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Hay desazón entre las víctimas por lo que –aseguran– es un evidente estancamiento en las investigaciones que suman más de cien y la resolución de las causas. En contraste, la institución eclesiástica copa los medios mostrando su labor social con los más afectados por la crisis sanitaria. Según las encuestas, la Iglesia católica tiene una adhesión del 14%. Por lo tanto, la Conferencia Episcopal, los obispos en general, tienen un descrédito bastante grande. «Todas las situaciones que quieran generar los obispos no alcanzan para terminar con el descrédito tan grande que tiene buena parte de ellos. La percepción de la realidad que tienen hoy es bastante simple. Entregan cajas o aparecen hablando sobre migrantes, pero en términos reales la gente a los obispos no les cree”, dice Marcial Sánchez, doctor en Historia y especialista en temas eclesiásticos.
Para el próximo 31 de agosto está programado en Rancagua el comienzo del juicio por abuso sexual contra Julio Barahona Rosales. El orientador –ese era su cargo en el Colegio Don Bosco de Rancagua– mantenía conversaciones con al menos 13 adolescentes, a quienes inducía a masturbarse online y durante tres años almacenó cerca de 700 imágenes de menores en situaciones de connotación sexual.
En el juicio se espera la comparecencia de 50 testigos. El profesor de Religión no pasaría hoy el protocolo de “Integridad en el Servicio Eclesial” que hace una semana entregaron los obispos de la Conferencia Episcopal Chilena. El documento es una guía para “ministros ordenados, religiosos, religiosas, laicos y laicas” con pautas para comportarse en el contexto del “servicio pastoral” y explícitamente pide “hacer un uso prudente de los medios de comunicación, en especial de las redes sociales”. Además de prohibir el consumo de alcohol con y frente a menores o “personas vulnerables”, entre otras instrucciones que, antes del vendaval de casos que golpeó a la Iglesia, no estaban explicitados.
El manual elaborado por el Consejo para la Prevención y Abuso de las Víctimas también exige a quienes conozcan una situación de abuso “actuar con prontitud y la debida sensibilidad pastoral”.
Julio Barahona comenzó su servicio pastoral a fines de los 80 en el colegio San Ignacio El Bosque, hubo denuncias y fue trasladado al colegio San Marcos de Arica, perteneciente a la diócesis de esa ciudad, pero manejado en la práctica por los jesuitas.
Allí, con nuevas acusaciones, fue expulsado del sacerdocio. Pero nadie lo denunció a la justicia y siguió trabajando con estudiantes en el colegio John Dewey y luego en el salesiano de Rancagua, donde una antigua víctima finalmente lo denunció. Cuando fue detenido en el verano del año pasado, la rectoría del San Ignacio El Bosque aseguró que era un laico que trabajó como profesor y sobre quien nunca hubo una denuncia. La declaración apareció luego que el caso se publicara con detalles en la prensa y una de las víctimas, de forma anónima, enfatizara que la Compañía de Jesús “no cuidó a los niños, así como no nos cuidaron del cura Jaime Guzmán y de otros. Prefirieron el silencio”, dijo.
Jaime Guzmán Astaburuga es uno de los sacerdotes jesuitas incluido en la demanda que en julio del año pasado hicieron once denunciantes por delitos de abuso supuestamente cometidos por cuatro religiosos de la congregación. Entre ellos, además de Guzmán, se cuentan el exprovincial de la Compañía de Jesús, Eugenio Valenzuela, y el sacerdote Leonel Ibacache. La acción legal se circunscribe a los hechos que ocurrieron en cinco colegios de la congregación, entre los años 1980 y 2010. Aunque todos los sacerdotes fueron expulsados el año pasado del sacerdocio y de la orden, la denuncia radicada en la Fiscalía Sur no ha tenido mayores avances durante estos meses. Los denunciantes acusan encubrimiento desde las altas esferas de la congregación. Aunque desde la Compañía de Jesús aseguran que están colaborando con todo lo posible, pero que no pueden intervenir en el trabajo de la justicia.
Hoy, los jesuitas sirven de buen ejemplo para explicar cómo la Iglesia ha intentado cambiar el foco de la opinión pública hacia su labor social durante la pandemia. De esta manera, se puede ver un intenso despliegue en los medios de comunicación de las instituciones ligadas a la Compañía de Jesús, dedicadas a ayudar a los más afectados por la crisis sanitaria. Desde el Servicio Jesuita de Migrantes, colaborando en la repatriación de un grupo de bolivianos, pasando por el trabajo de Infocap, el Fondo Esperanza y el Hogar de Cristo.
Esta última institución, con una potente campaña publicitaria que refiere a la “primera línea” de las manifestaciones de octubre, pero en clave caritativa. Desde la página de la congregación se puede acceder a “Jesuitas en Pandemia”, un detallado reporte de cómo están trabajando las distintas instituciones. Paralelamente, el capellán del Hogar de Cristo, José Yuraszcek –hijo del empresario del mismo nombre, que pasó a la historia por el Caso Chispas–, participó en la serie de encuentros denominados Diálogos Más Allá del Pánico, conversando el 14 de mayo con el sociólogo Eugenio Tironi. Más cerca del poder, muy lejos del escándalo.
“Los jesuitas han hecho algunas cosas bien, eso hay que reconocerlo, pero en el tema del encubrimiento nunca se metieron. Hay casos que están clarísimos donde se ocultaron cosas. Estoy pensando en (Juan Miguel) Leturia, donde no solo fueron evidentes los abusos sino los intentos posteriores de encubrirlos. Lo que pasó con Eugenio Valenzuela. Ahí están al debe. Creo que hay una dificultad para reconocer que ellos no solo facilitaron que ocurrieran estas cosas, sino que después las taparon”, puntualiza el abogado Juan Pablo Hermosilla, representante de víctimas de abuso a través de la Fundación para la Confianza, formada por algunas de las personas abusadas por el sacerdote Fernando Karadima.
Hermosilla, refiriéndose a la Iglesia católica en general, subraya que “es evidente de que hay una sensación, en las víctimas y en los que somos querellantes, de que se ha aprovechado el efecto de la pandemia para hacer borrón y cuenta nueva”.
Desde la Conferencia Episcopal, a través de su vocero Jaime Coiro, destacan las actividades que están llevando adelante a propósito de la pandemia, por medio de Caritas Chile.
“Las instituciones de Iglesia tienen en Chile cerca de 130 residencias para adultos mayores y en total unos 800 centros asistenciales y sociales. Créame que la Iglesia es una buena noticia permanente para esas familias que se ven beneficiadas. Ante esta crisis sanitaria y social, esto solo ha sido posible gracias a una red solidaria, la que a través de cientos de parroquias y comunidades de base ha podido aportar con más de 11 mil cajas de alimentos, apoyar a 220 comedores y ollas comunes a nivel nacional, entregando más de 25 mil almuerzos semanales desde que inició la pandemia. Junto con ello se han entregado más de 2 mil kits de higiene, ropa de abrigo, apoyo emocional a través de fonos ayuda”, detalla Coiro.
El vocero de la instancia que reúne a los obispos chilenos recuerda que “la Iglesia tiene un rol social: acompañar a quien necesita apoyo y consuelo. Ahí hemos estado, apoyando a las personas que fueron víctimas de violación a los Derechos Humanos, con las comunidades afectadas por desastres naturales, con personas vulnerables por la pobreza y la discriminación, y ahí seguimos estando hoy”, asegura. Coiro enfatiza que estas actividades no son “para mejorar la percepción que se tiene de la Iglesia, sino por fidelidad a nuestra misión, que es ser testigos de Cristo en la historia”, afirma.
Hablando de historia, Marcial Sánchez, doctor en Historia y especialista en temas eclesiásticos, asegura que la situación de los obispos es especialmente difícil al momento de intentar recuperar la confianza perdida de los feligreses. “Según las encuestas, la Iglesia católica tiene una adhesión del 14%. Por lo tanto, la Conferencia Episcopal, los obispos en general, tienen un descrédito bastante grande. Todas las situaciones que quieran generar los obispos no alcanzan para terminar con el descrédito tan grande que tiene buena parte de ellos. La percepción de la realidad que tienen hoy es bastante simple. Entregan cajas o aparecen hablando sobre migrantes, pero en términos reales la gente a los obispos no les cree”, dice Sánchez.
Sobre las actividades sociales tendientes a cumplir su misión de ayuda social, el académico cree que “la recomposición de la credibilidad pasa por que hay que estar con la gente en algunas circunstancias. Pero una cosa es la Conferencia Episcopal y otra cosa son los curas. Hay curas de alma, reales, que hoy los ves levantando la olla común y lo hacen en silencio. Como algunos que han puesto de su plata en Rancagua, que lo hacen por vocación sacerdotal”, asegura.
Una opinión similar tiene Helmut Kramer, integrante de la Red de Víctimas de Abuso Eclesiástico. Cree que, efectivamente, hay una estrategia evidente para cambiar el foco de la opinión pública, no solo desde la pandemia, sino a partir del estallido social. Pero el daño a la credibilidad de la Iglesia es tan profundo, que ninguna estrategia ha tenido el efecto deseado.
“Han intentado aprovechar toda instancia que se dé a nivel político y social para que se les saquen los ojos de encima. Pero, así y todo, nosotros lo que vemos es que no han tenido capacidad de que la gente se olvide del daño que han provocado a través de los abusos. La Iglesia católica, desde que comienza el estallido social, hasta este momento, ha perdido absolutamente el peso histórico que tenía hace no muchos años. En dictadura la gente esperaba la voz de la Conferencia Episcopal. Hoy la Conferencia Episcopal puede hablar o no y da lo mismo, porque nadie se entera, a nadie le interesa. La reacción que se ha producido en este último tiempo, no es la que ellos han esperado”, afirma Kramer.
En la Conferencia Episcopal, por supuesto que son más indulgentes con su propio accionar y no solo recuerdan el protocolo que acaban de lanzar, sino que ponen énfasis en que la crisis sanitaria por el COVID-19 “no nos puede llevar a olvidar el dolor de quienes han sufrido abusos por miembros de la Iglesia, por esto es necesario que las causas judiciales contra sacerdotes continúen su camino para que se esclarezca la verdad, se aplique la justicia y se repare a las víctimas”, apunta Jaime Coiro.
Pero lo cierto es que los procesos judiciales van a un ritmo de resolución bastante lento. Y este ritmo no tiene que ver con los efectos logísticos que ha implicado la pandemia. Por ejemplo, el comienzo del juicio contra Óscar Muñoz, el excanciller del Arzobispado de Santiago, dadas las circunstancias, se aplazó para el próximo 29 de septiembre. En este caso la Fiscalía pide una pena de 41 años. Para algunos involucrados en los casos, ya sea como víctimas o querellantes, la remoción del fiscal Emiliano Arias, en mayo del año pasado, como investigador principal de las causas agrupadas contra la Iglesia, fue un hecho decisivo para explicar la situación actual de aparente estancamiento
Arias ya en 2018 tenía documentos que involucraban, a través del excanciller Óscar Muñoz, al sacerdote Jorge Laplagne y a los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz. Ambos prelados habrían encubierto el caso de Laplagne, expárroco en Ñuñoa y sacerdote en el Instituto Alonso de Ercilla de los Hermanos Maristas. A comienzos de este mes, el Vaticano declaró culpable a Jorge Laplagne de abuso sexual. “Arias lo que estaba haciendo en el caso Laplagne era involucrar a Ezzati y Errázuriz. El excanciller, en su declaración, involucra a Ezzati. Hay que ser tonto para saber que no hay algo ahí”, dice Marcial Sánchez.
Helmut Kramer, de la Red de Víctimas, también nombra al fiscal Arias para ilustrar un cambio en el escenario judicial de los casos. “Cuando estaba Arias a cargo, teníamos información pública, periódicamente, sobre la cantidad de denunciados y denunciantes. Obviamente respetando la privacidad que corresponde. Desde que Arias es sacado de esa responsabilidad, dejamos de tener esa información. Nunca más supimos nada. Además, cuando él estaba a cargo, teníamos la posibilidad de llamar a cualquiera de sus asesores cercanos cada vez que nos llegaban casos para poder derivarlos. Si tú me preguntas si hemos visto avances o no, la verdad no sabemos nada. A lo mejor el fiscal lo está haciendo excelente, a lo mejor no. Pero es tan hermético, que vemos que pasan los meses y no vemos nada. Antes del estallido social ya estaba pasando esto. La diferencia es que ahora lo pueden justificar con la pandemia o con el estallido”.
Juan Pablo Hermosilla también menciona a Emiliano Arias en una gestión clave. “Hay una causa evidente contra el cardenal Errázuriz por falso testimonio. Por las mentiras que dijo cuando afirmó que no se había cerrado la investigación de Karadima y después el fiscal Arias incautó unos documentos en los cuales aparecían las cartas de él diciendo que habían cerrado la investigación. Él declaró eso bajo juramento y cualquier chileno que miente bajo juramento, en un testimonio de un juicio civil, tiene problemas muy fuertes con el sistema penal y la prueba es redonda. Está todo claro, está confeso por la prensa. Veremos si el Ministerio Público avanza o no avanza, pero no veo qué tanta diligencia hay que hacer en torno a eso. El Estado ha sido cómplice en estas cosas”, sostiene Hermosilla.
Los casos, desde el año pasado, cuando Arias fue sacado por el Fiscal Nacional Jorge Abbott, de las investigaciones por abuso sexual en la Iglesia, ahora están en manos del Fiscal Regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, que dirige un equipo de fiscales asignado para este efecto y que monitorea unos 125 casos. Desde febrero a la fecha se conocen cuatro condenas, una de ellas a cárcel efectiva. Desde siempre, Armendáriz se ha caracterizado por un estilo reservado para hacer su trabajo. Pero, según Juan Pablo Hermosilla, algo cambió y no solo a nivel del Ministerio Público.
“Creo que en términos generales, las cosas se han deteriorado. El ánimo de colaboración aparentemente generalizado dentro de la Iglesia, hoy día no es tal. Por otro lado, en el ámbito judicial algo pasó con la pandemia. Tengo la impresión de que fuera del impacto obvio de la lentitud, ha habido una pérdida de entusiasmo por parte del Estado. Es raro, porque uno tiene que estarlo empujando para que haga la pega. Estoy pensando en las policías, en algunos lados, en el Ministerio Público hay diferentes causas. En las fiscalías Sur, Oriente, Centro Norte, en Valdivia, por todo Chile. En general, lo que uno nota, a lo menos claramente en las policías, es que han ido dejando de lado el tema”, dice Hermosilla.
El penalista da un ejemplo concreto. “Recientemente llegó un informe de la PDI en relación con la causa de los maristas, que es una causa donde está toda la prueba, está redonda. Y llegó un informe de policía grande, como eran hace diez años. Ambiguo, lerdo, que no acredita nada, de nuevo uno con la sensación de que el Estado de Chile y el sistema de justicia chileno no dan el ancho para investigar estas cosas. Como Fundación para la Confianza estamos pidiendo entrevistas con varios fiscales regionales, fiscal Armendáriz entre ellos, para saber lo que pasa. Pero comparto la sensación de pesimismo. En el fondo, después de tanto escándalo como el de Karadima, el caso Poblete y tantos otros, que llenaron los medios, ahora dicen ya es suficiente, demos vuelta la página”, afirma Hermosilla.
Un caso muy bullado también ocurrió en Rancagua, donde será el juicio de Óscar Muñoz. Se trata de los hechos que rodearon a varios sacerdotes que formaban un grupo denominado La Familia.
En mayo de 2018, una mujer vinculada al servicio pastoral en la diócesis de Rancagua, denunció la existencia de un grupo de 14 sacerdotes relacionados con supuestos actos ilícitos, incluyendo abuso sexual. Alejandro Goic, obispo en ese entonces, se disculpó por no haber considerado que la denuncia era lo suficientemente fundada, después de exhibido un reportaje de televisión denunciando los hechos. La Fiscalía formalizó a 14 personas, pero al cabo de un año de investigación, no declaró a nadie como imputado. Según informó el fiscal Xavier Armendáriz, no se encontraron delitos. El administrador apostólico Fernando Ramos, hoy arzobispo de Puerto Montt, celebró la medida. Para Juan Pablo Hermosilla, Ramos pertenece a un grupo selecto. “Me imagino que el cardenal Errázuriz, el cardenal Ezzati, el señor Ramos, tanto obispo conservador que nunca ha sido partidario de que se investiguen estas cosas, estarán haciendo todo lo que pueden. Me imagino, no lo sé. Uno se descuida un segundo y aparece la gente que ejerce el poder a oscuras”, concluye.
