PAÍS
Hasta hace una semana, la Seremi de Salud Metropolitana contabilizaba 24 hogares para adultos con foco de COVID-19, 184 residentes contagiados y 92 funcionarios. El organismo había fiscalizado solo 34 de las más de 400 residencias ELEAM que existen en la región y cursó 21 sumarios sanitarios. Cifras que solamente dan cuenta de una realidad parcelada de los hogares regularizados, ya que desde los equipos de salud que están en terreno denuncian que las Seremis han tenido un rol “reactivo” y no de prevención con los hogares para adultos. Además, estas cifras no incluyen a los hogares no regulares, denominados “clandestinos”, los que –según estimaciones no oficiales– podrían llegar a mil en el país. Residencias que son ocupadas por la población más vulnerable y que están en total abandono por parte del Estado en medio de la pandemia, pues muchas de ellas temen pedir ayuda, debido a que pueden ser clausuradas.
En el centro de Santiago funciona un casa comunitaria que actualmente alberga a 25 personas de entre 63 y 84 años, todas autovalentes. Sus residentes llevan más de un mes en régimen de “autocuarentena”, ya que entre todos acordaron no salir de la residencia, debido a que son parte de la población de riesgo ante la pandemia del coronavirus. La mayoría de ellos recibe la pensión básica solidaria, que llega a los $165 mil para los mayores de 80 años, y algunos trabajan estacionando autos, son guardias o piden en la calle, tareas que debieron dejar a un lado para refugiarse del COVID-19. Se autofinancian con sus ingresos, pero reciben una donación de alimentos de Lo Valledor y también se abastecen desde la Red de Alimentos.
En medio de la pandemia su única conexión con el sistema de salud ha sido un Centro de Salud Familiar (Cesfam), el que atendió a dos de sus integrantes debido a problemas de salud, les hicieron el test PCR y resultaron negativos. Además, cuentan con insumos para la limpieza y sanitización del lugar, que fueron donados por un privado. Aún les quedan algunas mascarillas que tenían guardadas desde antes de la pandemia, pero, como solo dos personas salen a comprar los lunes y jueves, las han hecho rendir. Al interior de la casa no utilizan mascarillas porque “afortunadamente están todos sanitos”, señala quien administra el lugar. De vez en cuando los visitan carabineros de una comisaría cercana, quienes les dijeron que pronto podrían llevarles guantes y mascarillas, “pero no ha llegado nada”. Y no reciben visitas de familiares, porque la mayoría de ellos son “solos o los han abandonado sus familias”, agrega.
“Acá no está prohibido salir, pero hemos conversado y discutido, si salimos nos podemos contagiar y nos van a cerrar la casa”, en ese caso, la única opción que les queda es la calle, destaca su administrador, quien agrega que tienen capacidad para 30 y reciben personas de distintos lugares, como de municipalidades, Carabineros y hospitales, “pero estamos lejanos de todo lo que sea estatal”.
Esta casa comunitaria no es parte de la red de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), que dependen de la autorización de las Seremis de Salud regionales para funcionar, en este caso, de la Metropolitana. Este centro comunitario es uno de los denominados “hogares clandestinos” para mayores, que están totalmente fuera del mapa de la Seremi de Salud en medio de la pandemia por Coronavirus, al igual que la residencia “Dulce Hogar” de Puente Alto, que no estuvo en el radar de los organismos gubernamentales hasta que vecinos de la residencia dieron aviso del fallecimiento de uno de sus integrantes. Finalmente, 17 de los 18 residentes resultaron contagiados por coronavirus.
Según estimaciones de organizaciones civiles y del propio Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), estos hogares no regularizados pueden llegar a equiparar a los 947 ELEAM que existen a nivel nacional. La mayoría de las residencias regulares son privadas, por lo tanto, dependen directamente de la fiscalización y asistencia de las Seremis de Salud, ya que solo 180 tienen conexión directa o por subvención con el Senama y 18 dependen directamente de este organismo.
Un sistema desregulado que está en crisis, en medio de una pandemia que golpea directamente a la población que habita en las residencias para adultos. De acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial para la Salud (OMS), en Europa el 50% de los fallecimientos por Coronavirus corresponde a personas que vivían en hogares para mayores. En Chile, esta cifra no ha sido transparentada por el Minsal, pero sí se conoce la alta incidencia de la edad en los casos de fallecimientos: de las 260 personas fallecidas, registradas hasta el 3 de mayo por el Minsal, 179 corresponden a mayores de 70 años, el equivalente al 68,85% de los fallecidos por coronavirus.
Katherine Salcedo, directora ejecutiva de la Fundación Adultos Mayores, señala que, según la Casen de 2018, en Chile hay 3,4 millones de personas mayores, de ellas, 573 mil tienen más de 80 años y 4.700 más de 100 años. En la fundación se centran en el trabajo con personas mayores de 80 años que viven en la calle, solos o en residencias no regulares. Destaca que en la situación actual del país es “imposible que todos los hogares puedan cumplir con los requerimientos de la Seremi de Salud RM, en los ELEAM el costo de mantener a una persona es sobre los 700 mil pesos y los hogares del Senama están saturados”.
Agrega que lo “hogares denominados como ‘clandestinos’ muchas veces dan respuesta a una insuficiencia estatal y están completamente invisibilizados porque no se publicitan, es como un dato”. El problema de la invisibilización de estas residencias es que “quedan a la deriva”, señala un miembro del personal médico que ha trabajado en la fiscalizaciones de la Seremi de RM, quien agrega que puede que en algunos hogares se esté poniendo en riesgo a los residentes y “muchos no piden ayuda por miedo a ser clausurados”.
Salcedo detalla que, cuando se ha clausurado este tipo de centros, las personas terminan en la calle o saturando los hospitales, “luego las asistentes sociales no tienen dónde derivarlos”. Actualmente el único caso de público conocimiento ha sido el de Puente Alto, en donde la municipalidad coordinó junto a la Seremi de Salud de la RM la reasignación de los residentes a un hogar transitorio. También están las residencias espejo del Senama, que según su director Octavio Vergara suman mil camas disponibles, que hasta el momento han sido usadas solo para instalar a residentes de los ELEAM con brotes de coronavirus.
“Hoy se está haciendo vista gorda con estos hogares no regulares, porque no se pueden estar cerrando, pero tampoco se les está entregando un apoyo. Nuestra idea es que hay que apoyarlos, que no se criminalicen y se cierren, hacemos prácticas, formación a los equipos, nosotros distinguimos cuando hay lucro a cuando hay buena voluntad de querer ayudar solamente, pero el Estado los tiene abandonados”, indican de la Fundación Adultos Mayores.
Desde el Senama aseguran que en las residencias no regulares, “en caso de contagio, inmediatamente aparece y sale a la luz”, activando el protocolo de la Seremi de Salud regional junto al Senama. Explica que, como organismo, desde el año pasado que están trabajando un programa para ayudar a pasar a la formalidad a estas residencias, “pero esto se cruzó con la pandemia, nosotros como servicio no vamos a abandonar este trabajo”, recalca Octavio Vergara.
Durante las últimas semanas, se han detectado diversos brotes de coronavirus en residencias ELEAM, en la comuna de La Florida, la ciudad de Osorno, La Reina, Las Condes, Independencia, Puente Alto, Concepción, el último en Cerrillos, en el hogar Mater Dei de la Fundación Pequeño Cottolengo, en donde fallecieron dos residentes y 22 resultaron contagiados, más 5 funcionarios.
Hasta el 26 de abril, la Seremi de Salud Metropolitana, dirigida por Paula Labra, registró 24 centros ELEAM con foco de COVID-19 a nivel nacional, 184 residentes mayores contagiados y 92 funcionarios. Según informó el organismo a El Mostrador, hasta hace una semana se habían fiscalizado solo 34 ELEAM, de más de 400 que hay en la Región Metropolitana, en los que se cursaron 21 sumarios sanitarios. Las principales infracciones registradas “son incumplimiento de Protocolos Ministeriales, en este caso Protocolo de Manejo de Contactos de Casos COVID-‐19 Fase 4 y Protocolo de Recomendaciones para la Prevención y Atención del COVID-19 y falta de personal”.
La principal estrategia para evitar la propagación de los contagios ha sido la cuarentena obligatoria y un protocolo sanitario, dictaminado por el Gobierno para los ELEAM, los cuales debe ser fiscalizados por la Seremis de Salud regionales y el Senama, en el caso de los centros dependientes de este organismo, que no depende del Minsal, sino del Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Sebastián Sichel, con quien las autoridades de la cartera de Salud no han tenido un “trabajo muy fluido”, precisan desde el ministerio.
Es bajo este contexto que las Seremis regionales, Cesfam, servicios de salud, municipios y el Senama juegan distintos roles en el contexto de la pandemia, “algunos más que nada improvisados, ante la insuficiencia del organismo a cargo de todo, que es la Seremi”, apunta un funcionario de esta red.
A principios de abril el Gobierno determinó la cuarentena total para los ELEAM, prohibiendo las visitas de familiares a los residentes. El 13 de abril se publicó la Guía Práctica de manejo COVID-19 en ELEAM, elaborada por el Senama, la Sociedad de Geriatría y el Minsal, en donde se detallan las medidas sanitarias a implementar en las residencial con población de riesgo y se detalla cada paso a seguir en caso de que haya un foco de coronavirus en el hogar y hasta en caso de fallecimiento de un residente. A esto se ha sumado “un trabajo coordinado del Senama con las Seremis de Salud regionales, que tienen la potestad de fiscalización”, detalla el director del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Octavio Vergara.
El organismo cuenta con un presupuesto especial, debido a la pandemia, de $8 mil millones derivados desde el Ministerio de Desarrollo Social, más $5.500 millones donados por la CPC. Vergara señala que “como Senama se ha apoyado en el conocimiento de este protocolo, a todos los ELEAM sin fines de lucro y entregando equipo de protección personal, también en el caso de que sea necesario, con el reemplazo del personal”. A esto se suman las residencias espejo, de las cuales el Senama “contrata al personal, con todo el personal, paga el lugar físico, camas, aseo y comida, todo es puesto por el servicio”, pero el total de la ayuda depende de la coordinación con la Seremi de Salud regional y de la disposición del sostenedor de la residencia.
Vergara añade que hasta el momento, aunque “el virus ha ingresado en pocas residencias en Chile, eso no le quita gravedad a lo que ocurre y esperamos que siga siendo así. Este camino ha sido de ir generando soluciones en el camino, ninguno estaba habilitado para afrontar una pandemia (…). La sensación que me queda, a la mitad del desafío, es que hoy afortunadamente no se han cumplido las tasas de contagio que teníamos visualizadas. Esperamos que siga siendo así”.
Pero no todo parece estar tan controlado, según indican desde los equipos de salud que han estado en terreno conteniendo los brotes de COVID-19 en los ELEAM. Aseguran que desde la Seremi de Salud de la RM se ha priorizado una estrategia de “reacción” más que de prevención de los brotes de COVID-19 y que la medida de cuarentena por sí sola es “insuficiente”. Destacan que el aseguramiento de los Equipos de Protección Personal (EPP) es un ejemplo de eso, que hay “una escasez muy grande de EPP” y que tienen “a la primera línea encargada de proteger a la población más vulnerable desprotegida, al igual que los hospitales”.
En una sesión de formación a distancia impartida por la Seremi de Salud Metropolitana, subida el 15 de abril al canal de YouTube del Minsal, el encargado de la formación destaca que “la primera persona encargada de los EPP son los operadores del establecimiento. El Senama en un esfuerzo de gestión está viendo la posibilidad de proveer estos elementos, pero solo a los establecimientos asociados al Senama. En el caso de los ELEAM privados, son los operadores los que están obligados a proveer los recursos necesarios para que sus residentes y trabajadores tengan adecuados elementos para realizar su función”.
Una tarea compleja de cumplir en las residencias no regulares y en los ELEAM privados, ante la escasez mundial, que ha desatado una verdadera guerra por estos elementos. Por ejemplo, en los centros privados, a pesar de contar con recursos, no han podido contratar personal adecuado para reemplazar a los que están en cuarentena, ni tampoco han podido comprar EPP producto de la escasez: “Está todo agotado, pecheras y mascarillas. Senama repartió EPP, pero, no sé cómo sacaron los cálculos, porque hay escasez, les falta desde la residencia más pituca a la más vulnerable”, detalla una fuente que ha estado en terreno.
Señalan que la Seremi de Salud Metropolitana tiene un “desorden muy grande, rápidamente se vio sobrepasada en todos los sentidos”, a la vez que recalcan que a principios de abril el organismo aún no pedía a los Cesfam y servicios de salud levantar datos sobre los ELEAM y centros no regulares, y que hasta hoy no se cuenta aún con un catastro aproximado de los establecimientos no regularizados, ni se ha realizado una campaña especial para acercarse a sus sostenedores. Una situación que se estaría replicando a nivel regional, en donde «tampoco hay certeza de cuántos centros no regularizados existen», indican desde el Minsal.
“Muchos opinan de lo que ocurre en los ELEAM desde la teoría, pero lo que pasa en el terreno realmente con los adultos mayores es que un día tienes un contagiado y al día siguiente tienes 15. Y como los funcionarios son los vectores, tienes 10 adultos mayores contagiados y 15 funcionarios”, agregan desde un servicio de salud regional.
Otro ejemplo de esta falta de coordinación, se dio respecto al testeo de PCR para residentes y funcionarios que no presentaban síntomas en residencias con focos de coronavirus. Hace menos de una semana, el 28 de abril, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que se comenzaría a testear a personas con lazo estrecho asintomáticas en lugares específicos, como residencias para adultos o cárceles. Pero, previo a este anuncio, municipalidades, Cesfam y funcionarios de los servicios de salud ya estaban aplicando test de PCR a todos los miembros de los ELEAM afectados, ocupando el stock de test y tórulas destinados a la población en general.
Los alcaldes fueron los primeros en prender las alarmas respecto a los contagios de asintomáticos al interior de los recintos. Cabe recordar que el primer caso de un brote en un hogar para adultos mayores se dio a fines de marzo, al interior de un hogar del Senama en Puente Alto. Dos adultos mayores fallecieron, y el alcalde Germán Codina presionó para que se les aplicara el Test PCR Post Mortem, lo que ayudó a confirmar el foco de COVID-19 en el lugar. Algo similar ocurrió en el Hogar de Fundación Las Rosas de Independencia, cuando después de la presión del alcalde se aplicaron test PCR a todos los residentes y funcionarios. Al interior de los servicios de salud locales reconocen que no ha llegado ninguna circular oficial desde el Minsal para aplicar PCR en todos los hogares en que haya focos y que, al parecer, “eso está en manos de la Seremi de Salud”.
A esto se suma la falta de fiscalización y acceso a los ELEAM privados. “Son tierra de nadie”, advierten desde el Minsal. Un funcionario de un ELEAM privado precisa que ha habido casos en que personas han fallecido “y los familiares no llegan, pagan y se entierran las personas solas”. También hay casos en donde los recintos han recomendado a los familiares llevar a residentes autovalentes de vuelta a sus casas, “pero ellos no accedieron, teniendo espacio y recursos, los mantienen en los hogares”.
Otro problema que ha identificado el personal de salud a cargo de los ELEAM, es que al interior de los establecimientos privados “todo puede quedar entre cuatro paredes”. Hay centros que no han querido participar en las capacitaciones comunales, tampoco permiten visitas de los Cesfam. En estos casos, “el único organismo que puede obligar es la Seremi, que está colapsada”, subrayan. Una situación que se puede extender al caso de brotes por coronavirus o fallecimientos, ya que, “si un hogar privado tiene un brote, confirmado por una clínica privada y nunca se llamó a la Seremi de Salud y allí falleció alguien informado por una afección de base, nunca se va a saber en el conteo, porque todo es privado”.
