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Son varios los asuntos pendientes que tiene que resolver el Servicio Electoral a menos de tres meses del plebiscito del 25 de octubre. Especialistas electorales, partidos políticos y agrupaciones de la sociedad civil coinciden en que el organismo –presidido por Patricio Santamaría– ha respondido tarde y que ahora está contra el tiempo resolviendo temas tan relevantes como el financiamiento a las campañas. Aseguran que el Servel ha tomado las decisiones en solitario, sin participación de la sociedad civil, y que las reuniones que han tenido “podrían haber sido un mail”. Santamaría reconoce que, ante tantas voces y “ecos” respecto al tema, la institución optó por hacer un trabajo a puertas cerradas.
Quedan menos de 80 días para el Plebiscito Constituyente del 25 de octubre. Una fecha crucial en la que se definirá si Chile tendrá una nueva Constitución y si será escrita por una Convención Constitucional o una Mixta. En medio de los preparativos para la fecha, que ya fue aplazada en abril de este año, debido a la pandemia del coronavirus, hay una preocupación generalizada por la tardanza en la preparación del evento por parte del Servicio Electoral (Servel), presidido por Patricio Santamaría, junto a la falta de proactividad de un Gobierno que está cada vez más alineado con el Rechazo.
Todos quedaron perplejos cuando, a fines de julio, el Servel advirtió que había un grave vacío legal: no estaban definidos los montos máximos y fórmulas de financiamiento para las campañas del plebiscito, a solo un mes de que estas se inicien. Fue la primera alerta respecto a la falta de resoluciones, como, por ejemplo, los protocolos sanitarios, que fueron aprobados recién esta semana por el Ministerio de Salud (Minsal), aunque no han sido detallados. Una duda que se mantiene pendiente es qué ocurrirá con los votantes que estén contagiados con coronavirus. Según Santamaría, este tema aún no está zanjado, debido a que esperan poder resolverlo con los distintos actores sanitarios, como el Colegio Médico (Colmed), la Cruz Roja y la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante las próximas semanas.
A principios de julio se levantaron algunas mesas de discusión, como en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados –dirigida por Ignacio Walker–; lo mismo hizo la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, en la Cámara Alta. El analista electoral, director de Tú Influyes, Axel Callís, recuerda que hubo uno reunión “para examinar la experiencia coreana, de República Dominicana y Francia, con Chile 21, Santamaría, Daniel Zovatto de IDEA Internacional y los parlamentarios. Ese día partió la preocupación. Todo el mundo pensaba que el Servel estaba en conversaciones, pero nada, allí se prendieron las alarmas en todas partes, porque el Servel dejó pasar abril, mayo y junio sin hacer nada”.
En dicha fecha, el Servicio Electoral tampoco se había reunido con el Minsal, organizaciones civiles o partidos políticos, ya que, según el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, había muchas opiniones dando vuelta. “Quisimos trabajar a puertas cerradas, ventanas cerradas, sacar algunas conclusiones, estudiar mucho, hablaban mucho, había mucho eco y cuando hay mucho eco, de repente nadie se entiende. Hoy día vamos a iniciar la campaña comunicacional”, explicó Santamaría a Emol TV.
Fuentes del organismo detallan que el trabajo que se realizó durante esa época fueron análisis sobre la experiencia de elecciones en otros países en medio de la pandemia y, sobre la base de aquello, tomar resoluciones, como descartar el voto electrónico, a distancia o anticipado, además de definir que la votación se realizará en un solo día. La resolución se basó en un informe que emitió el Ejército, en donde señaló que no estaban las condiciones para asegurar la custodia de los votos.
Entre los especialistas electorales aseguran que “el Servel quedó en piloto automático”, luego de que se suspendiera el plebiscito en abril. El organismo habría mantenido una actitud “sumisa” a la espera de la acción del Gobierno, lo que en parte también respondería a la “falta de espalda política” de Santamaría. Al interior de la institución señalan que en diversas ocasiones los técnicos relevaron preguntas sobre la demora, pero la respuesta que se obtuvo fue que se estaba a la espera de que el Ejecutivo enviara los proyectos con las urgencias correspondientes al Congreso.
En el Servicio Electoral agregan que tienen un único objetivo, «sacar el plebiscito adelante», y que eso significa blindarlo ante cualquier posibilidad de que sea declarado ilegítimo o se ponga en duda el proceso. Que los resguardos que se han tomado son para evitar «especulaciones» y no ser flanco de advertencias de los grupos que no quieren que se lleve a cabo el plebiscito.
Una de las principales críticas a la ejecución del proceso ha sido la falta de participación que ha tenido la sociedad civil en las resoluciones ya tomadas por el Servel. En conocimiento de este cuestionamiento, Santamaría inició una serie de encuentros con los partidos, fundaciones, think tanks y Nuevo Pacto Social, además de otra reunión durante la próxima semana con organizaciones salubristas. Instancias que han sido cuestionadas por sus asistentes, pues el presidente del Consejo Directivo del Servel solo habría notificado sobre el plan para el plebiscito. “La reunión pudo ser un mail”, apunta uno de sus asistentes.
Sarai Ponce, académica de la Facultad de Derecho de la USS, especialista en derecho constitucional, recuerda que fue a propósito de una crítica al Servicio Electoral y la puesta en duda de la realización del plebiscito el 25 de octubre, “que el Servel tomó las medidas necesarias como para poder apurar las mesas de diálogo y reuniones con el ministro de Salud, etc”.
“Tenemos la pandemia desde marzo, hace tiempo ya sabíamos que iba a ser en octubre, y recién ahora, a principios de agosto, finales de julio, se están tomando las medidas. Creo que hay que bajar la ansiedad de la ciudadanía, que con justa razón se está preguntando por qué a última hora se está realizando todo esto”, agrega la académica.
Carolina Garrido, presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política y parte de la Red de Politólogas, asistió al encuentro del jueves 30 de julio con el Servel. Indica que la reunión fue una “especie de checklist” para el Servicio. “Era muy extraño que todas las decisiones estuvieran tomadas. Nos hubiera gustado conocer los argumentos, porque para algunas cosas Chile es Suecia y para otras Tombuctú. Cuál es la base de que Chile no estaría preparado para la votación en dos días y/o para el voto anticipado, por qué no se podía dar custodia a las urnas. Me gustaría saber cuál es el análisis que se hizo y por qué se hizo sin la sociedad civil. Tengo la convicción de que ante problemas extraordinarios se deben tomar medidas extraordinarias, entonces, salí bien decepcionada de la reunión”.
En dicho encuentro también estuvo Rojo Edwards, ejecutivo y presidente del Centro de Estudios Idea Republicana. Puntualiza que “en general el Servel ha hecho lo que tiene que hacer y está abriendo espacios y nosotros agradecemos ese espacio. Nos hubiese gustado que el Servel diera una voz de alerta a que no están las condiciones para realizar el plebiscito”. Añade que “cualquier tipo de innovación puede derivar en que termine más deslegitimado el plebiscito. Porque si terminamos con un nuevo formato del plebiscito y los adultos mayores no van a votar por temor a ser contagiados, si se producen situaciones de salud pública en general, como el no respeto a los protocolos, la ilegitimidad le va a costar al Servel dar explicaciones”.
Ese mismo jueves, el Servel se reunió con los partidos políticos. Uno de sus asistentes, el presidente del Partido Comunes del Frente Amplio, Jorge Ramírez, explica que Santamaría “nos contó algunas de las iniciativas probables en la línea de la seguridad, pero con ninguna propuesta concreta. Fue una reunión poco fructífera, que la verdad no permitió avanzar en un debate mucho más acabado. Se nos dijo que había muy poco tiempo para hacer las reformas legales que se requieren para que el Servel cuente con las facultades para asegurar la salud y seguridad”.
Ramírez plantea que “el Servel ha tenido una posición bastante errática en este tema, muy a puertas cerradas con el Gobierno, con poca apertura a construir un diálogo abierto con los partidos políticos, organizaciones sociales y expertos en estos temas, que son fundamentales para asegurar que el plebiscito sea seguro y convocante”.
El Frente Amplio propuso al Servicio Electoral realizar una mesa amplia con actores sociales, la que no habría sido aceptada y se optó por levantar un espacio entre la oposición y el Gobierno, para agilizar la tramitación de las leyes que le darán más potestades al organismo, con el fin de flexibilizar decisiones básicas con respecto al uso de cortinas en las urnas o si el lápiz puede ser llevado por el votante y puede tener tinta no azul. “La verdad eso era lo que parecía preocupar más al Servel en estas reuniones”, recalca un asistente.
Patricio Santamaría explicó a El Mostrador que pudo haber más diálogo previo, pero que “estábamos en un momento en que efectivamente ha habido mucha conversación, mucha opinión. Había voces, pero también ecos, además estábamos pasando por un proceso bien complejo desde el punto de vista de la pandemia, y en definitiva cómo lo estaba enfrentando Salud”.
“Lo que hicimos fue desde la teoría, y sin dudas recurriendo a distintos especialistas, más la experiencia acumulada, fuimos viendo los distintos procesos. Podría haber sido, tal vez, una cosa más amplia, yo digo, que todas las cosas podrían ser de otras formas, pero me da la impresión que al final el resto de los sistemas o formas de votaciones que se podrían haber adoptado, topaban en espacios como no garantizar el secreto del voto, no garantizar la seguridad como la transmisión de un voto por internet”, agrega el Santamaría.
A pesar de que la mayoría de las críticas han estado centradas en el Servel, debido a su autonomía como organismo, hay quienes plantean que la tardanza en resoluciones como las reglas para el financiamiento electoral, son resultado de la inacción del Gobierno, en especial del Ministerio del Interior.
En el Congreso destacan que “el Gobierno estaba esperando a que el Servel se moviera”, mientras el subsecretario Juan Francisco Galli no movía las piezas para agilizar las tramitaciones pendientes, “no ha puesto de su parte, porque es un tema que no le interesa”, destacan desde la Cámara de Diputados, desde donde agregan que “los parlamentarios están todos muy alineados, pero el único actor que no ha participado es el Gobierno”.
Uno de los puntos claves habría sido la postura de La Moneda frente a la votación en dos días. El exministro del Interior Gonzalo Blumel habría informado al Servel que respaldaban la postura del Ejército sobre la imposibilidad de resguardar 90 mil urnas. La idea habría sido evitar situaciones de violencia o desórdenes, problemas que podrían haber ensuciado el plebiscito. Además, el Ejecutivo habría cerrado la puerta a ampliar el financiamiento para un segundo día. En La Moneda reconocen que los factores de seguridad y económico fueron los relevantes a la hora de tomar esta decisión, aunque no descartan que la falta de convencimiento de realizar el plebiscito ha ganado terreno al interior de Palacio.
El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, destaca que la culpa de los retrasos debe recaer en La Moneda. “Al final es el Gobierno el que tiene que mandar las iniciativas al Congreso y ponerle urgencia. El Gobierno ha sido lento y nos quedan dos semanas para resolverlo”.
Claudio Fuentes, académico de Ciencia Política de la UDP, reconoce que “ha habido una lentitud respecto a tomar decisiones, pero, el Servel le hizo llegar al Ejecutivo, a mediados de julio, unas recomendaciones y, producto de la crisis política del oficialismo, quedaron paradas hasta ahora. Esta lentitud no se la atribuiría al Servel, sino que al Gobierno. En su discurso el Presidente Piñera solo dijo que iban a apoyar el plebiscito, pero no ha habido urgencias en las leyes. La responsabilidad está en el Ejecutivo, porque es el que pone la urgencia”.
Son varios los puntos sin resolver que quedan antes de que se inicie la carrera constituyente, con las campañas a partir del 26 de agosto. Aún no se han despachado los proyectos de ley para dar más atribuciones al Servel, ni poner reglas al gasto electoral de las campañas o el uso de redes sociales. Al mismo tiempo, hay un velo de incertidumbre en materia sanitaria, en medio de una grave crisis de confianza en las instituciones.
Para el analista Claudio Fuentes es necesario garantizar un plebiscito seguro, adelantar posibles escenarios en el ámbito sanitario y regular el vacío respecto al financiamiento. Se debe “abrir la puerta y generar espacios para crear una confianza cívica. La única forma de recuperar esa fe pública es integrar a los actores sociales, de modo de garantizar su participación e informarlos. Ya sabemos de experiencias de este Gobierno en las mesas, hay gente que se baja. Lo segundo, es que los parlamentarios generen e informen rápidamente de los acuerdos a los que lleguen”.
Carolina Garrido, parte de la Red de Polítólogas, destaca que la única medida con perspectiva de género no puede ser la paridad. Destaca que es clave, para fomentar la participación, asegurar las medidas de la corresponsabilidad de las mujeres, “que han sido las más afectadas, asegurar que en su mayoría puedan votar y ser vocales. No sé si se ha analizado el acceso prioritario a mujeres embarazadas, las que van con niños, es imperante que todas las medidas debieran tener un enfoque de género”.
Según Axel Callís, “lo más importante es que haya campañas de securización para que la gente vaya a votar. En la encuesta Tú Influyes de la semana pasada subió la cantidad de gente que va a ir a votar con pandemia, del 49% a 64%. Pero hay un grupo de personas con enfermedades crónicas que están a la espera del protocolo y que cambie la actitud del Gobierno y del Servel con respecto al plebiscito, que transmitan seguridad”.
A esto se suma la presión de la ciudadanía. En tal sentido, la última encuesta Criteria determinó que un 66% de la población se opone a un cambio de fecha. Por otra parte, más de 200 organizaciones de la sociedad civil pidieron al Gobierno y al Congreso apurar la tramitación de proyectos para tener un plebiscito seguro.
Una de las propuestas desde los partidos es crear una figura de un “Delegado COVID en cada recinto y asegurar la locomoción colectiva gratuita y sanitizada. Nos hemos planteado la idea de tener horarios diferenciados, una serie de alternativas y propuestas que buscan que la gente pueda asistir de manera segura y masiva al plebiscito. Extender los horarios de funcionamiento y tener una autoridad que tenga la potestad, dentro de los establecimientos, de tomar las medidas necesarias”, señala Chahin.
Por ahora el Servel ha informado que el periodo de sufragio se amplió a 12 horas. Su director cree “que va a ser suficiente, está calculado en 10 horas, como para recibir a la mayoría del padrón. Hay que recordar que en esa cantidad de horas en Chile se votó durante muchos años”.
Respecto de las personas con COVID positivo, o que estén en cuarentena, Santamaría puntualiza que “no es un tema que hayamos resuelto, porque no es de fácil resolución, uno mira hacia afuera y encuentra de todo, mira Corea del Sur y ve que los hizo votar después del horario en que votaron las personas no contagiadas; Galicia y el país Vasco, hasta poco antes de la votación, iban a votar y poco antes se prohibió la votación por el tema del posible contagio; en República Dominicana se les permitió votar sin hacer distinción”.
Recalca que como Servel deben velar por el derecho a votar de las personas, pero también por el tema sanitario y evitar que más personas se contagien. “Lo importantes es que ya existe un principio de protocolo inicial, que va a estar mejorándose, dependiendo de cómo vaya avanzando una pandemia que es muy dinámica. Para ello, tenemos este protocolo, que no solamente fue aprobado por el Minsal, y que considera el día de la votación desde que la persona sale de la casa, hasta que regresa sana y salva”.
