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Crédito: Agencia UNO
En momentos en que los últimos sucesos en La Araucanía han motivado un debate por la autotutela y el Estado de Derecho, los 165 gremios que conforman la Multigremial exigieron por medio de una declaración «a todos los poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– actuar en el menor plazo para recuperar la paz social y hacer prevalecer el imperio de la ley en todo el territorio nacional». Luego, en un tono que recuerda al de la controvertida Asociación Nacional del Rifle, la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos, advierten que “nos declaramos en libertad para tomar otro tipo de acciones de manifestación con el objetivo de exigir a los poderes del Estado solucionar el problema”, sin precisar a qué reacciones concretas se refieren.
Un ultimátum al Estado otorgó la Multigremial Nacional, exhortándole a actuar «en el menor plazo» para recuperar la “paz social” en La Araucanía. De lo contrario, en un tono de amenaza, advierten con «tomar acciones de otro tipo».
En momentos en que los últimos acontecimientos en La Araucanía han motivado un arduo debate por la autotutela y el Estado de Derecho, tras hechos como la toma y desalojo de municipalidades, los 165 gremios que agrupan a la Multigremial emitieron una dura declaración pública.
En ella, exigen a todos los poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– actuar en el menor plazo para recuperar la paz social y hacer prevalecer el imperio de la ley en todo el territorio nacional».
De lo contrario, empleando un tono que recuerda al de la controvertida Asociación Nacional del Rifle (NRA), la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos, señalan que “nos declaramos en libertad para tomar otro tipo de acciones de manifestación con el objetivo de exigir a los poderes del Estado solucionar el problema», sin precisar a qué reacciones concretas se refieren.
La declaración lleva la firma de entidades como la Sofo (Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco), Corma (Corporación Chilena de la Madera), la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), Salmón Chile, además de asociaciones de transportistas regionales y cámaras de comercio locales.
En el texto, recalcan que “el terrorismo existente no permite trabajar ni vivir en paz, atenta contra derechos humanos de ciudadanos indefensos y destruye progresivamente la democracia. Explosivos en infraestructura pública, quema de camiones –poniendo en grave riesgo la cadena de abastecimiento del país–, destrucción de escuelas y sedes sociales ocurren en absoluta impunidad, con un Estado ausente que no da garantías a sus ciudadanos», sostuvieron en el comunicado.
Los dirigentes, si bien manifestaron estar por «la paz y el diálogo», insistieron en que «ningún proceso de este tipo puede llevarse a cabo con quienes ejercen la violencia, y ningún proceso de paz es válido si los argumentos exhibidos son las armas y el terror».
«Pretender mezclar al pueblo mapuche con los grupos violentistas organizados es un acto repudiable», enfatizaron. «Como gremios conocemos de cerca a los integrantes del verdadero pueblo mapuche, ciudadanos pacíficos, trabajadores, amantes de la tierra, padres y madres de familia que ninguna relación tienen con la violencia».
También defendieron la labor realizada por las policías, señalando que si bien «se han cometido errores, valoramos la labor que a diario realizan nuestras policías sirviendo en las calles y zonas rurales de nuestro país, quienes son atacados con todo tipo de armas de grueso calibre y a plena luz del día, y lamentablemente no tienen instrucciones claras ni respaldo político para actuar».
La Multigremial también manifestó críticas hacia el sistema penal, el cual –señalaron– está en «jaque». Declararon además que «hay una falla general en la inteligencia, capacidad investigativa y probatoria de fiscalías, así como excesivas garantías de los jueces. Sin responsables, pruebas claras y condenas, el trabajo es estéril. Pedimos suma urgencia para legislar en la actualización y mejoramiento del sistema investigativo y judicial».
«Nos preocupa que parlamentarios condenen la violencia por los medios de comunicación, lejos del conflicto, ausentes de esa realidad y sin legislar al respecto. Más inquietante es ver a senadores y diputados callar frente a estos actos ilegales y antidemocráticos, con un silencio cómplice que parece proteger a terroristas».
