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Crédito: Agencia UNO
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos cuestionó el accionar de la institución policial al mantener en funciones a los responsables de la pérdida de visión de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica. Criticó que Carabineros mida con distinta vara los hechos de violaciones de DDHH y recordó que, en el caso de la comisaría de Puente Alto, los funcionarios involucrados en una brutal golpiza a un joven fueron inmediatamente dados de baja y la unidad policial intervenida, mientras que con Gatica y Campillai, la institución optó por “no hacer nada”, siendo que se trata de hechos “aún más graves”. “Y esto causa conmoción pública”, apuntó.
La frase del general director de Carabineros, Mario Rozas, respecto a que los efectivos implicados en los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai siguen “cumpliendo funciones”, causó escozor en el mundo de los Derechos Humanos, donde apuntaron a la falta de un criterio común de la institución policial para actuar frente a estos emblemáticos hechos de violaciones de los Derechos Humanos surgidos en el contexto del estallido social.
Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuestionó el accionar de la institución policial, y fue enfático en señalar que un “carabinero involucrado en violaciones a los Derechos Humanos no debe seguir cumpliendo funciones operativas en la calle”.
“Estamos extrañados, confundidos, quisiéramos que Carabineros fijara un solo criterio por razones de seguridad jurídica y por razones de confianza pública, en la cual el propio cuerpo de Carabineros debiera estar interesado”, dijo el funcionario.
Micco explicó que cuando un carabinero es acusado de violar gravemente los Derechos Humanos, debe iniciar una investigación sumaria y las alternativas son, por una parte, dar de baja y proceder a la investigación administrativa correspondiente, y si esta es favorable al efectivo, reintegrarlo. La segunda es redestinar. Una tercera opción es suspender. La cuarta es “no hacer nada”, dijo.
En el caso puntual de lo sucedido con Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, Micco sostuvo que “pareciera que se optó por la cuarta, que es la peor de todas, porque esto causa conmoción pública y produce eso que los chilenos no queremos seguir sintiendo: miedo y desazón”.
Para graficar esta falta de criterio uniforme en la institución que comanda Mario Rozas, el director del INDH recordó el caso de Puente Alto, donde los funcionarios involucrados en una brutal golpiza a un joven fueron inmediatamente dados de baja y la 20° Comisaría intervenida.
“En el caso de Puente Alto, Carabineros dio de baja, pero se inicia un proceso administrativo que, si demuestra que si esos carabineros no cometieron ningún ilícito administrativo, es decir, cumplieron los protocolos, esos carabineros son reintegrados a su funciones. Ese es el modo de actuación de los carabineros en el caso de Puente Alto, eso es absolutamente legal y no afecta el principio de inocencia”, remarcó. Lo que llama la atención –dijo Micco– es que en los casos de Gatica y Campillai, que son aún “más graves, no se tomen las mismas medidas”.
Fabiola Campillai quedó ciega por el impacto de una granada de gas, en un operativo de Carabineros cuando se dirigía a su trabajo el día 26 de noviembre en San Bernardo. Gustavo Gatica, en tanto, terminó con perdigones en sus dos ojos mientras tomaba fotografías en los alrededores de lo que hoy se conoce como Plaza de la Dignidad, el viernes 8 del mismo mes.
En este contexto, Micco también llamó a que haya justicia en estos y otros casos. “El debido proceso supone una serie de tiempo para hacer justicia, pero en situaciones tan graves como las ocurridas desde 18 de octubre, el INDH una y mil veces ha pedido que haya verdad, justicia y reparación lo más pronto posible porque, si no, la alarma pública es muy grande y nuestro sistema democrático de derecho es objeto de críticas”.
“Tenemos plena confianza en la Fiscalía, en los tribunales, que van a hacer verdad, justicia y reparación, pero hay una cuestión de tiempo, de oportunidad, y el instituto en eso pide la mayor celeridad posible, obviamente dentro del marco de la Constitución y las leyes”, remarcó.
De acuerdo a los señalado por el general director de la institución, Carabineros tiene identificados a quienes participaron de ambos procedimientos, pero no a los autores. «Están registrados los que procedieron, no los que cometieron la infracción. Están registrados los que participaron en el lugar y están a disposición del Ministerio Público. Son en un caso 15 carabineros y 20 carabineros (en el otro), todos están a disposición del Ministerio Público», dijo hoy en la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Micco también comentó otra de las declaraciones que Rozas hizo en la comisión y que causaron polémica, cuando señaló que asociaciones de Derechos Humanos les dijeron a las víctimas que no hiciesen declaraciones en los procesos administrativos llevados a cabo por Carabineros.
“La verdad de las cosas es que el INDH tiene la siguiente experiencia: recibimos las denuncias, nos dan sus nombres y direcciones, pero nos piden expresamente que no se las entreguemos a los agentes estatales que violentaron sus Derechos Humanos”, dijo Micco.
A juicio del director del INDH, “nosotros le hemos pedido a Carabineros que no se acerquen a las víctimas al momento de realizar estas investigaciones administrativas, porque eso produce una revictimización y para efectos de tomar declaraciones y avanzar en investigación sumarias, que en estos casos se haga en coordinación con el Ministerio Público”.
Por ejemplo, dice Micco, “muchos jóvenes han recibido perdigones, pero no van a hacer las denuncias porque no confían en el sistema”.
