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Crédito: Agencia Uno (Contexto)
En la resolución de esta mañana, el juez Daniel Urrutia consideró el estado de catástrofe decretado a nivel nacional y «que las cárceles son recintos donde la posibilidad de contagiarse es altamente probable, atendido el hacinamiento y la imposibilidad de que las medidas sanitarias mínimas puedan ser implementadas razonablemente». Sin embargo, la decisión ya fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que realizó un pleno extraordinario debido a que consideraron que Urrutia actuó fuera de la ley. Por esto, además de revocar su orden, procedió a suspenderlo, ordenando además abrir un sumario disciplinario en su contra. [ACTUALIZADA]
Esta mañana, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, dejó en libertad a 13 de los imputados en el caso «Primera Línea», debido a que podía sustituir de oficio -sin media interviniente- la medida cautelar de prisión preventiva por una menos gravosa, en este caso arresto domiciliario total, para que pasen la pena en su casa debido a la pandemia del coronavirus. Esto, por el riesgo de contagio en la cárcel.
Sin embargo, la decisión ya fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que realizó un pleno extraordinario debido a que consideraron que Urrutia actuó fuera de la ley. Por esto, además de revocar su orden, procedió a suspenderlo, ordenando además abrir un sumario disciplinario en su contra.
“Habiendo tomado conocimiento esta Corte de la actuación del Magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia Laubreaux, con motivo de la dictación de la resolución de esta fecha pronunciada en la causa RIT N° 3894-202, RUC N°2000243616- 8, que se estima eventualmente puede quedar comprendida en la hipótesis del N° 3 del artículo 544 del Código Orgánico de Tribunales, se ordena la instrucción de una investigación sumaria administrativa en los términos del Acta N° 15-2018 de la Excma. Corte Suprema”, dice el acuerdo de la Corte santiaguina.
«Atendida la gravedad de los hechos que serán materia de la investigación y a fin de evitar las consecuencias que éstos puedan generar, se dispone como medida preventiva la suspensión de los efectos de la aludida resolución y de cualesquiera otras de idéntica naturaleza que se hubiere pronunciado por el juez Urrutia Laubreaux”, agregaron.
Junto con esto se determinó la suspensión de sus funciones. “De conformidad con lo dispuesto en el N° 13 del Acta N° 15- 2018 y con el objeto de obtener el mejor funcionamiento del lugar de trabajo, se dispone la suspensión de funciones del investigado en tanto dure la investigación, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en el curso de ésta”, dice la resolución.
Este es el segundo traspié de Urrutia en esta semana, ya que este lunes la Corte de Apelaciones le dio la razón a Carabineros y lo sacó de un caso abierto por la investigación que la Fiscalía Centro Norte sigue en contra del mayor Humberto Tapia, debido a que, a su juicio, había perdido imparcialidad.
Durante esta mañana, Urrutia, había revocado la prisión preventiva en que se encontraban 13 de los 28 adultos formalizados por desórdenes públicos en las cercanías de la Plaza de la Dignidad, debido a lo acordado internamente en el tribunal a raíz de la pandemia del coronavirus.
Los detenidos estaban en esta condición desde principios de este mes, cuando Carabineros detuvo a 62 personas y la Fiscalía Centro Norte optó por formalizar a 44 de ellos. 16 de ellos eran menores, quienes quedaron en libertad.
13 de los imputados llegaron al magistrado Urrutia, quien revirtió la situación en la que se encontraban tras la apelación del Gobierno: prisión preventiva de los adultos y la medida de vigilancia de parte del Sename para los menores. En la resolución, Urrutia consideró el estado de catástrofe decretado a nivel nacional y «que las cárceles son recintos donde la posibilidad de contagiarse es altamente probable, atendido el hacinamiento y la imposibilidad de que las medidas sanitarias mínimas puedan ser implementadas razonablemente».
«A lo que se suma la cantidad de personas privadas de libertad con enfermedades de base que complicarían enormemente la respuesta del sistema de salud dentro de la población penal», añadió.
En esa línea, recalcó que el Comité de Jueces del 7° Juzgado de Garantía, «atendida la emergencia sanitaria y por razones humanitarias, ha decidido que todas y todos los jueces del tribunal revisen las causas donde existen personas sujetas a la medida de prisión preventiva de oficio».
«Los imputados que se encuentran actualmente en prisión preventiva en esta causa, en general, no registran condenas anteriores y existe una más que razonable posibilidad que, de ser condenados, cumplan estas condenas en libertad», afirmó.
Debido a esto, se resolvió sustituir la prisión de 13 imputados, por el arresto domiciliario total.
En relación a la medida cautelar de los adolescentes, se ordenó que «esta no signifique traslados de los adolescentes, debiendo ajustarse la modalidad de control a las recomendaciones sanitarias vigentes durante la declaración de catástrofe».
