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La dirigente del Movimiento Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero y Puchuncaví, Kata Alonso, aseguró que es habitual que las empresas lleguen a este tipo de acuerdos, calificándolo de «vergonzoso». «Esto es una práctica habitual, vergonzosa, absolutamente falta de ética. Nosotros creemos que está coludido el abogado con la empresa, porque la empresa con la comunidad no ha tenido ningún respeto». La semana pasada, El Mostrador dio a conocer el acuerdo mordaza de Aes Gener, a través del cual la empresa, dueña de cuatro termoeléctricas en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví– llegó a un acuerdo con los miembros de distintos sindicatos de pescadores artesanales del lugar, para que se desistieran de continuar con una demanda civil que buscaba la reparación por la contaminación de las aguas producto de los frecuentes varamientos de carbón.
Organizaciones medioambientales de Quintero rechazaron el «acuerdo mordaza» entre AES Gener y un grupo de pescadores artesanales para retirar las acciones judiciales en contra de la empresa, luego que el Sindicato de Pescadores confirmara el primer pago de la compañía por un monto de 1 millón 150 mil pesos.
Ante ello, la dirigente del Movimiento Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero y Puchuncaví, Kata Alonso, aseguró en Biobío que es habitual que las empresas lleguen a este tipo de acuerdos, calificándolo de «vergonzoso». «Esto es una práctica habitual, vergonzosa, absolutamente falta de ética. Nosotros creemos que está coludido el abogado con la empresa, porque la empresa con la comunidad no ha tenido ningún respeto».
Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, señaló que el actuar de la empresa ha sido «pésimo». «Me parece que es pésimo el actuar de las empresas cuando tratan de comprar a las comunidades. Que una comunidad llegue a un acuerdo con una empresa devela que los gobiernos han sido incapaces de fiscalizar a las empresas».
En tanto, la presidenta del consejo consultivo del Hospital Adriana Castillo, María Araya, dijo entender a los pescadores que participaron del acuerdo, ya que es su fuente laboral, pero criticó a la empresa al señalar que ésta olvida los perjuicios que genera a la salud de las personas. «Si bien es cierto esta demanda fue abarcar hasta 600 personas, que es una mugre de plata lo que le están dando, se olvidan aquí que el daño no se lo hacen a esas 600 personas, sino que a dos comunas en general en temas de salud. Para mí es injusto el acuerdo».
La semana pasada, El Mostrador dio a conocer el acuerdo mordaza de Aes Gener, a través del cual la empresa, dueña de cuatro termoeléctricas en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví– llegó a un acuerdo con los miembros de distintos sindicatos de pescadores artesanales del lugar, para que se desistieran de continuar con una demanda civil que buscaba la reparación por la contaminación de las aguas producto de los frecuentes varamientos de carbón.
Por una acotada suma de dinero, a repartir en tres pagos de aquí al 2024 (no más de $4 millones en cinco años, mientras los honorarios del abogado César Barra y sus socios ascendían a cerca de $500 millones), los pescadores acordaron renunciar a la posibilidad de recibir todo tipo de indemnización adicional, no solo por los daños producidos por los efectos de los varamientos en el presente, sino además por todos los que podría causar este tipo de contaminación en el futuro y que afectaren no solo a los firmantes, también a sus familiares, socios, parientes lejanos y hasta amigos. Respecto de la cláusula, Aes Gener sostiene que no puede referirse a ella, debido a que forma parte de un contrato de confidencialidad.
