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Si bien, a juicio del Consejo para la Transparencia, en las últimas semanas se han registrado mejoras en los datos a los que la ciudadanía puede acceder desde la página www.gob.cl/coronavirus.cl, aún persisten brechas para elevar niveles de transparencia y acceso a la información a estadística desagregada. Las falencias radican en las cifras sobre hospitalización según sector –público y privado– e información sobre fallecidos –no se cuenta con datos por comuna, género o enfermedades preexistentes–, entre otras. Tampoco hay datos certeros sobre la cantidad del personal médico y de salud que se encuentra trabajando exclusivamente con pacientes contagiados por COVID-19 o información sobre las medidas de seguimiento o monitoreo de los casos de contacto de alto riesgo.
El acceso a los datos ha sido una de las críticas más recurrentes que ha recibido el Gobierno en medio de la pandemia del COVID-19. El Consejo para la Transparencia (CPLT), el pasado 27 de marzo, se sumó al debate, pidiendo mayor acceso a información pública y sobre la contención del coronavirus. Sin embargo, el 16 de abril, cuestionó públicamente al Ejecutivo, acusando falta de proactividad de autoridades para garantizar mayor transparencia de información sobre pandemia.
Desde esa fecha, ha transcurrido poco más de un mes y el Gobierno parece que escuchó las críticas, ya que –a juicio del CPLT– se han evidenciado mejoras en los datos a los que la ciudadanía puede acceder desde la página www.gob.cl/coronavirus.cl.
En concreto, el organismo valora el aumento de la información accesible en línea sobre el COVID-19 y datos desagregados publicados entre los meses de abril y mayo.
Sin embargo, también hay nuevas críticas, pues todavía persisten brechas respecto de lo sugerido por el CPLT para elevar niveles de transparencia y acceso a la información a estadística desagregada que permita entender mejor el comportamiento de la enfermedad.
Al respecto, el presidente del Consejo, Jorge Jaraquemada, explicó que, a partir de revisiones realizadas por la Dirección de Fiscalización del organismo en distintas fechas de los últimos dos meses, se pudo establecer que “al comienzo se publicaba poca información con bajos niveles de desagregación, es decir, números totales de diagnosticados sin indicar la comuna, el género o la edad de los pacientes. Hoy eso ha cambiado y tenemos más datos desagregados, visualización territorial de las estadísticas y además se han dispuesto fuentes de datos abiertos que permiten su reutilización”.
“Creo que esta actitud debe valorarse, porque no es coincidencia que se hayan implementado parte de los requerimientos. A mi juicio, representan un esfuerzo del Ejecutivo por satisfacer la demanda de acceso a datos que ha hecho el Consejo para la Transparencia y otras instancias de la sociedad civil, que hemos insistido en la necesidad de transparentar proactivamente información que permita entender el comportamiento de la pandemia”
Esto, apuntó Jaraquemada, “posibilita también dotar de legitimidad a las decisiones y acciones que se implementan para enfrentar esta emergencia sanitaria como país. Pero subsisten brechas respecto a la información que consideramos deseable respecto de la experiencia comparada y que permita entender mejor el comportamiento de la enfermedad, como la situación de salud previa de las personas fallecidas por COVID-19 o los casos negativos tras el procesamiento de muestras”, agregó el abogado.
A juicio del CPLT, entre las materias que aún presentan obstáculos para el acceso a la información está la estadística sobre la cantidad del personal médico y de salud que se encuentra trabajando exclusivamente con pacientes contagiados por COVID-19.
Asimismo, falta desagregación en datos sobre hospitalización –según sector público y privado–. Lo mismo ocurre en el caso del total de fallecidos, ya que actualmente no se entrega información por comuna o género, ni tampoco antecedentes respecto de enfermedades preexistentes en caso de deceso. Tampoco se da cuenta de información sobre las medidas de seguimiento o monitoreo de los casos de contacto de alto riesgo, una de las recomendaciones del CPLT.
“Ante información dinámica y en un contexto excepcional, la revisión que realizamos desde el Consejo no busca cuestionar las cifras informadas sino colaborar con la gestión de la emergencia, porque como Consejo creemos que la gente debe tener conocimiento y comprender lo que ocurre para poder luego pedirles que cumplan con la implementación de medidas como las cuarentenas, que implican limitar libertades individuales”, apuntó.
Otra de las materias que no ha presentado avances es la dificultad para acceder a información sobre las razones en las que se sustentan decisiones sanitarias, como las cuarentenas o cordones sanitarios. Además, se identificaron inconsistencias entre las resoluciones que disponen o modifican estas medidas publicadas en la plataforma del Ejecutivo sobre el COVID-19 y lo que se publica en el apartado de Transparencia Activa de la entidad que las emite, la Subsecretaría de Salud Pública, o la falta de publicidad de algunos de estos documentos.
“Es importante que esta documentación sea exhaustiva, esté consolidada y permita trazabilidad, y que las personas puedan acceder a los antecedentes expresos respecto de los fundamentos que llevaron a tomar ciertas decisiones, como decretar cuarentena en ciertas zonas. Para evaluar posteriormente las medidas que se han tomado y para rendir cuentas sobre estas acciones, se requiere saber en base a qué información se evaluó y analizó para limitar el movimiento de las personas”, finalizó el representante del CPLT.
