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Crédito: Aton
“El abuso cometido por sacerdotes –que por lo general recayó sobre menores de edad religiosamente comprometidos y que utilizó los recursos que ofrecía la propia religión– constituye un escándalo sin parangón” y “el encubrimiento ha sido un problema tan grave como el abuso mismo”. Así rezan dos de los pasajes del macizo informe de la Comisión para el Análisis de la Crisis de la Iglesia Católica en Chile, conocido hoy tras dos años de trabajo. La instancia formada por académicos de la Pontificia Universidad Católica apunta directamente a la responsabilidad institucional en los casos de abusos sexuales protagonizados por sacerdotes, muchos de ellos connotados, y al encubrimiento que se tejió por décadas sobre estos casos. “La Iglesia requiere de un hondo proceso de conversión con acciones y gestos de alto vuelo”, recomiendan.
«La Iglesia no ha reconocido la responsabilidad propia que le cabe en la crisis que ella misma ha ocasionado”. Esta fue una de las lapidarias conclusiones del informe emitido por la Comisión para el Análisis de la Crisis de la Iglesia Católica en Chile, tras dos años de trabajo, que apunta directamente a la responsabilidad institucional en los casos de abusos sexuales protagonizados por sacerdotes, muchos de ellos connotados, y al encubrimiento que se tejió por décadas sobre estos casos.
Las frases del reporte de 81 páginas son lapidarias: “El abuso cometido por sacerdotes –que por lo general recayó sobre menores de edad religiosamente comprometidos y que utilizó los recursos que ofrecía la propia religión– constituye un escándalo sin parangón», dice, para más tarde añadir que “actualmente se sabe que el encubrimiento ha sido un problema tan grave como el abuso mismo. La angustia y el dolor de las víctimas se ha replicado en la indiferencia con que se han recibido sus reclamos y en la negligencia de las autoridades religiosas para darles cumplimiento».
La entidad, que nació en agosto 2018, tras una convocatoria realizada por el Papa Francisco, estuvo conformada por 16 académicos del plantel, pertenecientes a las facultades de Ciencias Sociales, Comunicaciones, Derecho, Filosofía, Historia, Geografía y Ciencia Política y Teología.
El reporte fue preparado a partir de documentación de acceso público (incluidas causas terminadas en tribunales civiles), entrevistas, encuestas de opinión pública, bibliografía especializada e información relevante proporcionada por expertos, víctimas y testigos involucrados en este problema.
Durante el seminario donde se dio a conocer el informe, el rector de la PUC, Ignacio Sánchez, sostuvo que “los abusos sexuales contra menores son crímenes que afectan al grupo más inocente, vulnerable y querido de una sociedad: sus niños y jóvenes”. Además, remarcó el carácter independiente del informe, al señalar que “es importante recalcar que este estudio ha sido realizado por la Universidad Católica con una completa independencia institucional y se ofrece a la Iglesia, a la sociedad chilena y latinoamericana como un informe con fundamento científico para aportar al estudio y al discernimiento del fenómeno de los abusos sexuales de menores al interior de la Iglesia”.
El informe indica que el abuso sexual contra menores ocurrido en Chile se concentra en “adolescentes de sexo masculino (…), en un ambiente de atención religiosa y cuidado pastoral, casi siempre ejercido sobre personas conocidas, antecedido por un proceso de acercamiento y planificación y que aprovecha largamente la confianza que las víctimas y sus familiares depositan en el sacerdote».
Respecto a los perpetradores, detalla que “los sacerdotes más involucrados han sido aquellos formados en la década del ochenta en adelante (en contraste con otros informes que revelan mayor proporción en décadas anteriores”.
En cuanto a la respuesta de parte de la Iglesia católica, puntualiza que en el caso chileno “ha sido tanto o más insuficiente que la que han ofrecido otras iglesias enfrentadas a una encrucijada similar».
«En todas las iglesias hubo renuencia para acreditar las denuncias recibidas, falta de celo en las investigaciones realizadas y una fuerte tendencia a restar importancia a los delitos y evitar sanciones contra sacerdotes (…) demasiadas veces se han gestionado casos con desconsideración hacia las víctimas, secreto y demora injustificada, y completa indiferencia respecto de las comunidades afectadas, y se han desconocido los deberes y responsabilidades institucionales que caben en estas materias».
El informe concluye que “la angustia y el dolor de las víctimas se ha replicado en la indiferencia con que se han recibido sus reclamos y en la negligencia de las autoridades religiosas para darles cumplimiento» y dado este “descuido persistente de las víctimas”, plantea que «cualquier enmienda exige procesos efectivos de reconocimiento, justicia y reparación».
La recomendación del consejo es tomar acciones, considerando que “la caída de la confianza en la Iglesia chilena y en sus sacerdotes no tiene parangón en nuestra historia (…). Tampoco se tiene registros de que una Iglesia nacional haya perdido tantos miembros en el curso de las últimas décadas (al menos un tercio de los católicos chilenos han dejado de identificarse como tales en el lapso de veinte años), hasta el punto de que las últimas mediciones muestran que el catolicismo ha dejado de ser la religión de la mayoría de los chilenos”.
Por eso exhortan a tomar medidas. «La Iglesia requiere de un hondo proceso de conversión con acciones y gestos de alto vuelo, compromisos y propósitos de enmienda públicamente expuestos y una actitud decidida de renovación religiosa y pastoral (…). El carácter institucional de la crisis de la Iglesia exige asimismo establecer mecanismos eclesiales de control de la responsabilidad de sus autoridades, transparencia comunicativa y rendición jurídica de cuentas que propendan hacia un ejercicio más justo y ponderado de la autoridad eclesiástica en todos los niveles en que se desenvuelve», finalizan.
