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Crédito: Aton
La decisión del ente contralor del formular cargos contra estos siete generales de la policía uniformada, tiene que ver con un sumario administrativo que hasta el momento es secreto, el cual es dirigido por la Fiscalía Institucional, y que se inició tras varias denuncias anónimas de particulares y organizaciones de derechos humanos extranjeras para determinar la responsabilidad del Alto Mando. El organismo contralor consideró que -tomando en cuenta la actuación de los uniformados durante el estallido social- el Alto Mando no habría garantizado el cumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza.
Se acerca el primer aniversario del estallido social del 18 de octubre, una fecha en la que la imagen de Carabineros de Chile quedó fuertemente manchada, luego de las denuncias de diversos organismos por graves violaciones a los derechos humanos.
Si bien se han realizado diversas investigaciones y sumarios internos para determinar la responsabilidad de miembros de la policía uniformada en los hechos ocurridos del 18 de octubre en adelante, hay una arista que -hasta ahora- era desconocida, y que está siendo investigada por la Contraloría General de la República.
Según detalles revelados por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la Contraloría formuló cargos contra siete generales activos del Alto Mando de la institución, por su responsabilidad administrativa.
Los investigados son: el general inspector, Ricardo Yáñez Reveco, actual Director Nacional de Orden y Seguridad; el general inspector Jorge Valenzuela Hernández, Director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti Riess, Jefe de Zona Santiago Este; Enrique Monrás Álvarez, Jefe Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno Vásquez, Jefe V Zona Valparaíso; y Jean Camus Dávila, Director de Logística.
La decisión del ente contralor del formular cargos contra estos siete generales de la policía uniformada, tiene que ver con un sumario administrativo que hasta el momento es secreto, el cual es dirigido por la Fiscalía Institucional, y que se inició tras varias denuncias anónimas de particulares y organizaciones de derechos humanos extranjeras para determinar la responsabilidad del Alto Mando, señala el citado medio.
El organismo contralor consideró que -tomando en cuenta la actuación de los uniformados durante el estallido social- el Alto Mando no habría garantizado el cumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza.
El sumario se encuentra actualmente en la etapa de formulación de cargos. Esto implica que los imputados podrán responder a estos. Posteriormente viene la «vista fiscal», en que la Contraloría evaluará las respuestas y propondrá sanciones al general director de Carabineros, Mario Rozas, las que tendrán que ser confirmadas o desechadas por el Presidente Sebastián Piñera.
En las últimas semanas, Contraloría citó por separado a cada uno de los generales del Alto Mando a declarar. El objetivo de esta diligencia era conocer qué conocimiento tenían de los procesos policiales que se realizaron a partir del 18 de octubre.
Además, esta investigación es paralela a la que está desarrollando el Ministerio Público contra funcionarios de Carabineros, muchos de los cuales han sido dados de baja por delitos relacionados a violaciones contra los derechos humanos.
La investigación que lleva adelante el ente contralor generaron un verdadero remezón no solo en la institución policial, también en el Palacio de la Moneda.
Por otra parte, fuentes policiales indicaron a Bío Bío que en términos penales, civiles y administrativos, «un general no tiene responsabilidad de mando ya que cumplen un rol estratégico y no operativo». En ese sentido, explicaron que para un general que tiene a su cargo a 14 mil uniformados, es imposible saber cómo se desarrollan los operativos.
Hasta ahora, la policía uniformada no se ha referido públicamente a esta investigación. Sin embargo, es conocido que el general director Mario Rozas asumió que la defensa de estos oficiales será institucional. Semanas atrás el tema fue analizado con abogados y no se descarta que las reuniones continúen durante esta jornada.
Además, para el Ministerio Público, resultará muy útil la formulación de cargos que realice la Contraloría. Las responsabilidades administrativas que determine el ente fiscalizador podrán ser usados como sustento en materia penal.
