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Crédito: Agencia UNO (Archivo)
El reporte de la Unidad de Análisis Financiero elaborado con la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público, analiza cómo se lavan activos en el país, según las sentencias definitivas condenatorias que han dictado los tribunales en los últimos 13 años.
En 2019 se dictó una cifra récord de 49 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos (142 personas condenadas), un 145% más que en 2018, de acuerdo al VI Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El análisis de la UAF reveló que un factor clave en esta cifra obedece al Caso Verde Austral, la investigación por los hechos de corrupción en Carabineros, que sumó 20 sentencias definitivas condenatorias, que involucran a 87 personas condenadas por lavar activos provenientes del delito base de la malversación de caudales públicos.
El reporte, elaborado con la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público, analiza las 167 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos, que los Tribunales de Justicia han dictado entre los años 2007 y 2019, y que involucran a 368 personas naturales condenadas (260 hombres y 108 mujeres).
El 99,7% del total se concentra en tres delitos base: Contrabando (76,2%), los relacionados con la corrupción (19,3%) y el tráfico de drogas (4,2%). Asimismo, el impacto de las sentencias por lavado de activos asciende a $31.736 millones, entre multas y decomisos.
Si bien el tráfico de drogas continúa liderando la fuente de activos ilícitos de las condenas por lavado de activos dictadas en el país, en los últimos años se ha observado un aumento de las sentencias asociadas a los delitos base de la corrupción, contrabando y estafa.
El informe señala que, entre 2007 y 2019, el uso de testaferros y la creación de personas y estructuras jurídicas son los mecanismos más frecuentemente utilizados por los delincuentes para ocultar o disimular los recursos obtenidos de manera ilícita.
En tanto, los sectores más vulnerados por los lavadores siguen siendo las notarías y las automotoras, seguidos de los bancos, los conservadores de bienes raíces, los agentes inmobiliarios (corredores de propiedades y empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria) y las casas de cambio, señala el informe.
La UAF advierte además que al analizar el periodo 2007-2019 se observa que el 79,6% de las 167 sentencias condenatorias por lavado se obtuvo mediante juicio abreviado, el 18,0%, a través de juicios orales y el 0,6%, vía juicios simplificados. El 1,8% restante corresponde al antiguo sistema procesal penal.
Al desglosar por regiones, el informe precisa que las 167 sentencias condenatorias por lavado se dictaron en 9 regiones del país, siendo la Metropolitana la que concentra el mayor número de sentencias (124 condenas, que incluyen 299 personas condenadas), equivalente al 74,3% del total.
