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Crédito: Agencia UNO
Según los cálculos del Gobierno, el veto se debe tramitar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados durante la mañana de este martes, para luego pasar a la sala en la sesión de la tarde, y al día siguiente ser visto en el Senado. “Esta es la última oportunidad procesal para que este beneficio vea la luz”, notificó el ministro Ward. La insistencia del Gobierno repite los aportes por solo tres meses en forma decreciente, de $65.000 el primer mes, $55.250 el segundo y $45.500 el tercero, lo que está lejos de las exigencias del bloque opositor e incluso de la sociedad civil –como la Comunidad de Organizaciones Solidarias y Espacio Público–, que han pedido al Ejecutivo hacer un mayor esfuerzo. El jefe de la bancada de diputados PPD, Raúl Soto, lamentó que “el Gobierno, que en el discurso dice que busca acuerdos y diálogos, en los hechos está prácticamente cerrando la puerta a cualquier posibilidad de diálogo o acuerdo”.
Sin elevar los montos ni ampliar las coberturas, como busca la oposición, el Gobierno ingresó esta tarde a la Cámara de Diputados el veto al proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Según lo explicado por el ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, el “veto es aditivo y sustitutivo, de forma de dar continuidad a esta decisión de beneficiar a 4,5 millones de personas a través de esta iniciativa”.
Según los cálculos del Gobierno, el proyecto se debe tramitar en principio en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en la mañana de este martes, para luego pasar a la Sala en la sesión de la tarde.
“También ya hablamos con la presidenta del Senado (Adriana Muñoz) para poder tramitar este veto en la cámara revisora el día miércoles, para despacharlo y poder promulgarlo y publicarlo, de forma de que este beneficio pueda ser despachado lo antes posible”, añadió el ministro Ward.
Pese a estar consciente de que las diferencias son sustanciales, el secretario de Estado puso presión al Legislativo: “Solo un llamado a los parlamentarios a que comprendan que esta es la última oportunidad procesal para que este beneficio vea la luz. Obviamente, si el veto se rechazara, esto sería gravísimo y creo que nadie está poniéndose en ese lugar, de forma de tener que explicarle a 4.5 millones de personas que no van a entregar este beneficio porque hubo diferencias políticas. Cuando los políticos se ponen de acuerdo es la ciudadanía la que gana y ese es el llamado que hacemos a través de la presentación de este veto que de esta forma el Gobierno confirma”.
“Esperamos, en esta última etapa procesal y oportunidad legislativa, que los parlamentarios comprendan que este llamado que ha hecho el Presidente Piñera, y que estamos haciendo, a comprender que los beneficiarios son demasiados como para dejarlos esperando, requieren esto con tanta urgencia que no pueden seguir esperando y que podamos tramitar, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, este veto ojalá durante esta semana, de forma de que se pueda pagar lo antes posible”, añadió.
La insistencia del Gobierno insiste en aportes por solo tres meses en forma decreciente, de $65.000 el primer mes, $55.250 el segundo y $45.500 el tercero, lo que está lejos de las exigencias del bloque opositor e incluso de la sociedad civil, que han pedido al Gobierno hacer un mayor esfuerzo. Además, solo equipara algunos tramos de los sectores más vulnerables y contiene medidas para los adultos mayores.
En efecto, durante esta jornada, desde la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que agrupa a varias entidades relevantes de la sociedad civil, emitieron una carta abierta en donde exhortan a las autoridades de Gobierno y al Parlamento a que “puedan acordar mejoras al actual proyecto de ley de Ingreso Familiar de Emergencia”, lo que a su juicio pasa necesariamente por “no presentar un veto al proyecto por parte del Presidente de la República, dejando así espacio para que, dentro del monto ya decidido de US$2.000 millones, por la autoridad de Hacienda, pueda mejorarse el proyecto”.
Entre los firmantes se encuentran Rodrigo Jordan, presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias; Andrea Repetto, presidenta de la Fundación Superación de la Pobreza; Benito Baranda, presidente de América Solidaria; Sebastián Bowen, director ejecutivo de TECHO-Chile; Mercedes Ducci, presidenta de ComunidadMujer; José Andrés Murillo, Director Ejecutivo de la Fundación Para la Confianza, entre otros.
En la carta abierta, señalan que “planear una diferenciación en sectores que se encuentran en idéntica condición de vulnerabilidad y pobreza, no resulta razonable. Ella impedirá que hogares en idéntica condición, reciban el mismo beneficio y tengan la misma capacidad para enfrentar esta crisis».
En tal sentido, piden que “el monto que se asigne en el proyecto debe ser cercano al menos al monto de la línea de extrema pobreza (recursos necesarios para la alimentación de una familia). Dependiendo del tamaño del hogar, ese valor fluctúa. Hoy el valor per cápita para una familia de 4 personas es de aproximadamente $73.000. Es lo mínimo”.
Otra organización que se sumó a estas voces es Espacio Público, que alertó sobre lo insuficiente del monto. “Cabe destacar que el costo de financiar alimentación, alojamiento y cuentas básicas de un hogar en el primer quintil es de alrededor de 72 mil pesos mensuales, y que en el 40% más vulnerable hay unas 7,5 millones de personas”.
A juicio de esta entidad, “un diseño que al menos entregue el mismo beneficio por tres meses y que no discrimine entre tramos de vulnerabilidad en el RSH (Registro Social de Hogares) podría destrabar la discusión en el Congreso respecto de este bono, con un costo relativamente bajo comparado a los montos ya comprometidos en recursos fiscales, permitiendo que estos recursos lleguen más rápido a las familias. Luego habrá que ver si es necesario complementarlas”.
Desde la oposición, también reaccionaron al anuncio del veto. Según el senador PS Juan Pablo Letelier, el Gobierno quiere utilizar el Registro Social de Hogares para “discriminar”.
“En el marco de la crisis que vive el mundo y el país por la pandemia, necesitamos ayudar a las familias que han perdido sus ingresos producto de esta crisis. El Gobierno quiere usar el Registro Social de Hogares para discriminar quién entra y quién sale y eso no es bueno, ya que sabemos que el registro social de hogares tiene problemas y a veces discrimina indebidamente porque uno ha logrado tener un auto o acceder a la vivienda propia”.
Según el jefe de la bancada de diputados PPD, Raúl Soto, “el Gobierno, francamente, volvió a enviar en este veto el mismo proyecto ingresado originalmente, aunque con algunas pequeñas modificaciones, bastante poco significativas en razón o en comparación a lo que estábamos pidiendo desde la oposición
“La oposición hizo una propuesta bastante contundente y bien fundada desde el punto de vista técnico y económico. Lamentamos que el Gobierno, que en el discurso dice que busca acuerdos y diálogos, en los hechos está prácticamente cerrando la puerta a cualquier posibilidad de diálogo o acuerdo”, añadió.
