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«Seguimos recibiendo alegaciones sobre vulneración de derechos en Chile», dijo el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab.
La ONU denunció que se siguen violando los derechos humanos de los manifestantes en Chile y que el Estado prácticamente no ha cumplido con ninguna de las 21 recomendaciones que el organismo le hizo hace tres meses.
«Seguimos recibiendo alegaciones sobre vulneración de derechos en Chile», dijo el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab.
En un informe publicado el pasado diciembre tras una visita de varios días al país, el ACNUDH recomendó al Estado desarrollar nuevos protocolos policiales para garantizar el uso adecuado de la fuerza, proteger el rol de los defensoras de derechos humanos o crear un mecanismo de seguimiento integrado por la sociedad civil y expertos independientes, entre otras cuestiones.
«Hacemos un llamado a todas las autoridades, sobre todo aquellas con responsabilidad directa en derechos humanos, a redoblar sus esfuerzos para implementar de forma efectiva las recomendaciones del informe, así como cualquier medida orientada a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en Chile», apuntó Jarab.
Chile vive su convulsión social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó el pasado octubre como un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de la capital para protestar contra el aumento de la tarifa y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.
La ola de protestas, que han bajado de intensidad con respecto a las manifestaciones masivas de los primeros meses, ya ha dejado más de una treintena de muertos, miles de heridos y detenidos, además de episodios de violencia extrema con incendios, saqueo y destrucción de mobiliario público.
En el momento álgido de la crisis, tanto el ACNUDH como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) acusaron a las fuerzas de seguridad de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante la dispersión de las marchas y urgieron al Estado a detener la situación.
El organismo denunció que sigue recibiendo relatos y registros audiovisuales recientes sobre atropellos producidos por carros policiales y golpizas por parte de Carabineros (Policía chilena), así como información sobre el uso indebido de bombas lacrimógenas, «en varios casos con consecuencias graves como trauma craneano o pérdida de la visión».
«Los cartuchos de gas lacrimógeno nunca deben dispararse directamente a las personas, pues ello los hace potencialmente letales», alertó Jarab.
El ACNUDH instó además al Estado a realizar investigaciones «prontas y completas» para establecer la participación responsabilidad de agentes y sus líneas jerárquicas en esas violaciones.
