
El senador RD Juan Ignacio Latorre calificó «estas malas prácticas de la empresa Aes Gener que busca comprar silencio, que busca prevenir el poder reparar o indemnizar a los afectados en las zonas de sacrificio», como una señal de que ellos reconocen que «contaminan y han afectado gravemente la salud de las zonas de sacrificio, pero comprar silencio de tal manera que les salga más barato seguir contaminando».
«Me parece que es una mala práctica empresarial, es aprovecharse de la vulnerabilidad de la gente y me parece que es un argumento para pedir el cierre de las termoeléctricas de carbón», agregó.
El senador por la Región de Valparaíso, Francisco Chahuán, ya había advertido irregularidades de Aes Gener. De hecho, ya había interpuesto un recurso de protección debido al varamiento de carbón que realizó la empresa en el sector. Por eso, para él, este acuerdo mordaza que realizaron no le extraña, por lo que insistirá en su recurso: «Creemos que, sin lugar a dudas, acá tienen que establecerse todas y cada una de las responsabilidades respecto a los vertimientos que ha habido de carbón en la bahía de Ventanas. Lo que no puede ocurrir es que finalmente estos queden en la impunidad».
«Los vertimientos de carbón no pueden quedar en la impunidad. Por eso esperamos que el recurso de protección, tal como ha ocurrido con nuestro recurso de protección en contra de Enap, que terminó con un fallo emblemático de la Corte Suprema, finalmente establezca las responsabilidades, la relación de causalidad y también cómo remediar el daño al medio ambiente que se ha producido en la bahía de Ventanas. En ese sentido, nosotros vamos a persistir y esperamos que llegue hasta las últimas consecuencias para los efectos que se establezca esa responsabilidad», dijo a El Mostrador.
«Espero que los pescadores artesanales y la comunidad de Ventanas entiendan que acá tenemos que establecer las condiciones para terminar con los daños al medio ambiente y restablecer el derecho de los puchuncavinos a vivir en un ambiente libre de contaminación», agregó.
Sobre este pacto de silencio, Chahuán dijo que «no es adecuado que haya pactos de silencio. Por el contrario, acá creemos que cada voluntad de la empresa debe ser llegar a las últimas consecuencias para los efectos de poder clarificar las responsabilidades. Por tanto, a mí me importa que la comunidad y que los pescadores artesanales estén atentos finalmente para que no se produzcan silencios respectos del daño al medio ambiente que se está introduciendo en la comuna».
Si bien la empresa Aes Gener es reconocida como la dueña de cuatro termoeléctricas de carbón en las zonas de sacrificio, poco se sabe sobre su conformación directiva.
El 2014, El Mostrador ya adelantaba que «Aes Gener es la segunda mayor generadora de energía del país y, a través de su filial en Chile, Inversiones Cachagua Limitada, pertenece a la multinacional AES Corporation, con negocios en los cinco continentes y oficinas centrales en Estados Unidos».
Además, de acuerdo a su sitio web, ese año la empresa extranjera estaba ubicada en el número 151 del listado Fortune 500 –de la revista Fortune–, donde figuran las compañías estadounidenses de capital abierto con mayor peso.
En la actualidad, la firma norteamericana tiene en Chile su sede matriz para América Latina. El 2018 se hizo oficial este anuncio, el que consideraba que la nueva unidad, AES Sudamérica, esté por sobre AES Gener. Esta unidad es un símil de AES Andes, unidad que sumaba a Chile, Colombia y Argentina y que ahora integra también a Brasil, que desaparecerá como unidad aparte. AES Corp ostenta el 66,7% de la propiedad de AES Gener (equivalentes a 5.603.012.701 acciones) a través de Inversiones Cachagua SpA. El 2014, ese porcentaje era de 70,4%, como sale su última actualización en su sitio web. El que le sigue en el listado de accionistas es un grupo de inversionistas a través del Banco Itaú, pero muy lejos en porcentaje, ya que son dueños del 3,46% de las acciones.
Esta nueva estructura organizacional estuvo liderada desde el 2018 por Manuel Pérez Dubuc. En la actualidad, como presidente aparece, según datos de la Comisión de Mercado Financiero, Julian Nebrada.
En tanto, Aes Corp, matriz de Aes Gener, es propiedad de The Vanguard Group, con un 13,21%, Capital Research & Management, con un 11,03% y S SgA Funds Management, con un 5,2%.
Julian Nebreda Márquez es el presidente; Radovan Razmilic Tomicic, Gonzalo Parot, Daniel Fernández, Gustavo Pimenta, Bernerd Da Santos y Arminio Borjas, son directores. Los tres últimos son extranjeros, según datos de la CMF.
La composición actual de gerentes, según datos de la CMF, son Kleber Costa, ejecutivo principal extranjero que ocupa el cargo de vicepresidente comercial; Ricardo Falú, gerente general; Ricardo Silvarinho, vicepresidente de recursos humanos; María Paz Cerda, vicepresidenta de asuntos legales; Ricardo Roizen, vicepresidente de finanzas corporativas; Vicente Giorgio, vicepresidente de operaciones; y Jorge Amiano, vicepresidente de desarrollo de negocios.
Entre sus directores destaca Daniel Fernández Koprich, colaborador de varios gobiernos de la Concertación como ejecutivo de empresas de propiedad del Estado. Se desempeñó como director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile (TVN), como gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), gerente general del Complejo Portuario Mejillones S.A, y como presidente del Directorio de Metro S.A.
Posteriormente ejerció como vicepresidente ejecutivo de HidroAysén y también como director en Puertos y Logística del grupo Matte.