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Crédito: Via Facebook Giancarlo Baltolú (de camisa celeste en la imagen)
El senador socialista José Miguel Insulza y el diputado del mismo partido Luis Rocafull recurrieron a la Contraría para denunciar una “colusión para ofertar y defraudar” en la Intendencia regional de Arica-Parinacota en el proceso de compra de cajas. El administrador regional Giancarlo Baltolú, a cargo del tema en la zona, se defiende, descarta cualquier irregularidad y acusa que quieren “destruir su imagen ante la opinión pública” porque “presumen que voy a ser candidato de Chile Vamos en las próximas elecciones municipales”.
La entrega de las cajas de programa «Alimentos para Chile» se ha transformado en todo un dolor de cabeza para el Gobierno no solo por la logística involucrada sino por los fails comunicacionales como el instructivo de la Secom conocido esta semana. A esto se suma ahora que la polémica escaló incluso a nivel de Contraloría, a través de un requerimiento por la situación en la Región de Arica y Parinacota, que ha dejado en evidencia una guerrilla política directamente vinculada a las próximas elecciones municipales.
Se trata de una presentación ingresada por el senador socialista José Miguel Insulza y el diputado del mismo partido Luis Rocafull quienes acusan una “colusión para ofertar y defraudar” en la Intendencia regional de Arica-Parinacota en el proceso de compra de cajas, que en definitiva derivó en la compra vía trato directo a la empresa Tobar y Tobar.
El requerimiento ante Contraloría apunta a Giancarlo Baltolú, actual administrador regional, el funcionario que se ha hecho cargo de la “Operación Cajas” a nivel regional, tal como reseñan las publicaciones de la prensa local y en su mismo Facebook donde ha posteado varias imágenes de su despliegue en la entrega de estas canastas.
Entre las irregularidades mencionadas, los parlamentarios de oposición acusan que hubo un trato preferente a Consultora Tobar y Tobar que podría invalidar el proceso de adquisición. Entre las anomalías del proceso, señalan que se descartó a otra empresa (Brich), por presentar “un listado de abarrotes sensiblemente distinto al solicitado por la Intendencia”, siendo que Consultora Tobar y Tobar hizo lo mismo y además “fija precios muy por encima del precio de mercado, como por ejemplo las lentejas valorizadas en $3.175 el kilo”.
Además, denuncian una concertación previa, dado que la resolución que aprueba el trato directo y el contrato determina que la entrega de los productos adquiridos se realizará en un inmueble, que corresponde a la dirección entregada por otra de las empresas (Soc. Comercial Gastronómica e Inversiones Mac- Conell Ltda) que cotizaron en el proceso. “Parece obvio que, al menos entre estos dos postulantes existía algún conocimiento recíproco y algún acuerdo”, acusan.
En cuanto a la actuación de Baltolú, la presentación de Inzulza y Rocafull señala que hay irregularidades manifiestas en el tema, porque el administrador regional “negocia con los oferentes y contrata de facto” con la empresa adjudicada, sin estar facultado para dirigir el “proceso de cotización y contratación del Trato Directo en cuestión”, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 19.886.
A Baltolú también le reprochan informar a los oferentes el precio disponible para el pago de la cajas, lo que “atenta contra una compra eficiente, transparente y la obtención por parte del Mercado de una compra óptima al precio más conveniente”, dice el escrito. Esto, debido a un mail enviado en mayo al jefe de comunicaciones Externas y Relaciones Institucionales de Walmart S.A. donde le señalaba “tenemos $40.000.- por caja IVA y traslado incluido”.
Baltolú -administrador público de la Universidad de Chile y magíster en Administración de Empresas- se desempeñó como secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo hasta octubre pasado cuando fue nombrado como el primer Administrador Regional de Arica y Parinacota, cargo que se enmarca en la Ley 21.074 que fortalece el proceso de regionalización del país. Además, es fundador de Evópoli en la región.
Consultado por El Mostrador, Baltolú es enfático en señalar que “la acusación del senador José Miguel Insulza y del diputado Luis Rocafull no tiene ningún fundamento, sino que se trata de un montaje comunicacional que tiene como principal propósito destruir mi imagen ante la opinión pública”.
“Lamento las declaraciones de dos parlamentarios de la República que, desconociendo los procesos internos de las instituciones públicas, hagan un emplazamiento de ese tipo, poniendo en tela de juicio, no solamente mi honra personal, sino también la de funcionarios que han hecho carrera dentro de la administración pública y que, en definitiva, no merecen este tipo de trato (…) Siento que les está molestando que las cosas en Arica, resulten. Y que, en definitiva, la organización que estamos teniendo, nos permita llegar a la gente con soluciones de verdad”, señala.
Según Baltolú, los ataques responden a la “figura de la “presunción” de su candidatura, por Chile Vamos, para las próximas elecciones municipales”. “Ellos presumen de que yo voy a ser candidato de Chile Vamos en las próximas elecciones municipales. Y, por eso, todo lo que hacemos bien lo quieren enlodar, cubrir de un manto de falsedades y llevar ante la Contraloría (…) Este tipo de acciones no solo buscan enlodarme a mí, sino también el trabajo que está desarrollando el Presidente Sebastián Piñera”, acusa.
Si bien el administrador regional no confirma su candidatura, en la página del partido hay una publicación que lo describe así: “Giancarlo tiene un sueño que está tratando de materializar desde el 2016, transformarse en el próximo alcalde de Arica”.
En cuanto al fondo de las acusaciones, sostiene que “es imposible que haya tenido que ver con la elección del proveedor, puesto que esta decisión fue adoptada por una comisión técnica evaluadora alojada en la Intendencia de Arica y Parinacota (Ministerio del Interior), que una institución completamente distinta”.
Baltolú aclaró que su participación en el tema de las canastas familiares se relaciona con haber presentado ante el Consejo Regional, en abril de este año, las iniciativas que permitieron conseguir 1.738 millones 500 mil pesos, equivalentes al 5% del presupuesto FNDR 2020, para la adquisición de estas canastas de alimentos (900 millones de pesos) y otros proyectos destinados a enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19 en la región.
Asegura que también cumplí con la función de solicitar cotizaciones a más de un proveedor local, las que fueron derivadas al jefe de Administración y Finanzas de Intendencia de Arica y Parinacota y supervisar la correcta entrega de este beneficio a las personas.
Desde la Intendencia además aclaran que “es importante señalar que los recursos del 5% del FNDR 2020, aprobados por el Consejo Regional de Arica y Parinacota para la adquisición de las canastas familiares y otras iniciativas relacionadas con la pandemia del COVID-19, fueron traspasados al Ministerio del Interior. Por ello, la responsabilidad de la ejecución del gasto público se alojó en la Intendencia de Arica y Parinacota y no en el Gobierno Regional”.
