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Crédito: Agencia UNO
A juicio del rector de la Pontificia Universidad Católica y vicepresidente alterno del Consejo de Rectores, los parlamentarios tienen que comprender que “dejar de recibir los recursos que las instituciones necesitan para su desarrollo habitual produciría una situación extremadamente grave”. El proyecto se vota en particular esta jornada en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en una sesión programada desde las 15 horas y en la que se espera al subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas Duhart. El proyecto tiene otros detractores, como el titular de la Universidad del Desarrollo (UDD), Federico Valdés, quien considera que es “descabellado”. Mientras, el exministro y actual académico de la UDP, José Joaquín Brunner, aseguró que “suspender el pago de aranceles provocaría un daño irreparable a las instituciones” y emplazó a que el Gobierno “debe explicitar —desde ya— una estrategia de financiamiento sustentable para el sector”.
El rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se fue en picada contra el proyecto de ley que votarán esta jornada en particular los diputados de la Comisión de Educación de la Cámara Baja y que busca suspender los cobros de aranceles de la enseñanza superior durante este periodo de coronavirus.
A juicio de la autoridad académica, la moción está “completamente equivocada”, por lo que llamó a reenfocar el debate sobre el cobro de aranceles y avanzar en un nuevo proceso de postulación a créditos estudiantiles.
Entrevistado en el Mercurio, el académico y vicepresidente alterno del Consejo de Rectores sostuvo que los parlamentarios tienen que comprender que “dejar de recibir los recursos que las instituciones necesitan para su desarrollo habitual produciría una situación extremadamente grave”.
Según el rector Sánchez, los planteles ya se encuentran apoyando a las familias, tal como lo ha hecho la Pontificia Universidad Católica. » Y para eso no se necesitó un proyecto de ley, sino el diálogo que las universidades tienen constantemente con sus estudiantes”, indicó.
De acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Educación Superior, la mayoría de las instituciones de educación superior decidió flexibilizar de forma voluntaria el pago de aranceles, con medidas como la postergación de cuotas por 12 meses, la posibilidad de realizar abonos de la mensualidad y la rebaja de parte del arancel.
Sin embargo, con la presentación de un proyecto por parte de los diputados PS Juan Santana y Maya Fernández busca dejar establecido por ley la suspensión de los cobros de las universidades, mientras se mantenga el estado de catástrofe, considerando que dado el impacto de la pandemia en la economía, las familias no pueden pagar normalmente un arancel de educación superior.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados está convocada a votar el proyecto este martes a las 15 horas, a una sesión a la que está invitado el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas Duhart.
El proyecto tiene detractores. La posición contraria de Sánchez se suma a la de otros rectores, como el titular de la Universidad del Desarrollo (UDD), Federico Valdés, quien considera que “la petición es totalmente descabellada (…). No hay recursos para resolver este problema”. A su juicio, “no se entiende muy bien a qué obedece esta iniciativa, salvo a ganar aplausos fácilmente (…) Es una forma segura de poner en aprieto a las instituciones, porque cualquier rebaja obligatoria podría llevar (a los planteles) a una situación financiera insostenible en un plazo de uno a tres meses”.
Asimismo, este martes, en una carta publicada en El Mercurio el exministro y actual académico de la Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner y el académico del mismo plantel, Jamil Salmi, advierten que “suspender el pago de aranceles provocaría un daño irreparable a las instituciones, cuyo ingreso principal proviene precisamente del pago de aquellos, de manera directa o con apoyo fiscal. Por su lado, los estudiantes necesitan flexibilidad y facilidades que las instituciones están proporcionando, pero que ahora corresponde a la autoridad ampliar”.
En tal sentido, plantean que “para el mediano plazo, el Gobierno debe explicitar —desde ya— una estrategia de financiamiento sustentable para el sector. Al momento no solo carece de una, sino que mantiene en vilo al sistema al no haber solucionado las fallas de la gratuidad, creado un justo régimen de crédito estudiantil contingente al ingreso, y sometido a deliberación pública la determinación del valor futuro de los aranceles, tarea que le corresponde por ley”.
