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Crédito: Agencia UNO
En una declaración de 9 puntos firmada por un centenar de alcaldes, y en otra muestra más de la tensa relación entre el mundo municipal y la cartera encabezada por Jaime Mañalich desde que detonó la crisis, las autoridades comunales aclaran al Gobierno que “no somos enemigas ni enemigos”. En términos sanitarios, llaman al Ejecutivo a “escuchar más a la Academia Científica y al Colegio Médico que a los grandes empresarios”, y exigen además la implementación de una “Renta Básica de Emergencia” y “la fijación de precios de los productos esenciales”. La declaración es suscrita, entre otros, por alcaldes como Jorge Sharp (Valparaíso), Daniel Jadue (Recoleta), Gonzalo Montoya (Macul), Claudia Pizarro (La Pintana), Juan Carrasco (Quilicura), Mauro Tamayo (Cerro Navia), Gonzalo Durán (Independencia), Álvaro Ortiz (Concepción) y Sadi Melo (El Bosque) .
“No somos enemigas ni enemigos, sino socias y socios estratégicos”. Ese es el mensaje central de un centenar de alcaldes y alcaldesas que firmaron una declaración dirigida al Gobierno, y en específico al Ministerio de Salud, para actuar en conjunto en el combate de la pandemia del coronavirus.
La declaración de 9 puntos es suscrita, entre otros, por jefes comunales de todo el país, entre quienes figuran Jorge Sharp (Valparaíso), Daniel Jadue (Recoleta), Gonzalo Montoya (Macul), Claudia Pizarro (La Pintana), Juan Carrasco (Quilicura), Mauro Tamayo (Cerro Navia), Gonzalo Durán (Independencia), Álvaro Ortiz (Concepción) y Sadi Melo (El Bosque) .
La misiva –donde catalogan la respuesta del Gobierno a la crisis como “insuficiente y tardía”– es una evidencia de la tensa relación entre el mundo municipal y la cartera encabezada por Jaime Mañalich desde que detonó la crisis. De hecho, los alcaldes “lamentan la actitud confrontacional, la nula disposición al diálogo y a recibir colaboración, que muestra el ministro de Salud” hacia su sector.
“Queremos ayudar, pero el hermetismo del Minsal lo impide. Por eso exigimos que se termine con el secretismo y que se comparta con el sistema de salud primaria municipal toda la información para colaborar en la fiscalización de los aislamientos y las cuarentenas; acompañar y asistir psicosocialmente, desde las municipalidades, a los casos confirmados, a sus familiares y al entorno más cercano, devolviendo la tranquilidad de que ‘el Estado está presente en todos los niveles’, para recuperar a los enfermos, prevenir la propagación del COVID-19, con acciones sanitarias, medioambientales y sociales coordinadas y en redes”, subrayan.
En términos sanitarios, las autoridades comunales llaman al Gobierno a “escuchar más a la Academia Científica y al Colegio Médico que a los grandes empresarios”, y exigen a la autoridad “dotar a los Centros de Salud de las comunas con test certificados, de manera suficiente y oportuna”.
Más allá del plano sanitario, los alcaldes y las alcaldesas firmantes también plantean otras medidas socioeconómicas para enfrentar la crisis, como la implementación de una “Renta Básica de Emergencia” por el tiempo que dure la pandemia, además de “la fijación de precios de los productos esenciales, que han sido objeto de vergonzosa especulación por parte de algunas empresas de nuestro país”.
Asimismo, hacen un “llamado a aumentar los aportes para las pequeñas y medianas empresas, así como también a las trabajadoras y los trabajadores informales”.
En materia escolar, respecto del retorno a clases, rechazan el adelanto de las vacaciones de invierno decretadas desde el Mineduc “y menos aún reiniciar clases en este mes de abril, si aún está en plena evolución la fase 4 del COVID-19 en Chile”.
“Resulta entonces fundamental que se considere la opinión de las comunidades educativas y de los sostenedores, con el mismo celo y disposición que cuando el Gobierno conversa con los grandes empresarios de nuestro país. No asumiremos decisiones inconsultas tomadas a espaldas de los principales protagonistas del proceso educativo”, recalcan.
Finalmente, los alcaldes piden al Gobierno que otorgue facultades extraordinarias a los municipios y se entreguen fondos de libre disposición. De paso, solicitan “que el Gobierno suplemente, además, la significativa baja de ingresos municipales causada por la disminución de la actividad económica, desempleo y las medidas tomadas desde el nivel central que no consideraron el impacto negativo en las arcas municipales”.
A modo de advertencia, sostienen que “de no resolverse la baja de ingresos municipales con la inyección de recursos frescos desde el gobierno para los municipios chilenos, nos veremos obligados a tomar acciones legales contra el Estado Central que ha abandonado a los chilenos y chilenas a la suerte de los exiguos recursos económicos de los municipios, limitando drásticamente la capacidad de estos de entregar el apoyo social y económico a los sectores más vulnerables de nuestras comunas y al mismo tiempo de garantizar la dignidad de los aislamientos o cuarentenas cuando sea necesario, exacerbando aún más las profundas desigualdades entre las chilenas y chilenos”.
