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Crédito: Aton
Esta nueva jugada del Rechazo consiste en una reforma al Artículo 130 de la Constitución, eliminando la opción de la Convención Constituyente, para ser reemplazada por Congreso Nacional. En el proyecto, el gremialismo se vale del argumento de las consecuencias económicas provocadas por la pandemia y alegan que la realización de una convención constituyente representa un importante gasto fiscal. En ese sentido, alegan que este proyecto «busca generar un ahorro fiscal, modificando las opciones de órganos que puedan redactar la nueva Constitución, reemplazándose la alternativa convención constitucional por la de Congreso Nacional, a fin de que sea la ciudadanía quien tome dicha decisión».
Luego de la arremetida de la «agenda neoliberal 2.0» de la UDI, en la que proponían medidas como la privatización de Codelco o la venta de Televisión Nacional (TVN) para paliar la crisis económica originada por la pandemia del COVID-19, el gremialismo volvió nuevamente a la carga con un proyecto que pretende alterar la realización del proceso constitucional del 25 de octubre.
Esta nueva jugada del Rechazo consiste en una reforma al Artículo 130 de la Constitución, eliminando la opción de la Convención Constituyente, para ser reemplazada por Congreso Nacional. ¿El argumento? El mismo que se esgrimió en la presentación de la agenda neoliberal 2.0: las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus y el alto costo que implica la realización del proceso constituyente.
«En efecto, solo en lo que a remuneración refiere, la comisión técnica estableció que los integrantes de la convención constituyente tendrán una remuneración de $2.513.600 (50 UTM), cuestión que multiplicada por las 155 personas que deberán resultar electas, se traduce en un gasto superior a las 4.500 millones de pesos en remuneraciones, si el funcionamiento de la convención se extiende por doce meses», dice el proyecto de la UDI al que accedió El Mostrador.
«Con todo, el cálculo anterior no es completo, puesto que no se han considerado otro tipo de gastos a los que tienen derecho quienes asuman tales funciones, como son las asignaciones reglamentarias, gastos de alimentación, de transporte y viáticos para quienes provengan de regiones. Sumado a lo anterior, debe tenerse presente que además se debe desembolsar en infraestructura, personal administrativo responsable, funcionarios y asesores», agregan.
Acto seguido, plantean que «teniendo presente el especial contexto económico y social en que nos encontramos inmersos, resulta necesario replantearse la procedencia o no de este gasto. En este sentido, surge como alternativa natural, la de otorgar mandato para la redacción de una nueva Constitución al Congreso Nacional, dado que este
órgano cuenta con recursos humanos, financieros y técnicos suficientes para hacer frente a esta importante tarea».
De acuerdo a la UDI, el gasto de una eventual convención constituyente más el Congreso Nacional, sería de $4.218.290.836 mensuales y $50.619.490.032 al año.
En tanto, suponiendo que la mayoría de los electores eligiera la convención mixta para la redacción de una nueva Carta Fundamental, el costo -sumado al regular funcionamiento del Congreso- sería de $4.044.852.436 mensuales y $48.538.229.232 anuales.
Finalmente, señalan que de ser el Congreso el órgano encargado de redactar la Constitución, el costo para el Estado sería de $3.828.682.836 mensuales y $45.944.194.032 anuales.
En este sentido, aclaran que «el presente proyecto de reforma constitucional no busca desconocer los acuerdos alcanzados por los distintos partidos políticos en octubre del año 2019, sino perfeccionar y adecuar el mismo, puesto que las condiciones fácticas que hoy rodean al plebiscito son diametralmente distintas a las que se encontraban vigentes en el año 2019. De esta forma, se busca entregar a la ciudadanía la posibilidad de elegir, de forma democrática, el órgano redactor de la nueva Constitución».
El documento sostiene que «si a principio de la pandemia se proyectaba una crisis profunda pero estacionaria y de rápida superación, hoy los grandes expertos debaten sobre las posibles formas que adopte la reactivación económica mundial y el tiempo que tome a cada economía volver a condiciones pre-pandemia».
Agregan que «los pronósticos no son del todo favorables y se ha vaticinado la posibilidad de sufrir un importante retroceso en materia socioeconómica, equivalente a diez años de crecimiento, cuestión que impactará sin duda en los sectores más vulnerables del país y la clase media. Así las cosas, la responsabilidad fiscal y los programas de reactivación e incentivo para la inversión se han vuelto -nuevamente- un eje central del gobierno».
«En este sentido, reviste especial preocupación para los diputados suscribientes del presente proyecto de reforma constitucional, el importante gasto fiscal que significará para nuestro país el calendario electoral de este y el próximo año, así como también el gasto que implicará el proceso de redacción de la nueva Constitución, considerando que debe establecerse un nuevo órgano, ya sea convención constitucional o convención mixta».
Aseguran que este proyecto «busca generar un ahorro fiscal, modificando las opciones de órganos que puedan redactar la nueva Constitución, reemplazándose la alternativa convención constitucional por la de Congreso Nacional, a fin de que sea la ciudadanía quien tome dicha decisión».
