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Crédito: Agencia Uno
«Existe un paso previo a la unidad. Se trata de algo en apariencia sencillo pero que reviste un trabajo complejo y sistemático, la confianza. Mientras en Chile no logremos superar la profunda crisis de confianza en las instituciones, tanto públicas como privadas, que venimos arrastrando desde hace una década, se torna complejo aunar voluntades tras un propósito común”. Así comienza la carta preparada por el contralor Jorge Bermúdez y el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada. En la declaración, también recalcan que “esto implica, necesariamente, que las instituciones públicas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos”.
«Para volver a confiar». Así se titula una carta firmada por el contralor Jorge Bermúdez y el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, donde advierten que la falta de transparencia y de, precisamente, confianza, de las instituciones públicas y privadas han propiciado que las estrategias sanitarias para combatir el COVID-19 no sean efectivas. Porque la ciudadanía no cree.
La carta hace un llamado a todos «los poderes públicos, los partidos políticos, al sector privado, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general» a ser más transparentes y probos, ya que «para volver a confiar, especialmente en el difícil contexto por el que transitamos, necesitamos más transparencia y más probidad: entregar información clara, segura y de manera sencilla, realizar rendiciones de cuentas oportunas, completas y veraces y supervisar minuciosamente el gasto público».
«Existe un paso previo a la unidad. Se trata de algo en apariencia sencillo pero que reviste un trabajo complejo y sistemático, la confianza. Mientras en Chile no logremos superar la profunda crisis de confianza en las instituciones, tanto públicas como privadas, que venimos arrastrando desde hace una década, se torna complejo aunar voluntades tras un propósito común. Esto no quiere decir que sea una tarea imposible sino inmensamente desafiante, más aún en un contexto adverso como es hoy el control sanitario de una pandemia y sus adversos efectos económicos y sociales que vive nuestro país», indican en el texto.
En ese sentido, dicen que «cuando la ciudadanía diariamente recibe información sobre iniciativas de la autoridad y los resultados de políticas públicas que redundan en su entorno inmediato», la institucionalidad «debe actuar con una sólida base de legitimidad que entregue confianza».
«Tan relevante como prestar servicios eficaces y oportunos en el servicio público, es que las autoridades y sus decisiones cuenten con una sólida base de apoyo, de lo contrario, la ciudadanía no logra comprender y opta por prescindir de las recomendaciones o disposiciones adoptadas», advierten.
Por eso, el Contralor y el presidente del CPLT indican que en una democracia «es deseable contar con organizaciones de la sociedad civil y una ciudadanía informada, opinante y con vocación escrutadora, pero también necesitamos recuperar la confianza para avanzar con mayor celeridad en el control de la pandemia, sobre todo en los meses que se avecinan y que se estima serán muy complejos. Por esos las decisiones de la autoridad deben estar revestidas de garantías de credibilidad que inviten a la adhesión y no al escepticismo, puesto este solo aumenta la desconfianza».
Para ello, toman el testimonio y piden estándares más altos de transparencia y probidad, para volver «a hacer de nuestro país una verdadera comunidad».
«Hacer realidad la transparencia y dar acceso a la información pública, posibilita una participación ciudadana fundada en datos y antecedentes, mejorando la calidad del debate público y de las decisiones político-administrativas, potenciando el control social y previniendo la corrupción. En suma, impactando positivamente en la relación entre la ciudadanía y el Estado, en base a una percepción de menor asimetría en esa relación y a la generación de mayor credibilidad», explican.
Estas políticas buscan promover el comportamiento ético y honesto de autoridades y funcionarios, como indican en la carta, «privilegiando siempre el interés general por sobre cualquier interés particular, e impulsándolos a rendir cuenta permanente de su labor para facilitar el control social de la ciudadanía. Esto implica, necesariamente, que las instituciones públicas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos».
