La tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia –o también conocido como «nuevo Sename»– enfrenta nuevamente obstáculos, luego que se declarara inadmisible la indicación que buscaba eliminar el artículo transitorio que vincula su promulgación con la aprobación de la Ley General de Garantías, que entregaría los principios regulatorios para su funcionamiento. Esto, a partir del veto presidencial interpuesto por el Ejecutivo y que, según Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, también intenta frenar las indicaciones que «buscan fortalecer la fiscalización frente a organismos colaboradores e inhabilidades para aquellos que hayan estado vinculados a violaciones de derechos». «Hay un tema de fondo, estos proyectos de ley son un gran avance, pero no son suficientes, porque no van al punto estructural que requiere una normativa de esta naturaleza. ¿Por qué hemos llegado al nivel de concentración que tenemos con los organismos colaboradores? El poder de negociación que tiene el Estado para ejercer su rol fiscalizador es mínimo. La evidencia nos está mostrando que lo que se requiere para que este sector privado pueda participar en el sistema de manera legítima, es que tenga buenos controles», señala. Sánchez también se refiere a la importancia de una Ley General de Garantías de la Niñez para avanzar en un cambio estructural y donde el nuevo Servicio Nacional de Protección no termine en «letra muerta». «Tenemos muchos niños que, habiendo estado en el sistema, están en la desprotección más absoluta (…). Ahí es donde se ve la profunda desigualdad en la protección a nuestra infancia, por eso es que tiene que existir una ley marco que tenga un catálogo de derechos y que castigue a quienes no cumplen con esos derechos», subraya.
