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Crédito: Agencia UNO
Tras el reportaje de El Mostrador sobre la «puerta giratoria» del expresidente del CPLT, Marcelo Drago, quien pasó de la entidad que vigila las buenas prácticas de las instituciones del Estado a un estudio que se dedica a hacer lobby en favor del gigante tecnológico Google, el Consejo emitió una declaración. En ella, también se refiere a los sumarios que afectan al organismo, y a las investigaciones de Contraloría y el Ministerio Público, y subraya que este año se creó un Comité de Fortalecimiento Institucional para analizar y corregir nuevas brechas detectadas, robustecer su institucionalidad y estar a la altura de lo que requiere la ciudadanía en los ámbitos de probidad y transparencia.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) –la entidad que vigila las buenas prácticas de las instituciones del Estado– emitió una declaración tras el reportaje de El Mostrador sobre el caso de su exconsejero y expresidente, Marcelo Drago, en la cual asume que la “puerta giratoria” entre el sector público y privado está «muy insuficientemente regulada».
De acuerdo a la nota de este medio, una vez retirado del Consejo, Drago se incorporó a Magliona Abogados, el estudio que se dedica a hacer lobby en favor del gigante tecnológico Google, justo en momentos en que se debate el proyecto de Ley de Datos Personales, cuyo cumplimiento será de responsabilidad precisamente del CPLT.
Asimismo, el reportaje pone el foco en que el Consejo se ha visto envuelto en una serie de irregularidades y Marcelo Drago, antes de serle comunicado un sumario en su contra, optó por renunciar a la entidad, desactivando la investigación.
A través de una declaración pública, el organismo subraya que “es voluntad del Consejo para la Transparencia actuar frente a las dudas que pudieran surgir sobre el actuar de sus integrantes, utilizando los mecanismos que le otorga la institucionalidad para investigar y sancionar, si así correspondiera”.
Asimismo, en la parte fundamental del texto, subraya que “el CPLT en su propuesta de Acuerdo sobre Integridad Pública y Anticorrupción, presentada hace exactamente un año al Gobierno, enfatizó que la denominada ‘puerta giratoria’ entre el sector público y privado estaba muy insuficientemente regulada y que permitía situaciones como la que precisamente denuncia el reportaje con relación a un exconsejero”.
Lo expresado por el CPLT contrasta con lo planteado por Drago, quien en una declaración enviada a El Mostrador, explicó que su trabajo en el mundo privado, tras presidir el Consejo, “se ajusta perfectamente a la actual legislación y a los estándares de ética pública” y es enfático en que su trabajo en ningún caso corresponde al ámbito del lobby.
El abogado también descarta que optara por dejar el CPLT para evitar un sumario en su contra. “Las razones de mi renuncia al Consejo son bien conocidas, y de hecho a varios les consta que era una decisión tomada el año pasado. Es un absurdo, porque es materialmente imposible que estuviera motivada para evitar ‘un sumario’”, sostiene.
Entre las acciones tomadas, el Consejo recuerda que “en junio de 2019, se formó un Comité Revisor de Procesos Internos para corregir y actualizar sus mecanismos de funcionamiento. En el lapso de este trabajo se pudo detectar, entre otras cuestiones, el atraso en la publicación de actas del Consejo Directivo, situación que finalmente fue enmendada”.
Asimismo, “en enero de 2020 se notificó a la institución una denuncia formulada ante la Contraloría General que gatilló una inmediata respuesta: la instrucción de una investigación sumaria que se desarrolló de acuerdo a estrictas normas administrativas y concluyó que existieron faltas que fueron sancionadas. Los hallazgos de esa investigación derivaron en la instrucción, en julio pasado, de otras dos investigaciones sumarias que se encuentran en curso”.
Además, el CPLT señala que “se han proporcionado todos los antecedentes necesarios para que la Contraloría General investigue las denuncias formuladas ante ella y pueda dar respuesta a las inquietudes ciudadanas. Del mismo modo se ha actuado con los requerimientos de la justicia”.
Complementariamente, añade la declaración, “en marzo de 2020, se creó un Comité de Fortalecimiento Institucional para analizar y corregir nuevas brechas detectadas. El CPLT se hizo cargo de este problema de cara a la ciudadanía, construyendo junto a sus trabajadores un plan de medidas concretas que corrige esas situaciones, robustece su institucionalidad y está a la altura de lo que requiere la ciudadanía en los ámbitos de probidad y transparencia”.
