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La crisis de salud por el coronavirus no ha sido razón para que el Presidente de la República ponga freno a la agenda en materia de seguridad y control social desplegada tras la revuelta de octubre, todo lo contrario. Tanto así, que en plena pandemia de COVID-19 y bajo Estado de Excepción Constitucional, se ha dado urgencia a proyectos como la Ley de Inteligencia, con mayor participación de las Fuerzas Armadas; se han adjudicado licitaciones para tecnología de reconocimiento facial; se ha buscado dotar de mayores atribuciones a la seguridad municipal, algunas de ellas inconstitucionales, como el control de identidad; y se ha sumado un reciente despliegue militar en La Araucanía y la Región del Biobío. Estas iniciativas –según diversos especialistas– atentan contra los movimientos sociales organizados, siendo uno de sus propósitos el control de la protesta social. Todo esto para aumentar la percepción ciudadana respecto a «que para hacer frente a la crisis, se necesita de más autoridad y menos democracia”. [ACTUALIZADA]
En medio de la pandemia por coronavirus, entre gallos y medianoche, el Presidente Sebastián Piñera ha intentado llevar a cabo algunos de sus proyectos o iniciativas insignes para el legado de su segundo periodo. Es así como la agenda de Seguridad Nacional e Interior del Estado, que resultó fortalecida tras la revuelta de octubre, en lugar de pasar a un segundo plano en medio de la crisis sanitaria que azota al país, ha sido impulsada con mayor intensidad en un contexto de Estado de Excepción Constitucional. Estas contingencias han propiciado –según los especialistas– el avance hacia un Estado de carácter “policial”, más propio de un régimen autoritario que democrático.
Es así como iniciativas como la modernización de la Ley de Inteligencia, el sistema de televigilancia con reconocimiento facial, el resguardo militar de infraestructura crítica, entre otras que no han logrado ver la luz, han sido apuntaladas por La Moneda en los últimos meses. Según Eduardo Vergara, exjefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, el Gobierno de Sebastián Piñera, en medio de la pandemia, “optó por hacer política de seguridad por medio de pautas de prensa y aprovechando el estado actual de miedo y empatía para empujar su agenda de populismo de mano dura. Los proyectos que empuja no tienen sustento en evidencia y buscan enviar una señal política a costa de ampliar el castigo hacia los más vulnerables. De paso, siguen lentamente avanzando hacia grados de militarización de la seguridad ciudadana que son inaceptables”.
En esa línea, uno de los proyectos más controvertidos es la ley que moderniza el sistema de Inteligencia, la que ha sido calificada internamente en La Moneda como uno de los proyectos “vitales” para el legado de Piñera II. El proyecto fue diseñado por el exministro del Interior Andrés Chadwick, junto al exsubsecretario Rodrigo Ubilla, además del jefe de la cartera de Justicia, Hernán Larraín, y el ministro de la Defensa Nacional, Alberto Espina. En medio de la revuelta social, el Ejecutivo impuso su discusión inmediata al Congreso y hoy se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados con “suma urgencia” legislativa, en plena pandemia por COVID-19.
Según los especialistas, su eje central es la ampliación y fortalecimiento de las facultades del Sistema de Inteligencia y la reconfiguración del paradigma de la “contrainteligencia”, dando cabida al consabido concepto del “enemigo interno” en el país. El proyecto amplía las facultades de los agentes de inteligencia a una búsqueda proactiva y almacenamiento de datos e información, permitiendo el uso de agentes encubiertos, además de otorgar acceso a fuentes cerradas, sin dar mayores detalles a los ministros de la Corte de Apelaciones respectiva para su autorización. En dicha recolección de información se incluye a las Fuerzas Armadas, ampliando su labor a la contrainteligencia interna, debido a que se les obliga a entregar la “información residual” de civiles a las autoridades.
El proyecto también establece que grupos y organizaciones nacionales podrán ser objeto de contrainteligencia, lo que ha levantado críticas dentro del mundo social y de la defensa de los Derechos Humanos, debido a que daría paso a investigar a organizaciones sociales, estudiantiles, feministas, ambientalistas, mapuche y de trabajadores, bajo el paradigma del “enemigo”, expresión que ha sido acuñada en reiteradas ocasiones por el Presidente Piñera. La Comisión Chilena de DD.HH. señaló que la iniciativa “abre paso a un sistema de inteligencia dirigido a reprimir y neutralizar la protesta social” y que dado “el contenido de las modificaciones propuestas, más parecen estar encaminadas a adecuar el actual sistema de inteligencia para detener y neutralizar el estallido social”.
Además, este proyecto le da más atribuciones al director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y entrega un fondo de emergencia de $6 mil millones, al que la agencia puede recurrir para aumentar su dotación de personal. El proyecto unifica la estrategia de inteligencia nacional en la dirección de turno de la ANI por un periodo de cuatro años, integra al SII y a Gendarmería al sistema de inteligencia y crea un Consejo Asesor integrado por la PDI, Carabineros, las FF.AA. y los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Una estructura sin contrapeso en el Poder Legislativo, ya que aumenta a ⅗ el quorum necesario para citar a la Cámara de Diputados al director(a) de la ANI.
Pero la Ley de Inteligencia no es la única acción del Gobierno que ha reforzado el accionar de la Agencia Nacional de Inteligencia. En abril de este año, los funcionarios del Sename denunciaron la firma de un convenio entre la institución y la ANI, con el objetivo de facilitar el acceso a información que posee el Sename, “para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI». Según fuentes gubernamentales, el acuerdo fue impulsado por los ministros de ambas carteras durante el verano, y también buscaba incluir al Registro Civil en el trato con la Agencia. Pero, tras las diversas críticas, la idea fue desestimada por el jefe de la cartera de Justicia y DD.HH., Hernán Larraín.
Otra idea que asomó en medio de la pandemia fue la de otorgarles atribuciones policiales a los guardias municipales, con el objetivo de controlar el cumplimiento de las cuarentenas. El 7 de mayo, el Presidente de la República ingresó un decreto a la Contraloría para transferir facultades de fiscalización a los funcionarios municipales, una idea que finalmente también fue desechada por el Ejecutivo, tras la presión de alcaldes y parlamentarios.
Para el coordinador de Cátedra de DD.HH. de la Universidad de Chile, Claudio Nash, el Gobierno de Sebastián Piñera ha asumido “la lógica de la doctrina de la Seguridad Nacional”, en la que “el enemigo está al interior del país, particularmente ese enemigo está en las organizaciones que lideraron los movimientos sociales desde el 18 de octubre en adelante. Eso explica los cambios en la política de inteligencia y el nuevo rol que se les asigna a las Fuerzas Armadas en materia de orden público”.
Esta política “criminalizadora de la protesta social afecta el derecho a reunión, libertad de expresión, derechos políticos y derecho de igualdad ante la ley. Pero, también, esta política criminalizadora pone en riesgo los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la calidad de la democracia en Chile, generando un contexto de fragilidad institucional que no veíamos desde la dictadura”.
Otra línea que impulsada por el Gobierno de Sebastián Piñera apunta a la ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas para el control civil e interno en el país, denominada por los especialistas como “militarización del orden público”. Ya en la Ley de Inteligencia se abre un espacio al involucrar a las FF.AA. en tareas de contrainteligencia para grupos nacionales, pero hay otras iniciativas o acciones del Ejecutivo que apuntan en la misma línea y que se han visto reforzadas en medio de la revuelta social y por el Estado de Excepción en medio de la pandemia por el coronavirus.
«El Gobierno de Sebastián Piñera ha aprovechado la pandemia para avanzar en el fortalecimiento de un Estado autoritario, en el cual las Fuerzas Armadas pasan a tener un rol activo en el control del orden público, a través del proyecto de ley que permite desplegar FF.AA. para la protección de ‘infraestructura crítica’, como ocurrió en el estado de emergencia decretado por la revuelta popular», explica Javier Pineda, abogado de la Corporación de DDHH 4 de Agosto.*
Dicho proyecto, presentado en pleno estallido social por los senadores oficialistas Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh. La iniciativa –que también ha sido impulsada por los ministros Alberto Espina y Gonzalo Blumel– le da potestad al Presidente de la República para enviar a las Fuerzas Armadas a resguardar la infraestructura de empresas o servicios estatales, que sean de utilidad pública y cuya perturbación tendría un grave impacto sobre la población. La fórmula para determinar qué servicios son, dependerá del Ministerio de Justicia mientras no se emita una ley que los defina. El proyecto ya fue aprobado por el Senado y actualmente está siendo tramitado en la Cámara de Diputados.
El contexto de la pandemia y el aplazamiento del Estado de Excepción hasta mediados de octubre, ha llevado a que las FF.AA. estén desplegadas por todo el territorio. Las autoridades de Gobierno, como los ministros Gonzalo Blumel y Alberto Espina, han destacado su rol en tareas de logística, fiscalización de cuarentenas y apoyo en medio de la pandemia por coronavirus.
Hace una semana Blumel y Espina, de las carteras de Interior y Defensa, respectivamente, llegaron hasta la Región del Biobío para coordinar un plan de seguridad para esta y La Araucanía, tras distintos ataques a camiones de forestales y a una torre de telefonía en Tirúa, hecho que Carabineros tardó 12 horas en informar al Fiscal Especial para la zona. El encuentro de los ministros terminó en la decisión de enviar a la zona a 80 efectivos militares de la Unidad Fundamental de Orden Público, según informó La Tercera.
Esta incorporación de uniformados fue la primera acción del Gobierno, en medio de la pandemia, para una zona que ha estado marcada por el conflicto entre comunidades mapuche que han iniciado procesos de recuperación de tierras, propietarios y Carabineros. Fue en este período en el que murió el werkén Alejandro Treuquil (37), quien a mediados de mayo había denunciado amenazas por parte de Carabineros. A esto se suma la huelga de hambre de nueve comuneros mapuche en la cárcel de Angol y una serie de manifestaciones en la zona.
En una carta del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA), integrado por académicos del área, señalan que este contingente especial del Ejército “se agrega a una lista de desaciertos del Gobierno. Esta decisión no hará más que escalar el conflicto y avanzar por el peligroso camino de la intervención de las Fuerzas Armadas en roles de seguridad interior”. Añaden que esto se suma a “la preocupación por la participación de militares en políticas de control al narcotráfico en la frontera norte del país”, autorizadas tras un decreto presidencial de julio de 2019.
A esto, se debe sumar un proyecto de ley ingresado el 4 de junio, que establece un nuevo sistema de compras e inversiones de la Defensa Nacional, con cargo al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa y al Fondo de Contingencia Estratégico. El ministro de Defensa, Alberto Espina, señaló que este proyecto se enmarca en el nuevo sistema de financiamiento de las FF.AA. y tiene dos objetivos: regular el sistema de compras y adquisiciones, y establecer los controles civiles para este. Las compras a regular están relacionadas con el material bélico y la infraestructura asociada.
En su carta, los miembros de GADFA sostienen que, pese a que la presencia de militares en las calles, el toque de queda y el control de datos personales “son situaciones propias de un estado de excepción”, no se debe perder de vista que la incertidumbre, impactos económicos y sociales que arrastra la pandemia, sumado al descontento ciudadano con la democracia, “abren una ventana para avalar el incremento de la autonomía y poder de los cuerpos armados. La sensación de que para hacer frente a la crisis se necesita más autoridad y menos democracia, no está ausente en algunos sectores de la sociedad”.
En medio de la pandemia también han surgido diversas iniciativas que tienen como objetivo la cibervigilancia o seguimiento de la población, principalmente aquella que ha resultado contagiada con coronavirus. La primera idea que surgió fue CoronaApp, una aplicación móvil lanzada por el Ministerio de Salud, con el fin de acompañar y hacer seguimiento a las personas afectadas por el virus, tratando de imitar el proceso de seguimiento que se implementó en Corea. Pero de inmediato sus políticas de privacidad sembraron la duda respecto al almacenamiento de los datos, que incluían la geolocalización de las personas y antecedentes médicos. La política no generó gran repercusión en la población y menos del 1% de los habitantes la había descargado para fines de mayo.
María Paz Canales, directora de Fundación Derechos Digitales, explica que “hubo tan poca transparencia en los elementos de recopilación y uso de datos, que afectó en que la ciudadanía se entusiasmara en usar la aplicación. Aun cuando la descarga y uso en la app es absolutamente voluntaria, aún así es bien cuestionable que el Gobierno haya lanzado una aplicación como esa, sin hacer un análisis normativo profundo, de haber dictado una ley particular con compromisos sobre las forma en que se iban a usar datos personales y de salud”.
La especialista plantea que es difícil compararse con Corea, ya que en dicho país la app fue un complemento de tres sistemas distintos para la trazabilidad de contactos estrechos, basados principalmente en rastreo telefónico y de equipos de seguimiento. “Corea tiene un nivel de penetración mucho más alto de la tecnología, con mayor nivel de alfabetismo digital y conexión”, puntualiza Canales. Además, agrega que en dicho país tuvieron las pandemias del Sars y el Mers y, tras dichas experiencias, “en 2015 dictaron una ley específica en temas de datos personales en donde regulan específicamente el uso de datos en pandemia. Establecen un mecanismo con criterios mínimos de protección para utilizar los datos”, reglamentación que en Chile no existe.
Otra iniciativa fue la idea de utilizar el reconocimiento facial para entregar la clave única con la cual se podrían pedir los permisos en Comisaría Virtual de Carabineros, para circular en el contexto de la cuarentena. Una idea en medio de la pandemia que también terminó en el tacho de la basura y se terminó validando el permiso solo con el RUT en Comisaría Virtual, la que aún permite sacar permisos con la cédula de identidad de personas fallecidas.
Para María Paz Canales esta iniciativa era un sinsentido y apunta que “hay una desproporción en el mecanismo” y que no se entiende “para qué era necesario tener una medida de autenticación tan alta como el reconocimiento facial”, que podía generar una base de datos sin uso específico. Explica que “el Estado, cuando recoge datos, solo puede procesar esos datos para fines propios del organismo (…). Cuando uno trata de saltarse ese sistema, creando bases de datos paralelas, como estas cámaras de reconocimiento facial o de este sistema de autenticación de reconocimiento facial para obtener otros permisos, lo que tú estás haciendo es replicar esa base de datos para otros usos, pero el día de hoy yo no puedo afirmar que lo están haciendo”.
Pero no todo ha sido fracasos en televigilancia para el Gobierno. A fines de marzo, cuando la pandemia acaparaba toda la atención, el Gobierno adjudicó la licitación para cámaras de vigilancia del programa Calle Segura, un programa que incluye reconocimiento facial. “Como la atención se desvió hacia la pandemia en marzo, nadie investigó ni publicó mucho sobre este tema. Se venía discutiendo desde el año pasado, ocupando una interpretación que nos parece extensiva de las facultades que tienen los gobiernos locales y regionales para poder implementar este tipo de tecnología y es una licitación por $14 mil millones. Creemos que, si no hubiésemos estado en contexto de pandemia, hubiese generado mucho más ruido en la opinión pública”, explica Canales, quien agrega que “el despliegue de esta tecnología puede tener un impacto en el derecho a protesta”.
A esta iniciativa se sumó un proyecto de la Intendencia de la Región Metropolitana, que tenía como objetivo la implementación de Santiago como Ciudad Inteligente, el que iba en coordinación con el proyecto de las cámaras con reconocimiento facial y, así, generar un centro de monitoreo. “Era una especie de panóptico, gran hermano, para monitorear a Santiago en base a las cámaras instaladas”. El proyecto iba a ser votado el 3 de junio, pero finalmente el intendente desistió de presentarlo a votación en el Gore y fue retirado para modificaciones.
Al interior del Gobierno reconocen que una de las metas internas que ha planteado el Presidente Sebastián Piñera es avanzar en el sistema de televigilancia, pero que para ello hace falta tener una base de datos importante para cruzar con el reconocimiento facial. Señalan que actualmente en la PDI se ha avanzado en crear dicha base de datos, pero que aún falta legislar en la disponibilidad de las bases públicas ya existentes.
*N del R: En la versión original de este artículo se afirmaba que las ollas comunes en Puente Alto se habían prohibido, y que el Ejército había tomado el control repartiendo alimentación a la población. Esa información fue corregida, y el artículo actualizado, luego que el Ministerio de Defensa y la Municipalidad de Puente Alto aclararan que las ollas comunas comunes no han sido prohibidas, y la que la labor del Ejército en la entrega de alimento, corresponde a un programa itinerante, en el que la institución castrense comparte su «rancho» con los pobladores.
