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Créditos: Agencia Uno
El senador RD Juan Ignacio Latorre solicitó a la Contraloría un pronunciamiento con respecto a la legalidad del nuevo decreto, mientras que Girardi acusó que lo sucedido es por «lobby económico». Desde el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua (Modatima) también expresaron su rechazo a la nueva resolución, señalando que se trata de otra “decisión errática y ambigua del Gobierno de Sebastián Piñera”. Sin embargo, la autoridad sanitaria de la región argumentó que «se están haciendo todos los esfuerzos para que aquellos lugares que no puedan sostenerse con 50 litros, sean apoyados por camiones aljibe».
Parlamentarios de oposición y organizaciones ambientalistas criticaron el actuar del Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, debido a la publicación de un nuevo decreto -el 458- que reduce la cantidad de agua a repartir en los sectores afectados por la escasez hídrica de la provincia de Petorca.
En ese sentido, el parlamentario RD Juan Ignacio Latorre presentó una petición ante la Contraloría General de la República, donde se pide al órgano autónomo «hacer uso de las facultades para determinar la legalidad del acto administrativo ya individualizado, mediante la emisión de un pronunciamiento jurídico al respecto”.
El legislador realizó una segunda petición, esta vez dirigida hacia al Jefe de la Defensa Nacional de la región de Valparaíso, el contraalmirante Yerko Marcic Conley, en la que le solicita que «haga uso de sus facultades de excepción» y se pueda «expropiar derechos de agua a las grandes agrícolas de la zona para abastecer a comunidades con crisis hídrica en la provincia de Petorca». Además, espera que la determinación se replique para otras provincias y comunas declaradas como zonas de catástrofe por la escasez hídrica, que involucra a más de 100.000 personas que viven en la ruralidad.
Asimismo, «se pide fiscalización de la calidad del agua que está siendo entregada a las comunidades a través de camiones aljibe” y finalmente se exige que la autoridad oficie a Conaf para que “no se destinen instrumentos de fomento productivo para seguir plantando paltos en suelos sin aptitud de cultivo, suelos de cerro, cultivos que compiten directamente por agua dulce con la población”.
Cabe recordar que la Seremi de Salud de Valparaíso emitió una primera resolución -la 456 – que establece un mínimo de 100 litros de agua por persona para las comunas con extrema sequía. No obstante, el decreto 458 de sábado 18 de abril “considera un volumen de agua para el consumo a distribuir con recursos de las gobernaciones provinciales, menor al establecido en el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias para la Provisión de Agua Potable en el uso de camiones Aljibe (D.S N°41/2016)”, lo que grafica que la cantidad a repartir será menor. Con la nueva medida, la autoridad sanitaria regional permite “de manera condicionada y factible” la distribución de agua para el consumo diario “distinto a la cantidad determinada en el decreto supremo”.
Para la socialista Isabel Allende, senadora por la zona, “nuevamente no se entiende el actuar arbitrario y errático del Gobierno. El día 8 de abril -tras solicitudes de parlamentarios de oposición- el Seremi de Salud de Valparaíso aumenta de 50 a 100 la cantidad de litros diarios que reciben las personas que se proveen de agua potable a través de camiones aljibe (…) Se trata de personas que viven en comunas fuertemente afectadas por la sequía, como La Ligua y Petorca. Sin embargo, sin explicación alguna, el 18 de abril, tan solo diez días después, el mismo Seremi de Salud revoca la resolución volviendo a dejar a las personas con tan sólo 50 litros diarios”, denuncia.
Ante la nueva resolución, el parlamentario por Santiago Poniente, Guido Girardi (PPD), recordó que la primera resolución de la Seremi de Salud señala expresamente que el “agua a distribuir para el consumo diario no puede ser inferior a 100 litros de agua por día, porque si no la gente ni siquiera se puede lavar las manos, no tiene agua para tomar, ni para las necesidades sanitarias mínimas”.
“Lo que sucedió es que por razones de lobby económico y presupuestarias, el 15 de abril la misma autoridad se vio obligada a hacer una segunda resolución, para dejar sin efecto a la primera, es decir, la decisión sanitaria correcta de entregar como mínimo 100 litros de agua a las personas que no tienen agua, y que es fundamental para enfrentar esta pandemia, se dejó sin efecto algunos días después por razones económicas”, asegura.
“Nosotros creemos que esta es una acción irresponsable y criminal, porque deja sin agua a las personas en esta emergencia sanitaria”, añadió.
Girardi agrega que “esta situación nos obliga a presentar un recurso de protección que haremos en los próximos días, porque vamos a salvaguardar que las personas tengan los elementos más básicos para luchar contra el coronavirus”.
En declaraciones realizadas en el punto de prensa diario que realizan las autoridades regionales de Valparaíso por el avance del Covid-19 en Chile, el seremi de Salud de la región, Francisco Álvarez, justificó la resolución, señalando que “según los estándares de la OMS de la cantidad de litros que se entregan actualmente (50 litros por persona) aseguran el consumo humano, la higiene personal como de los alimentos”.
En lo que respecta a la resolución previa comentó que “se dejó sin efecto porque es importante comprometer la cantidad que se pueda cumplir y en ese sentido desde el Gobierno anterior se están estableciendo todas las medidas para poder fortalecer y que las personas tengan la cantidad de agua suficiente y que en ese sentido se asegure el consumo humano, como también la higiene personal y la de los alimentos”.
“En ese sentido quiero decir que, ante esta situación de catástrofe de escasez hídrica de la región, se está asegurando la distribución de agua hacia los municipios, por parte de las gobernaciones provinciales, y se están haciendo todos los esfuerzos para que aquellos lugares que no puedan sostenerse con 50 litros, sean apoyados por camiones aljibes”, comentó.
Ante las declaraciones de la autoridad regional sanitaria, la diputada por La Ligua y Petorca, Carolina Marzán (PPD), argumentó que “con las necesidades de la comunidad no se juega”, además de aseverar que “el Seremi de Salud de Valparaíso, contradice a la Organización Mundial de la Salud sobre el mínimo de agua que necesita una persona”.
De acuerdo con la OMS, una persona debe consumir en promedio 100 litros de agua para satisfacer las necesidades tanto de consumo como de higiene. Sin embargo, con la emergencia sanitaria y las recomendaciones del constante lavado de manos este consumo se incrementa.
“Con 50 litros en época de pandemia se atenta contra un derecho básico de las personas. En estos momentos el Estado le está haciendo elegir a la comunidad entre tomar agua o lavarse las manos, es algo inhumano”, señaló la parlamentaria.
En cuanto a los pasos a seguir, la parlamentaria del PPD informó que “oficiaremos al Seremi de Salud para que nos explique por qué se dejó sin efecto una resolución que solo cumplía con el mínimo establecido y recomendado por la OMS. Sus respuestas no son las adecuadas para las personas que llevan años sufriendo por la escasez hídrica, merecen una respuesta y una solución. El agua debe ser siempre un derecho y no un lujo, ni una oportunidad. Las zonas de sequía no pueden quedar bajo la alfombra, necesitamos dignidad y, por sobre todo, agua”.
Por su parte, Allende exigió “una respuesta al Ministro de Salud, su Seremi en Valparaíso y el Ministro del Interior, cartera de la cual depende la entrega de agua a través de camiones. Francamente no se entiende cómo se puede revocar una medida humanitaria en medio de esta pandemia”.
Desde el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua (Modatima) también expresaron su rechazo a la nueva resolución, señalando que se trata de otra “decisión errática y ambigua del Gobierno de Sebastián Piñera”, y además provocan “una incertidumbre total en las comunidades privadas de agua producto del modelo de despojo”.
“Exigimos al Gobierno que se pronuncie sobre esta situación, ya que no es posible continuar hipotecando la vida de nuestras comunidades a costa de un derecho esencial para preservar la vida, todas las vidas” señalaron.
