PAÍS
El decreto que se encuentra desde del viernes en el escritorio del contralor Jorge Bermúdez, para su toma de razón, desató una ola de críticas por su ilegalidad e inconstitucionalidad. En efecto, el senador PPD Felipe Harboe ingresó en la jornada de ayer ante el mismo un requerimiento impugnando el documento, bajo el argumento de que “el Presidente de la República no puede entregar, por decreto, facultades que son propias, según la Constitución, y de rango legal que corresponden al Parlamento”. Una vez iniciada la polémica, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, salió a defender el decreto, señalando que operará en el marco del estado de catástrofe, pero al poco tiempo después el mismo Gobierno le quitó piso y anunció que retiraría el decreto para incorporarle «algunas precisiones». (ACTUALIZADA)
Polémica generó el decreto del Gobierno que aumenta las capacidades de fiscalización de los funcionarios municipales en medio de la pandemia del COVID-19, ya que otorga facultades a personas que no han sido preparadas para estas funciones y en los hechos instala la idea de una “policía municipal”, como advirtieron algunos senadores de oposición.
El decreto presidencial se encuentra desde las últimas horas del viernes en el escritorio del contralor Jorge Bermúdez, para su toma de razón. También ante el mismo organismo, el senador PPD Felipe Harboe ingresó un requerimiento impugnando el documento bajo el argumento de que “el Presidente de la República no puede entregar, por decreto, facultades que son propias, según la Constitución, y de rango legal que corresponden al Parlamento”.
Ante esto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, salió a defender el decreto, señalando que operará en el marco del estado de catástrofe en que está el país desde el 18 de marzo, medida vigente por 90 días. «Y apunta a hacer aplicable algo que está en la ley de excepción constitucional que le permite al Jefe de la Defensa dar instrucciones a los funcionarios públicos y municipales para que le colaboren con las funciones que le toca cumplir al jefe de la Defensa. La gran limitación son las facultades legales que le son propias a las policías», explicó.
Según Galli, este decreto servirá para que en las comunas donde no se estén respetando las cuarentenas, los funcionarios municipales puedan ayudar a fiscalizar a Carabineros y al Ejército. «Hay tres objetivos de las fuerzas de orden y seguridad: protección de la salud, fiscalización de cuarentenas y toques de queda y eso compatibilizarlo con el resguardo del orden y la seguridad y esos 14 mil efectivos que están distribuidos en todo el país están realizando un sistema de resguardo permanente para fiscalizar el cumplimiento de las cuarentenas y que las personas que están circulando sean las que lo deben hacer o tienen un permiso para ello», añadió en entrevista con Mega.
Es más, sostuvo que “la relación con los alcaldes es permanente y eso es lo relevante, tener relaciones”. «El ministro del Interior creó una mesa social Covid, el ministro de Defensa se ha reunido con los alcaldes y la subsecretaria de Prevención de Delito, cada vez que se decreta una cuarentena, se realiza una reunión del Ministerio del Interior con todos los alcaldes de las comunas para que conozcan el territorio y las circunstancias en que se aplicarán las medidas», finalizó.
Una de las críticas que hacen los parlamentarios desde el Congreso es que esta decisión, según detalla la Constitución, debe ser discutida por los legisladores y no efectuarse vía un simple decreto enviado por el Presidente de la República.
Debido a esto, Harboe (PPD) y José Miguel Insulza (PS) recurrieron a Contraloría para impugnar este decreto. Justifican esta decisión en que además, según ellos, es ilegal, la califican como injusta y desigual, ya que podría aumentar los niveles de desigualdad en materia de seguridad ciudadana, “porque solo podrán ejercerlas aquellos municipios ricos que tengan financiamiento para poder contratar guardias municipales, dejando a la gran mayoría de los municipios pobres que no tienen potestades para ello”.
En ese sentido, también es peligrosa para los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, ya que se les están entregando facultades fiscalizadoras, de personas e incluso de recintos privados, a funcionarios que no tienen preparación para ello. “Están entregando facultades de fiscalización de personas y locales comerciales o incluso residencias a personal que no necesariamente tiene preparación adecuada. Pensemos que hay guardias de seguridad que estudian cursos de 24 horas; eso puede poner en serio riesgo la libertad, la seguridad de las personas y los DD.HH. de la gran mayoría de los ciudadanos”, advirtió Harboe.
Asimismo, ambos parlamentarios establecieron que creen en la coordinación y cooperación entre el Gobierno y los municipios, pero que estas se deben hacer con otras medidas y no reemplazando la función constitucional y permanente de Carabineros de Chile y de las FF.AA. en tiempo de catástrofe.
Un vuelco sufrió la estrategia del Gobierno de aumentar las capacidades de fiscalización de los funcionarios municipales en medio de la pandemia del COVID-19, una idea impugnada desde la oposición no solo porque fue planteada vía decreto -sin tramitación legislativa de por medio- sino también porque busca instalar una suerte de policía municipal.
El decreto presidencial se encontraba desde las últimas horas del viernes en el escritorio del contralor Jorge Bermúdez, para su toma de razón, sin embargo esta tarde el senador PPD Felipe Harboe informó vía Twitter que hubo cambio de planes, lo que fue luego confirmado por el mismo Gobierno.
Según La Moneda el argumento para retirar el decreto fue que le introducirán algunas precisiones sobre el alcance de las nuevas facultades, atendiendo así a “las observaciones hechas por la Contraloría General de la República”, por lo que será presentado nuevamente.
