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La declaración del senador PPD Felipe Harboe resume el tono de los comentarios de la oposición, que ha acusado al Gobierno de “inacción” y de ser un “cómplice pasivo” ante la movilización de la CNTC, organización liderada por Sergio Pérez, un exintegrante del comando presidencial de la última campaña de Piñera. Sin embargo, el ministro del Interior, Víctor Pérez, rechazó de plano el emplazamiento y dijo que “quienes más piden mano dura, cuando estuvieron en el Gobierno no lo hicieron (…) en situaciones incluso peores, como el 2015 o 2016”. En efecto, el Gobierno de Bachelet no empleó esta herramienta legal en esos dos eventos, pero sí lo hizo en octubre de 2014 contra dirigentes camioneros de Linares, precisamente por cortar la Ruta 5 Sur. El ministro Pérez además hizo una positiva evaluación de la jornada de paro, señalando que “la violencia no ha primado” y aseguró que siguen en conversaciones con la CNTC: “Estamos bastante cerca, esperamos que la movilización no sea indefinida”.
«¿A qué hora el Presidente Sebastián Piñera invoca la Ley de Seguridad del Estado contra los convocantes del paro de camioneros?». Con estas palabras, el senador Felipe Harboe (PPD) emplazó directamente a La Moneda por su reacción ante el paro convocado desde esta mañana por la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC).
La declaración de Harboe resume el tono de los comentarios de la oposición, que ha acusado al Gobierno de “inacción” y de ser un “cómplice pasivo” ante la movilización de la organización liderada por Sergio Pérez, un exintegrante del comando presidencial de la última campaña de Piñera.
Los camioneros han protagonizado cortes parciales de ruta y bloqueos intermitentes en puntos como Casablanca en la Ruta 68, o en sectores de la Ruta 5 Sur principalmente de las regiones de La Araucanía, el Biobío, el Maule, bajo la exigencia de que el Congreso tramite con urgencia un paquete de 13 leyes relacionadas con seguridad y sanción de delitos, a raíz de los hechos de violencia en La Araucanía.
Sin embargo, el ministro del Interior Víctor Pérez rechazó de plano el emplazamiento de la oposición. “Quienes más piden mano dura, cuando estuvieron en el Gobierno no lo hicieron”, respondió el jefe de gabinete en una dura declaración en La Moneda para referirse al tema.
Pérez replicó que “seamos cautos en pedir aplicar normas estrictas como la Ley de Seguridad del Estado cuando en situaciones incluso peores, como el 2015 o 2016, no se ocupó”.
En efecto, el Gobierno de Michelle Bachelet no empleó esta herramienta legal en esos dos eventos, pero sí lo hizo en octubre de 2014 contra dirigentes camioneros de Linares “por la grave alteración de orden público y por impedir el libre acceso y tránsito en el kilómetro 300 de la principal carretera del país”, según el subsecretario de Interior de la época Mahmud Aleuy. En ese entonces, diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) manifestaron su asombro y descontento por la amenaza.
De acuerdo a la oposición, en el caso de la movilización convocada desde hoy por la CNTC perfectamente calza en la aplicación de la Ley 12.927 o Ley de Seguridad Interior el Estado, que en el título IV, “Delitos contra la normalidad de las actividades nacionales”, establece sanciones por “toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública; o en las actividades de la producción, del transporte”.
Durante su intervención, el ministro Pérez hizo una positiva evaluación de la jornada de paro, señalando que “todos los ciudadanos hemos visto una manifestación donde la violencia no ha primado (…), se ha mantenido la normalidad de la cadena de transporte, de la cadena alimentaria”.
“Los bloqueos han sido absolutamente intermitentes (…). En el evento en que se interrumpa la cadena alimentaria, se tomarán las medidas que correspondan”, añadió.
Es más, indicó que siguen conversando con el gremio movilizado, señalando que “esperamos que la movilización no sea indefinida (…). Estamos abiertos al diálogo, estamos bastante cerca”.
Sin embargo, pese al optimismo gubernamental, el diputado Gabriel Ascencio (DC) presentó una denuncia penal en la Fiscalía Nacional, pidiendo que el Ministerio Público investigue en cada una de las regiones del país las acciones que están desarrollando los camioneros.
“Esto está causando un grave daño a los ciudadanos; y, lo que antes era una falta, gracias a las modificaciones al Código Penal en su artículo 268 para este caso, hoy estos hechos constituyen un delito, el corte de carreteras”, dijo, acusando de paso al Gobierno de ser un “cómplice pasivo” de la movilización.
El presidente del partido, Fuad Chahin, rechazó el paro de camioneros, recalcando que “entorpecer o bloquear la libre circulación de las personas no es la manera ni civilizada ni democrática». En esta misma línea, explicó que “se trata de un acto violento desde el punto de vista que impide a los ciudadanos la posibilidad de poder circular libremente y, por esa razón, nos parece absolutamente inaceptable, más allá de los temas de fondo que plantean los camioneros.
“Las medidas de presión como una forma de hacer cualquier tipo de reivindicación política son inaceptables en democracia. Nosotros condenamos el uso de la fuerza en todo momento y en toda circunstancia y naturalmente el bloqueo que estamos viviendo hoy es un acto de fuerza”, aseguró el timonel DC.
Su colega PS, el senador Álvaro Elizalde, acusó por su parte que “hemos visto un Gobierno que ha estado alentando una movilización que lo que generará es desabastecimiento”. “Cuando estudiantes salen a la calle, carro lanzagua, y cuando camioneros cruzan los camiones, (Gobierno) les pone escolta policial. Eso es inaceptable y da cuenta de un doble estándar” añadió en Radio Cooperativa.
Al senador Harboe, en tanto, le «parece francamente inconcebible que el Gobierno mire para el techo al momento en que Chile se encuentra amenazado por un grupo de camioneros”.
El parlamentario por las regiones de Ñuble y Biobío dijo que “uno puede entender la molestia y el reclamo respecto de los temas de seguridad, pero eso se hace sobre la vía del diálogo”. En la misma línea agregó que “forzar al Estado a tomar decisiones sobre la base de la amenaza, el chantaje, el corte de ruta, me parece que no es el camino para una democracia sólida”.
Finalmente, el senador por el PPD hizo un llamado al Ejecutivo: “Espero que el Presidente de la República adopte las medidas porque él es, finalmente, el encargado de mantener la seguridad y el libre tránsito”.
A su vez, el jefe de la bancada de diputados PPD, Raúl Soto, dijo que es una “vergüenza la postura que ha tenido el Gobierno de ser un mero observante de las movilizaciones que está realizando un grupo de camioneros, en momentos en que nos encontramos bajo estado de excepción constitucional debido a la peor pandemia de los últimos años”.
El parlamentario agregó que “además ha existido un comportamiento totalmente dispar entre el accionar del Ministerio del Interior y de Carabineros frente a lo ocurrido durante el estallido social, lo que nos lleva a pensar en la existencia de una especie de coordinación entre dicho gremio y el Gobierno, ya que la agenda de seguridad exigida por los camioneros es muy similar a la del Gobierno”.
“Queremos ser enfáticos en señalar que si los camioneros ponen en riesgo el abastecimiento de alimentos y remedios en medio de una pandemia, solicito se les quiten todos los beneficios estatales y tributarios. También se les debe aplicar Ley de Seguridad Interior del Estado, ya que eso es atentar contra la población», manifestó el diputado Soto.
Por su parte, la diputada y representante de La Araucanía, Andrea Parra, sostuvo que “las demandas de los distintos gremios de camioneros son atendibles, quién podría oponerse a que exista más seguridad y paz en nuestros campos y carreteras, pero a punta de amenazas no avanzamos. Ahora hay una presión sobre el Parlamento, pero en eso el gremio de camioneros que lidera Sergio Pérez se equivoca, porque quien determina la agenda legislativa es el Gobierno”.
Asimismo, el diputado y también representante de La Araucanía, Ricardo Celis, indicó que “el gremio de camioneros como cualquier otro gremio, tiene todo el derecho a manifestar sus demandas, sin embargo, otra cosa muy distinta es que pretendan poner al Estado y al Congreso de rodillas, en base a proyectos de ley que ellos estiman necesarios, que son buenos para ellos. En democracia representamos a los ciudadanos, no a un gremio en particular”.
Por su parte, la bancada comunista dijo que el Gobierno debe invocar la Ley de Seguridad del Estado y «detener a los cabecillas”. Para la diputada Carmen Hertz, el actuar de los camioneros debe ser calificado como “sedicioso y terrorista”, además, recalcó que “pareciera que existe un acuerdo con el Gobierno en materia legislativa, lo que es inaceptable en un Estado de derecho y en medio de una pandemia”.
