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Crédito: Agencia UNO
En plena crisis del coronavirus, el Gobierno dice estar concentrado en sacar adelante los proyectos de ley relacionados con la situación de emergencia. Sin embargo, le puso suma urgencia al proyecto que modifica el Sistema de Inteligencia Nacional, lo que desató una ola de críticas de la oposición, académicos y del mundo de Derechos Humanos. La propuesta gubernamental “cambia la definición de contrainteligencia y establece que la amenaza contra la seguridad del Estado no solo puede ser externa, sino que provenir de ‘grupos nacionales”, advierte la Comisión Chilena de DDHH. Mientras, la diputada Vallejo (PC) acusa que la iniciativa “le otorga atribuciones a las FFAA y se centra en combatir la protesta social, en vez del crimen organizado o el narco”. Su colega PS, Maya Fernández, por su parte, advirtió que “estamos en crisis sanitaria y económica producto de la pandemia, por tanto, el Congreso tiene que abocarse a legislar materias que vayan en apoyo directo a las ciudadanas y ciudadanos”.
Si bien el Gobierno ha asegurado que está concentrado en sacar adelante una agenda legislativa ligada a enfrentar los efectos del COVID-19, su decisión de poner suma urgencia al proyecto que modifica el Sistema de Inteligencia Nacional ha gatillado una profunda controversia, con críticas desde la oposición y organizaciones de Derechos Humanos.
“En plena pandemia, el Gobierno nos obliga a tramitar la Ley de Inteligencia, que le otorga atribuciones a las FF.AA. y se centra en combatir la protesta social, en vez del crimen organizado o el narco. El Presidente debe retirar la suma urgencia”, se quejó la diputada comunista Camila Vallejo.
El proyecto de ley se discute este martes en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y el miércoles es altamente probable que se vote en Sala, dados los plazos que establece la urgencia.
El Gobierno puso el acelerador a la iniciativa, pese a que diputados de oposición integrantes de la Comisión de Defensa enviaron una carta al Presidente Piñera y al ministro Alberto Espina, solicitando quitar la urgencia al proyecto.
Dicha carta fue firmada por Jorge Brito (RD), Maya Fernández (PS), Gabriel Ascencio (DC), José Pérez (PR), Loreto Carvajal (PPD), Guillermo Teillier Del Valle (PC) y Jaime Tohá González (PS).
Fernández, junto con el diputado Marcelo Schilling, publicaron el lunes una columna en El Mostrador donde señalan que es un “mal proyecto para nuestra democracia”, argumentando que “este es un tema demasiado delicado e importante para discutirlo de manera forzada, más aún cuando se presenta un proyecto que está lleno de detalles y subrepticios, cuyos impactos pueden tener gravísimas consecuencias para nuestra democracia”.
Hoy, la diputada insistió en el punto, señalando que “estamos en crisis sanitaria y económica producto de la pandemia, por tanto, el Congreso tiene que abocarse a legislar materias que vayan en apoyo directo a las ciudadanas y ciudadanos. Se requiere de un Ingreso Familiar de Emergencia por sobre la Línea de la Pobreza y terminar de despachar desde el Congreso el proyecto de ley para que a las personas no se les corten sus servicios básicos. Este no es el momento de legislar proyectos que nada tienen que ver con la pandemia y en la ayuda de todas las chilenas y chilenos”.
En este contexto, el diputado RD Jorge Brito, presidente de la Comisión de Defensa, anunció que “haremos todo lo que esté a nuestro alcance para detener estos proyectos”, en referencia tanto a este proyecto como el de Infraestructura Crítica.
“No sabemos en qué país están viviendo el Presidente Piñera y el ministro Espina que en medio de esta brutal pandemia, intentan forzarnos a tramitar esta Ley de Inteligencia e Infraestructura Crítica”, cuestionó Brito.
En la misma línea, afirmó además que “el Presidente Piñera y el ministro Espina deben dejar de usar a las FF.AA. como si fueran un botín del Gobierno de turno. Hay miles de funcionarios y funcionarias desplegados en todo el territorio nacional, hay miles de personas que están sufriendo el dolor de la pandemia (…), que no hace más que militarizar los problemas sociales. Esto preocupa a los movimientos sociales, preocupa a la oposición e incluso a expertos en la materia».
Los principales reparos a la propuesta gubernamental son que “cambia la definición de contrainteligencia y establece que la amenaza contra la seguridad del Estado no solo puede ser externa, sino que provenir de ‘grupos nacionales”, según advierte la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
La entidad acusó que el Gobierno está haciendo avanzar de manera sigilosa pero rápida en el Parlamento este proyecto, con el fin de “neutralizar” la protesta social y otorgar a “los Comandantes en Jefe la totalidad de la fijación de los objetivos” de este cuerpo normativo.
En este contexto, a través de una Carta Abierta a Diputadas y Diputados, el Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADF) advierte que en la propuesta “se amplían aún más los roles de las FF.AA. en labores de orden interno” (REVISE LA DECLARACIÓN ACÁ).
“En la medida que sus trabajos de inteligencia interna no serían solo residuales y toda vez que el proyecto del Gobierno –que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA.– les permitiría la protección de la infraestructura crítica del país en situaciones de protestas nacionales, se legalizarían indagaciones castrenses de inteligencia sobre organizadores y participantes en estas movilizaciones, generando las bases de un Estado policial”, apuntan.
Por eso, hacen un llamado al Congreso para que el proyecto “sea discutido sin la urgencia planteada, tal como lo ha solicitado la Comisión de Defensa de la Cámara, y que abran un efectivo debate democrático –con el debido conocimiento experto– que permita mejorar una tarea que es atribución esencial del Estado y, al mismo tiempo, proteja efectivamente los derechos de toda la ciudadanía”.
